domingo, 23 de abril de 2023

El desamparo institucional de jubilados

Oscar Yescas Domínguez

23 de abril de 2023

En el contexto de la globalización que estamos viviendo, la crisis social que hemos venido padeciendo desde hace más de 50 años, ha evolucionado y mostrado cuatro rostros diferentes: económica, política, ecológica y sanitaria. Dentro de estos diferentes rostros de la crisis global se muestran hoy como las amenazantes figuras de los cuatro jinetes del apocalipsis que conducirán a la humanidad a su exterminio final, destaca la crisis económica que ha provocado el cierre de miles de empresas y aumentado el desempleo en todos los países.

Si la economía de libre mercado continúa por el camino del totalitarismo del Mercado que estamos padeciendo y no se logra implementar un cambio estructural del sistema en su conjunto, seguiremos avanzando por el camino que sólo ha provocado el aumento de una gran desigualdad social, la destrucción de ecosistemas, más contaminación ambiental, el surgimiento del cambio climático, etc., y la suma de todo esto nos lleva en forma inexorable a la destrucción de la naturaleza y a nuestra propia autodestrucción.

Debido a la implementación de políticas neoliberales que intentan fortalecer el totalitarismo del mercado a nivel mundial, cada día surgen en el mundo entero nuevos brotes de inconformidad social que transitan de un estado de inconformidad individual, al desarrollo de revueltas espontáneas, hasta llegar a convertirse en verdaderos frentes de lucha social colectiva y organizada.

Por mencionar sólo dos ejemplos de las consecuencias que trae consigo la implementación de este tipo de políticas en la mayor parte de los países del mundo, encontramos por un lado que en Francia, los trabajadores organizados en sindicatos, acompañados de la población, tienen tomadas las calles desde hace semanas, para protestar en contra de la ley aprobada en forma autoritaria por el Presidente Macrón, que eleva la edad para la jubilación y el tiempo de cotización para poder recibir jubilación al 100%.

En Uruguay miles de trabajadores realizan un paro general y también tomaron las calles de Montevideo, para manifestar su repudio a una reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Luis Lacalle que pretende aumentar la edad de jubilación, afectando a la población más joven. El proyecto amplía la edad mínima de jubilación en varias escalas que van desde los 63 hasta los 65 años, dependiendo de la fecha de nacimiento y los años cotizados. Los nacidos en 1973 se jubilarán con 63 años en 2036; los de 1974 lo harán con 64 años en 2038, y en 2040 los de 1975, con 65.

Estos dos casos son sólo expresiones particulares de medidas implementadas por gobiernos neoliberales que intentan superar la crisis económica cortando el hilo por lo más delgado, lo cual se traduce en estos momentos en eliminar derechos y prestaciones sociales a trabajadores, jubilados y pensionados, tales como restricciones salariales, reducción del número de jubilaciones y reducción del presupuesto en salud. Por estas y otras razones, en varios escenarios del contexto internacional, proliferan las muestras de rebeldía, resistencia y lucha de parte de los sectores afectados surgen

La agudización de la crisis social que se observa a nivel global, provocada por la implementación de políticas neoliberales, es la principal causa del surgimiento de millones de crisis individuales que se presentan en la población mundial, por lo que es necesario reconocer que los problemas locales que afectan a nuestras comunidades, tienen hoy en día un origen global y surgen principalmente porque los políticos que nos gobiernan ya no gobiernan a favor de las poblaciones que los eligieron y llevaron al poder, sino que han sucumbido al poder corporativo, una vez que el poder económico se ha impuesto al poder político.

Esta sumisión global del poder político al poder económico se puede observar en varios aspectos de nuestra realidad socioeconómica: en la aceptación de una política de “no regulación del Estado” que significa dejar actuar en total libertad a las grandes corporaciones en sus actividades de comercio internacional, aún cuando éstas destruyan el medio ambiente en sus procesos de producción o a través de sus desechos industriales. En la concesión de una política de “flexibilidad laboral”, que autoriza el pago de bajos salarios, largas jornadas de trabajo, eliminación del pago de tiempo extra y en la eliminación de derechos laborales como la estabilidad en el empleo, el derecho a la jubilación.

Pero la claudicación mayor de quienes forman parte de la estructura gubernamental que fue creada para garantizar el bienestar social de la población, es la aceptación del adelgazamiento del Estado a través del debilitamiento o eliminación de dependencias públicas con las intenciones de desaparecerlas y proceder a la privatización de los servicios que antes eran públicos y gratuitos, que cumplían con su función de procurar el bienestar social de la población.

En este contexto, la salud y la jubilación son derechos sociales que el neoliberalismo tiene en la mira de sus ataques y por esas razones estamos observando que el sistema de salud pública es uno de los más afectados porque enfrenta problemas de abandono presupuestal, deficiente administración de sus recursos financieros al privilegiar el pago de altos sueldos a funcionarios en lugar de destinarlo al gasto operativo, corrupción en su funcionamiento y amenazas de privatización de sus servicios por la implementación de políticas neoliberales.

Estos problemas afectan a la población en general en y particular a quienes estamos jubilados o pensionados porque en lugar de estar disfrutando de una vejez viviendo en condiciones de dignidad, hemos sido objeto de agresiones a nuestro derecho a la salud al sufrir un desabasto cuasi permanente de medicamentos, falta de médicos especialistas, ausencia de equipo médico para realizar estudios de imagenología o ultrasonido, falta de servicio médico y de farmacia los fines de semana, etc.

Estas son las razones por las que nos hemos visto obligados a salir de nuestra zona de confort para luchar en defensa de nuestras vidas, o lo que es lo mismo, en defensa de nuestra salud. En el Estado de Sonora, el camino que hemos recorrido jubilados y pensionados en la lucha por la defensa de nuestra salud, hemos tenido oportunidad de tener reuniones con funcionarios del Gobierno del Estado, con personas que ocupan cargos públicos de gran responsabilidad, en cuyas manos se encuentra la solución de problemas que afectan a la ciudadanía sonorense en general y a la población de jubilados y pensionados en particular.

Cuando se agudizó la crisis de desabasto de medicamentos en el Isssteson en el 2021, tuvimos varias reuniones con funcionarios de ese instituto en el sexenio de la Ex-Gobernadora Claudia Pavlovich y después del cambio de sexenio, continuamos participando en reuniones con el primer Director del Isssteson en el inicio del sexenio de Alfonso Durazo, Jesús Acuña, a quien le planteamos las demandas que iban desde garantía de abasto de medicamentos, la contratación de más médicos especialistas, compra de equipo médico para estudios de imagenología y ultrasonido, reanudación del servicio médico y apertura de farmacias los fines de semana, etc.

Algunas de estas peticiones fueron resueltas parcial o temporalmente, pero siempre recibíamos la respuesta de que el Isssteson se encontraba en Estado de crisis financiera y que “no había dinero” para satisfacer nuestras demandas. Por ese motivo, acudimos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora para solicitar una ampliación del presupuesto del Isssteson, para que estuviera en condiciones de cumplir con su responsabilidad de dar respuesta positiva a nuestras demandas.

Logramos obtener una respuesta positiva que ayudó a resolver temporalmente la salud financiera del Isssteson y disminuyó el desabasto y se obtuvo el compromiso de recibir puntualmente el pago de nuestras pensiones. Pero parece que la crisis en esta institución es cíclica, porque al corto tiempo, volvíamos a enfrentar los mismos problemas que aparentemente estaban ya resueltos y enfrentamos de nuevo un mal funcionamiento en este instituto de salud pública.

Partiendo de la premisa de que la crisis financiera no la provocamos los jubilados, sino que la misma es el resultado de actos de corrupción, incluimos en nuestras peticiones la demanda de castigo a los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en actos de corrupción, por lo que recibimos como respuesta que el Isssteson ya había enviado documentación a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción que fundamentaba la evidencia de actos de corrupción del gobierno de Claudia Pavlovich y que estas dependencias formaban parte de un Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrado por titulares de varias dependencias de gobierno, que en aquellos momentos este organismo estaba presidido por quien fungía como Directora de la dependencia de gobierno que lleva el nombre de Comité de participación ciudadana.

Confieso que al enterarme que ese Sistema Estatal Anticorrupción fue creado por la Ex-Gobernadora Claudia Pavlovich, sentí que estábamos siendo objeto de una burla, porque el mismo fue creado en el tercer año del sexenio del gobierno anterior y como bien sabemos, ningún funcionario público ha sido juzgado ni mucho menos condenado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.

Acompañado del entrañable amigo Alfonso Domínguez, acudimos a visitar las oficinas de Contraloría general y de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar información de las investigaciones sobre actos de corrupción realizados en contra del Isssteson y sólo recibimos respuesta de ambas dependencias de que “no podían dar información sobre investigaciones en curso”.

Nos presentamos ante la titular del Comité de Participación Ciudadana para solicitar su intervención como Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, para que nos concediera el uso de la palabra en la siguiente reunión de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Cabe mencionar que la existencia de esta dependencia es desconocida por una gran mayoría de los ciudadanos sonorenses, lo cual dice mucho acerca del funcionamiento de esta oficina gubernamental, porque refleja una gran distancia e incongruencia entre el discurso y la acción de esta institución, porque los funcionarios adscritos a este organismo gubernamental esperan en la comodidad de sus oficinas, a que la ciudadanía se presente a plantear alguna solicitud, exhibiendo una actitud que contrasta con el nombre de esa dependencia en la que se enfatiza la “Participación ciudadana”.

Finalmente, logramos conseguir ser escuchados en una de las reuniones privadas del citado Sistema Estatal Anticorrupción que está integrada por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana y cuenta con dos órganos de apoyo técnico, La Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva. Participan en este sistema los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, de Contraloría General del Estado y de otras dependencias gubernamentales.

En esa reunión, ante los titulares de varias dependencias de gobierno del Estado, expusimos nuestra inconformidad ante los atropellos a la salud y a la jubilación con el pretexto de la existencia de una crisis financiera del Isssteson y exigimos investigar los actos de corrupción realizados en el sexenio anterior y castigo a quienes se encontrasen involucrados. Nos escucharon con atención, el fiscal anticorrupción nos informó que había investigaciones en curso pero que no podían dar información alguna sobre los avances de las mismas y que a corto plazo tendrían resultados que compartirían con el público. Puedo decir que en esa reunión nos recibieron, escucharon nuestras peticiones, intercambiamos teléfonos y se comprometieron a llamarnos a próximas reuniones, pero el tiempo los desmintió y exhibió la falsedad de sus promesas. Aquí les comparto el link del video de mi intervención en esa reunión.

https://www.youtube.com/watch?v=tnSGJ6FZxqs&ab_channel=OscarYescas

Con el paso del tiempo, el Director del Isssteson fue removido de su cargo sin ninguna explicación, el puente de comunicación que se tenía con esa dependencia se cerró y el nuevo titular de ese organismo ha seguido el ejemplo de sus pares en otras dependencias de gobierno del Estado de actuar como “alto funcionario”.

Sin embargo, el cambio de Director en el Isssteson no ha resuelto los problemas, al parecer se han agravado, porque aparte de reaparecer el problema de desabasto de medicamentos por lo que los usuarios del ISSSTESON tenemos que peregrinar por varias farmacias del Isssteson y si tenemos suerte logramos encontrarlo en alguna farmacia lejana después de un largo recorrido. Podría afirmarse que la situación del Isssteson se ha agravado al extremo de presentarse casos de cancelación de cirugías una hora antes de su realización, con el argumento de “falta de personal médico”, todos sabemos que la programación de una cirugía implica consultas previas con especialistas, ayuno de parte de quien será objeto de cirugía y recibir a última hora el aviso de que se cancela la operación, representa un gran trastorno administrativo, médico y psicológico que refleja que algo está mal en el Isssteson.

Persisten los retrasos en la consulta con médicos especialistas y se ha llegado al extremo de programarse hasta con un plazo de seis meses de distancia y ahora también la cita con médicos generales tiende a ser programada hasta cinco días después de solicitarse.

Los derechohabientes del Isssteson seguimos desamparados si nos enfermamos los fines de semana o días de asueto, porque las oficinas(incluyendo clínicas y farmacias) permanecen cerradas en esos días, como si fueran oficinas de servicios administrativos y no centros de salud pública. Quien llega a enfermar en esas fechas, debe acudir a médicos privados y pagar las medicinas de su propio bolsillo, recuperar ese dinero a través del Isssteson es misión imposible, porque se piden todo tipo de documentos, se lleva el trámite varios días y las respuestas son siempre negativas.

En síntesis, lejos de mejorar, el servicio médico del Isssteson ha bajado de nivel, una situación no adjudicable al personal médico, de enfermería o técnico, porque la mayoría de ellos han mostrado vocación de servicio, el problema es de administración de recursos, porque la mayor parte del presupuesto del Isssteson se dedica al pago de la nómina y una cantidad mínima al gasto operativo. Cabe destacar que gran parte de la nómina, se destina al pago de altos sueldos de funcionarios de la administración, como lo es el caso del Director General que percibe un sueldo mayor a los $100,000 pesos.

Por otro lado, es necesario comentar que la lucha por la defensa del derecho a la salud tiene varios contenidos, no sólo se limita a problemas como desabasto de medicamentos, retraso exagerado en citas con médicos especialistas, citas con retraso para estudios de imagenología, ultrasonidos, ya no se diga endoscopia, servicios médicos y de farmacia los fines de semana, etc. Existen casos aislados de violación al derecho a la salud en instituciones de salud pública que no llegan a afectar a todos, pero hay algunos que representan una grave violación al derecho a la salud, como por ejemplo, la cancelación de cirugías por falta de personal médico, de enfermería o de equipo médico, la falta de atención médica oportuna que provoca el fallecimiento de alguna persona, la amputación innecesaria de alguna parte del cuerpo de algún derechohabiente, etc.

Este tipo de casos que no deberían existir, representan verdaderas violaciones a los derechos a la salud y a la vida misma y son auténticos casos de negligencia médica o administrativa. ¿Qué hacer cuando se es objeto de una negligencia de este tipo que marca un antes y un después en nuestras vidas?

Este lunes 17 de abril, algunos integrantes del Frente de Jubilados y Pensionados de Sonora, acudimos a las oficinas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que atiende a la población que es derechohabiente del sistema de salud pública (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON), para plantear dos casos de negligencia médica y solicitar su intervención para obtener justicia, reparación del daño y castigo a los responsables de este tipo de actos.

Primero, se planteó el caso de una jubilada telefonista que le negaron servicios médicos en el IMSS y falleció posteriormente. La respuesta que recibimos fue que Teléfonos de México tiene una cláusula que contempla la terminación de servicios médicos al cumplir los 60 años y que el trabajador o trabajadora tiene que tramitar por su propia cuenta la renovación del servicio médico y que esta persona, no lo hizo, por encontrarse demasiado enferma, y ya pasaron 2 años, por lo que legalmente no se puede hacer nada.

Se planteó el caso de un jubilado que sintiendo dolor de cabeza acudió a consulta médica en el IMSS, donde le receptaron aspirinas y al salir cayó muerto en las escaleras de dicha clínica. Se preguntó a los representantes de la Comisión de la Comisión de Arbitraje Médico qué procedía en este caso y la respuesta fue, que como eso pasó hace dos años, no podían hacer nada porque existía una prescripción de dos años para estos casos.

El segundo caso, es el de una mujer de 61 años pensionada por viudez, quien debido a la larga espera para ser atendida por padecimiento de pie diabético, decidió acudir a una clínica particular donde le dijeron que necesitaba los servicios de un angiólogo y la remitieron a otra clínica donde le hicieron la promesa de recuperación de su pie al 99% a cambio del pago de 210,000 pesos, ingresó a quirófano, de donde salió con 2 baloncitos en el dedo, que supuestamente le aliviarían su padecimiento, pero al otro día se agravó su dolor y tuvo que regresar a esa clínica en donde ingresó a quirófano y el doctor después de revisar su operación, dijo que estaba muy mal y que requería la amputación del pie, lo cual realizó en ese momento, pero en el transcurso de la operación, salió con urgencia a solicitar que se le llevara a su servicio médico porque presentaba síntomas de taquicardia y esa clínica no contaba con equipo para realizar ese servicio y fué trasladada de urgencia a una clínica del IMSS, en donde le atendieron únicamente la taquicardia y la dieron de alta, horas después continuó experimentando dolor y su la amputación se veía negra por lo cual la volvieron a llevar al IMSS donde le hicieron una segunda amputación de su pierna arriba de la rodilla, porque la primera amputación estuvo mal hecha.

Este caso representa una clara negligencia administrativa de parte del IMSS por el retraso y prolongada espera en la que mantiene a quienes acuden a solicitar servicios médicos y una evidente negligencia médica del doctor que la atendió. Pero la respuesta de las autoridades de la Comisión de Arbitraje Médico, fue en el sentido de que “había materia” para fundamentar la negligencia médica del doctor de la práctica privada, pero que en el IMSS no le negaron el servicio médico y no procedía la queja en contra de la institución.

Al entregar el escrito se pidió que se omitiera la parte en la que se decía: “4.- Reportar este caso a las autoridades del IMSS como resultado de fallas en la atención del servicio médico que proporciona, con el objeto de que se tomen las medidas de prevención para disminuir los tiempos de espera para los derechohabientes, con la finalidad de hacer más eficientes los servicios que proporciona esta noble institución”.

Además, afirmaron que la función de la Comisión de Arbitraje Médico no es vinculativa, que sólo se limitarían a “invitar” al Doctor responsable de esta negligente acción a asistir a una reunión a “explicar” su procedimiento, pero que él no estaba obligado a asistir y que tenía el derecho de negarse a comparecer y ellos como autoridades no podrían obligarlo a hacer nada. Inclusive, advirtieron que si el caso se llevaba a la Comisión de Derechos Humanos, ellos dejarían de atender el caso. Creo que la existencia de esta dependencia gubernamental está más que justificada, lo inaceptable es la actitud de los funcionarios que nos atendieron porque salimos de esa reunión con una sensación de desamparo institucional.

Desde mi perspectiva personal, la reunión no resultó lo que se esperaba y es una muestra más de que las instituciones gubernamentales están ampliando su distancia entre el discurso y la acción, alejándose cada vez más del objetivo o misión para la que fueron creadas porque en este caso no se mostró nada de empatía hacia la parte afectada, cierta arrogancia y menosprecio, porque mientras hablábamos, dos de los funcionarios estuvieron distraídos algunos minutos con sus teléfonos celulares y lo que sí quedó claro es una actitud de defensa a ultranza de la institución de salud que representa el IMSS.

En conclusión, estamos hablando de la existencia de varias oficinas del Gobierno del Estado que existen gracias al financiamiento del presupuesto público, que les permite pagar altos sueldos a funcionarios que ocupan cargos de alta dirección, pago de empleados de gobierno de menor nivel, pago de renta de oficinas, electricidad, agua potable, etc. Tenemos a un Isssteson que enfrenta una crisis financiera, pero eso no evita que se pague altos sueldos a los funcionarios administrativos. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción que no ha presentado informes sobre casos de corrupción, por otro lado, tenemos una Contraloría General del Estado, cuyo titular es acusado de desvío de fondos por un grupo de comisarios que se quejan de haber sido despedidos sin recibir el pago de sus sueldos y finalmente, tenemos una Comisión de arbitraje médico que no ejerce las funciones para las cuales fue creada y se limita a proteger a funcionarios e instituciones de las quejas que provengan de ciudadanos inconformes por fallas en el servicio de alguna institución de salud pública, o por mala praxis médica de algún profesional de la medicina.

Todo ese dinero que proviene del pueblo vía el pago de impuestos, se invierte para mantener a funcionarios que no cumplen con la responsabilidad de realizar su trabajo, que aprovechan su estancia en esos puestos para enriquecer sus fortunas personales, sin cumplir con sus responsabilidades como funcionarios públicos y que carecen de vocación al servicio público, porque han olvidado el concepto de “servidor público”, porque no muestran empatía con quienes se atreven a solicitar su intervención para solucionar algún problema.

En el contexto de la crisis económica global que estamos padeciendo y considerando que el Gobierno de Alfonso Durazo recibió un Estado en grave crisis financiera que motivó la acción de solicitar un préstamo de $1,100 millones de pesos para poder iniciar su gobierno, aumentando con ello la deuda del Estado, una deuda que terminaremos pagando los ciudadanos sonorenses. En diciembre del 2022 el gobierno de Sonora solicitó un nuevo préstamo por $2,100 millones de pesos, es inaceptable que los recursos financieros del Estado se utilicen para pagar altos sueldos a funcionarios públicos que ni siquiera están cumpliendo con sus responsabilidades.

En estas condiciones, es inadmisible que existan dependencias gubernamentales que no cumplen con sus funciones y sobre todo que en un país donde existe una gran cantidad de personas viviendo en condiciones de pobreza, es inaceptable que existan funcionarios que se enriquecen, percibiendo sueldos superiores a los $100,000 pesos, sobre todo, cuando reciben esos emolumentos sin cumplir con sus responsabilidades.

La presencia de funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades propias de sus puestos y se limitan a enriquecer sus fortunas personales con la percepción de altos sueldos, contribuye al debilitamiento de las instituciones públicas y con ello aumentan las posibilidades de una inminente desaparición por mostrar ineficacia en su misión, lo cual favorece a las políticas neoliberales que pretenden privatizar los servicios públicos a nombre de que las dependencias públicas no están funcionando.

En conclusión, podemos decir que el aprendizaje que podemos extraer de estas experiencias, es que los problemas que afectan a jubilados y pensionados, no lo resolverán las autoridades que nos gobiernan, debemos estar conscientes de que los problemas que enfrentamos en el sector salud, sólo serán resueltos por los propios jubilados y pensionados, actuando en forma organizada, colectiva y unida, por lo que necesitamos desarrollar acciones colectivas para manifestar nuestras demandas, mostrar fuerza y ejercer presión para exigir solución a los problemas que estamos planteando y debemos dirigirnos a la máxima autoridad que es el Gobernador del Estado, porque los funcionarios de primer nivel no están cumpliendo con sus responsabilidades.

Los tiempos que estamos viviendo son de incertidumbre y desesperanza para millones de personas que enfrentamos en condiciones de desamparo institucional los problemas que afectan nuestra salud. Necesitamos tomar consciencia de que al unir nuestras fuerzas y organizarnos para actuar en forma colectiva, estaremos creando un poder ciudadano que permitirá que nuestras voces sean escuchadas. En el caso de Sonora, los jubilados de la Universidad de Sonora, del ISSSTESON, de IMSS; del ISSSTE, Telefonistas, Conjupam, Conajupe e IDEHal Sonora, nos hemos unido para construir el Frente de Jubilados y Pensionados de Sonora. Estamos compartiendo un despertar social, en el cual vemos la necesidad de construir una nueva figura del jubilado como sujeto activo que participa en política, exigiendo respeto a sus derechos como ciudadano.

Por esas razones hemos decidido participar en la marcha de este primero de mayo, partiendo de la premisa de que en nuestra condición de jubilados, aún seguimos siendo parte integrante de la clase trabajadora, podremos estar retirados laboralmente, pero podemos estar activos políticamente, por lo que haremos acto de presencia como una organización que agrupa a un colectivo amplio de jubilados y pensionados, que tenemos plena consciencia de que sólo a través de la movilización unida, colectiva y en forma organizada, es como podremos resolver los problemas que nos afectan.

Se hace una cordial invitación a todos los jubilados y pensionados, a jóvenes que tienen adultos mayores en casa, a trabajadores activos que deseen acompañarnos en la lucha por la defensa de la salud y de la jubilación, para que aumentemos el volumen de nuestras voces y logremos ser escuchados en nuestras demandas siguientes:

¡Reducción de sueldos a funcionarios que perciben salarios superiores a los $100,000 pesos. ¡De la misma forma que se pretende reducir las pensiones con un monto máximo de 47,000 pesos, que los funcionarios administrativos, también tengan un tope salarial!

¡Equipamiento de aparatos médicos modernos en los hospitales del Isssteson, Issste e Imss¡

¡Abasto oportuno de medicamentos en todas las dependencias del sector salud!

¡Contratación de un mayor número de médicos especialistas y personal de Enfermería!

¡Reanudación de servicios médicos y de farmacia los fines de semana en el Isssteson¡

Hagamos acto de presencia este primero de mayo, día internacional de los trabajadores y de los jubilados como parte integrante de la clase trabajadora, el punto de reunión será en el Museo de la Universidad de Sonora y estaremos ubicados entre los contingentes de los Telefonistas y los académicos del Staus.

Macron promulga entre protestas la ley de las pensiones y su primera ministra trata de aplacar el descontento

https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/15/643a4f0bfc6c83fc7e8b45ad.html

Protesta en Uruguay: el gobierno de Luis Lacalle Pou enfrenta un paro parcial contra la reforma jubilatoria

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/protesta-en-uruguay-el-gobierno-de-luis-lacalle-pou-enfrenta-un-paro-parcial-contra-la-reforma-nid22032023/

Aprueba Congreso de Sonora solicitud de aumento de deuda por 2,100 millones de pesos

https://www.facebook.com/watch/?v=554140689630517

Comité de participación ciudadana en Sonora

https://www.facebook.com/cpcsonora?locale=es_LA

Fiscalía Anticorrupción en Sonora

https://www.facebook.com/pages/FAS-Fiscal%C3%ADa-Anticorrupci%C3%B3n/745078805832591?locale=es_LA

Un grupo de ex Comisarios Públicos Ciudadanos acusan al Contralor Guillermo Noriega por desvío de recursos

https://www.primeraplanadigital.com.mx/blog/2022/09/30/denuncian-al-contralor-de-sonora-ante-la-fiscalia-anticorrupcion/

miércoles, 12 de abril de 2023

La revolución paradigmática de los jubilados

Oscar Yescas Domínguez

12 de abril de 2023

Desde hace varias décadas hemos estado viviendo en un Estado de crisis permanente que no ha permanecido igual, sino que se agudiza en la medida que el tiempo transcurre, a finales del siglo pasado, el término crisis se utilizaba solamente para hacer referencia a una crisis económica, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta en forma gradual de que no era sólo una crisis económica, sino que en realidad estábamos frente a una verdadera crisis social, porque las instituciones que conforman la base de nuestra sociedad empezaron a mostrar una gran distancia entre el discurso y la acción, reflejando una crisis entre dirigentes y dirigidos, de tal forma que enfrentábamos una crisis política que podría resumirse en una crisis de liderazgo en los políticos que se encontraban en el poder, en los partidos políticos, sindicatos, empresas, etc.

La crisis social tomó un nuevo rostro con el impulso a la industrialización que permitió obtener una producción masiva de diversos productos pero trajo consigo graves daños a la naturaleza por la explotación irracional de recursos naturales, daños a la población por la explotación de la clase trabajadora y daños al medio ambiente provocados por la gran cantidad de deshechos industriales, así como por la contaminación generada por el hiperconsumo de la población que producía toneladas de basura hecha con materiales imposibles de ser reciclados, generando con estas acciones el surgimiento de un nuevo tipo de crisis, la crisis ecológica que ha provocado la destrucción de ecosistemas, la extinción definitiva de varias especies de animales, la desaparición de bosques, desertificación de suelos y cambio climático.

Una gran parte de la población no había tomado consciencia de estas crisis, cuando la pandemia del covid-19 trajo consigo una nueva, la crisis sanitaria que provocó muerte, dolor y sufrimiento para millones de personas en todo el mundo, pero también tuvo un efecto pedagógico en tanto que contribuyó revalorar la importancia de la salud y al mismo tiempo, permitió revelar los efectos de la corrupción en el sistema de salud pública, al exhibir el abandono en el que se encontraban los hospitales públicos y que fue una de las causas principales que provocaron la muerte de millones de personas en el mundo entero. La pandemia del covid también exhibió la existencia de la enorme desigualdad social que existía ante nuestros ojos pero que nuestra percepción de la realidad se negaba a aceptar.

La crisis sanitaria global provocó un apagón del sistema global al paralizar actividades en todos los centros de convivencia social y agudizó la crisis económica al influir en la quiebra de miles de empresas y aumentar con ello la cifra de personas desempleadas. Con estos cambios aumentó la desigualdad social y se amplió la brecha abismal que separa a un porcentaje reducido de la población que concentra la mayor parte de la riqueza social que es producida, de una inmensa mayoría de la población, que sobrevive en condiciones de pobreza, exclusión y marginación social.

El sistema mundial no se reponía del golpe a la economía provocado por la pandemia del covid-19, cuando en febrero del 2022 inicia la guerra en Ucrania que vino a desestabilizar las cadenas de suministro comercial, provocando desabasto de mercancías, incremento en productos derivados del petróleo y aumentos en el precio de la gasolina, generando un nuevo tipo de crisis comercial internacional, que intenta enfrentarse con despidos masivos en las grandes corporaciones como respuesta a la reducción de sus ganancias.

Una de las lecciones de la pandemia del covid-19 fue que nos mostró que en el contexto de la globalización el mundo entero está unido por fuertes lazos comerciales, de tal forma que lo que ocurriera en alguna parte lejana del punto en que vivimos, tarde o temprano, este evento repercutiría en nuestras localidades y a través de la experiencia vivencial aprendimos que somos sujetos globales. Los efectos de la guerra en Europa oriental se están manifestando en la economía internacional al presentarse una grave crisis financiera que ha provocado la quiebra de más de 100 bancos ubicados tanto en Estados Unidos como en Europa y los pronósticos no son muy halagadores, porque se presume que se agudizará esta crisis y tarde o temprano llegará afectarnos.

Los gobiernos nacionales (incluido el gobierno mexicano) responden a la crisis económica aumentando la deuda externa y ante la posibilidad de una expansión y prolongación del conflicto bélico en Ucrania, procedieron a aumentar en grandes cantidades el presupuesto para defensa, recortando los presupuestos de educación, salud, empleo, vivienda, etc. El problema se complica aún más cuando vemos que quienes nos gobiernan intentan cortar el hilo por lo más delgado y siguiendo el ejemplo de las grandes empresas que enfrentan la crisis con despidos masivos, los políticos en el poder intentan desaparecer derechos laborales y eliminar prestaciones sociales, evitando combatir a la corrupción que podría convertirse en una posible fuente alternativa de ingresos al decomisar fortunas creadas a través de la desviación de recursos públicos.

Recordemos que el Gobernador de Sonora al tomar posesión de su cargo, en su primera declaración denunció haber recibido un Estado en crisis financiera por actos de corrupción del gobierno anterior de Claudia Pavlovich, pero en lugar de aplicar la ley y combatir el delito de corrupción, adoptó una actitud de sumisión ante la decisión presidencial que designó a la ex-Gobernadora como Cónsul de México en la ciudad de Barcelona y se limitó a felicitarla deseándole buena suerte en su nuevo cargo.

Para salir de la crisis financiera, el nuevo Gobernador de Sonora procedió a pedir un préstamo, aumentando con esta acción la deuda externa del Gobierno Estatal, una deuda que terminaremos pagando todos los ciudadanos sonorenses y con el pretexto de “no hay dinero”, se ha procedido a seguir cortando el hilo por lo más delgado y negando autorizaciones para nuevas jubilaciones y con el mismo argumento, en lugar de realizar el pago de las pensiones el primer día de cada mes, éstas se pagan entre los días 5 y 8, afectando la economía de los pensionados porque en estos tiempos de neoliberalismo, todos tenemos deudas y por lo regular, se nos pide pagarlas el primer día de cada mes, por lo que somos objeto de cobros de intereses por hacer pagos retrasados.

Diversos funcionarios públicos han afirmado que la mayor parte del presupuesto público se utiliza para pagar la nómina y sólo queda un porcentaje reducido para el gasto operativo de las instituciones. Pero no mencionan que en cada cambio de sexenio se cumple un ritual que consiste en despedir a miles de empleados de gobierno y se sustituyen estas plazas con la contratación de miles de personas, motivo por el cual se ha incrementado de manera descontrolada el presupuesto destinado para el pago de la nómina gubernamental.

En reiteradas ocasiones varios funcionarios del Gobierno de Sonora, han señalado que el pago de las pensiones se lleva una gran cantidad del presupuesto gubernamental y que de seguir aumentando el número de jubilados, a corto plazo será imposible mantener este ritmo durante más tiempo, porque estas condiciones impiden mejorar el servicio público.

Lo que no dicen estos funcionarios es que la crisis no es pareja, porque mientras se restringe el derecho a la jubilación y se reduce el presupuesto de salud, los hospitales públicos funcionan con graves carencias de por falta de personal médico, sobre todo de médicos especialistas, se requiere aumentar la cifra de personal de enfermería, proporcionar equipo médico suficiente, aumentar el mobiliario en hospitales y consultorios, etc., por otro lado, se observa que en realidad el pago de sueldos de los altos funcionarios de las instituciones públicas es la que se lleva la mayor parte del presupuesto de la nómina por la amoral cuantía de los mismos. Existen funcionarios administrativos que sólo se limitan a firmar documentos y ganan sueldos superiores a los que perciben los médicos especialistas de mayor nivel que realizan cirugías de alto nivel de complejidad y que requieren conocimientos muy especializados de la anatomía y fisiología humana.

Esto no sólo sucede en las instituciones de salud, ocurre en todas las estructuras del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales. Miles de funcionarios públicos que ocupan cargos de Gobernadores, de Secretarios de Estado, SubSecretarios, Directores generales, SubDirectores, etc., perciben sueldos tan altos que manejan una nómina especial que se maneja con gran discreción y la ocultan a la opinión pública, pero se presume que a nivel nacional miles de funcionarios perciben sueldos superiores a los $100,000 pesos.

Enfrentamos la incongruencia de que las instituciones públicas que se han declarado en quiebra financiera por actos de corrupción de administraciones anteriores, pero eso no evita que los altos funcionarios sigan percibiendo sueldos inconfesables, mientras laboran en instituciones en las que el personal de base realiza su trabajo en condiciones de austeridad y enfrentando la falta de recursos para mejorar el funcionamiento operativo, afectando con ello, la calidad del servicio que se ofrece a la población.

Vivimos en un mundo al revés, la ciudadanía paga los impuestos que contribuyen a reforzar el presupuesto público, el SAT actúa requiriendo el pago de impuestos a la mayoría de la población y los jubilados no escapan del escrutinio fiscal, pero nadie fiscaliza a quienes administran las instituciones públicas y reciben sueldos tan altos, que sus ingresos son mucho mayores al sueldo que gana el presidente de la República.

La verdad es que dinero sí hay, el problema es que existe un reparto desigual del presupuesto público, porque los trabajadores de base de las instituciones públicas perciben bajos sueldos y cuando se jubilan reciben pensiones muy bajas que se les dificulta llegar a fin de mes para recibir el pago de su pensión. Mientras que por encima de ellos existe una enorme burocracia de mandos medios que se alimenta del presupuesto público sin que la totalidad de los mismos justifique la existencia de su presencia en la nómina, y las finanzas públicas se siguen administrando de la misma forma que durante el prianismo porque los altos funcionarios de gobierno enriquecen mes tras mes sus fortunas personales al recibir grandes cantidades de dinero por concepto de sueldos a través de una nómina confidencial.

La opacidad en el manejo de las finanzas públicas representa una fuente de insatisfacción e indignación, porque además de percibir sueldos amorales, la mayor parte de estos funcionarios públicos de alto nivel, actúan como si padecieran un neanderthalismo administrativo al demostrar no tener las cualidades y requisitos necesarios para ocupar un alto cargo de dirección, porque administran de manera cuestionable los recursos humanos, materiales y financieros de las organizaciones que están bajo su dirección.

Una gran mayoría de funcionarios de primer nivel no muestra una auténtica vocación de servicio público, desconocen el significado del concepto de servidor público, que implica que su principal responsabilidad es servir a la población que es la que permite a través del pago de sus impuestos, que se alimente el presupuesto público, del cual provienen los altos sueldos que reciben.

¿Qué cualidades extraordinarias tienen los funcionarios de primer nivel que justifiquen el pago de sueldos tan altos que existe una brecha abismal entre las percepciones de funcionarios de alto nivel y trabajadores de base? Su presencia demuestra que la meritocracia no existe en la estructura gubernamental, es decir, las personas que ocupan cargos de alto nivel no llegaron a ese lugar por méritos académicos, experiencia laboral o por ser especialistas en el campo donde se encuentran laborando.

Los criterios para ingresar a laborar en cargos de alto nivel en las estructuras del gobierno en los tres niveles siguen siendo los mismos que prevalecieron durante la dictadura perfecta del prianismo: lazos informales de amistad, vínculos familiares, lealtad incondicional y obediencia ciega a la figura de autoridad en turno. Millones de jóvenes se esfuerzan para realizar estudios universitarios y poder ingresar al mercado laboral para enfrentar un ambiente competitivo en mejores condiciones al obtener méritos académicos que les permitan acceder a puestos que tengan sueldos atractivos acorde a su preparación académica, pero al ingresar al mercado laboral se enfrentan a una cruel realidad que la corrupción existente no reconoce los méritos individuales porque pesan más las relaciones informales (compromisos políticos, vínculos familiares, lealtad y obediencia, etc.) con personas que ocupan puestos claves dentro de la estructura del poder, que el nivel de estudios y la experiencia que se pueda tener.

Por todas estas razones y otras más, la población en general, jubilados y pensionados en forma particular, nos vemos afectados porque encontramos hospitales funcionando con ausencia de equipo médico suficiente, con un reducido número de personal médico, de enfermería y técnicos, porque bajo el argumento de que “no hay dinero” no se contrata personal y todo esto sumado, representa una violación a los derechos a la salud y a los derechos humanos. También encontramos escuelas que se encuentran en gran estado de deterioro físico, que no cuentan con equipo para enfrentar las inclemencias del clima, mobiliario escolar en mal estado o en pésimas condiciones, ausencia de áreas deportivas, con maestros mal pagados, etc.

La existencia de funcionarios públicos que se enriquecen recibiendo altos sueldos en instituciones que se han declarado en crisis financiera, representa una grave contradicción porque al manejar el presupuesto público y beneficiar a un reducido sector de altos funcionarios, se afecta el servicio al público y sólo puede calificarse esta situación como una desviación injustificable de recursos financieros, que en el caso de las instituciones de salud pública, pone en riesgo la salud y las vidas de los derechohabientes.

Esta es la situación que enfrentamos diariamente los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e ISSSTESON, donde para recibir atención de médicos especialistas, se tiene que soportar y sobrevivir largas esperas que pueden tomar varios meses. Se presentan situaciones extremas realmente inaceptables como la llamada que recibí el día de ayer del Isssteson, en la que me informaron que la cita que tenía este próximo 6 de mayo con un médico especialista se cancelaba porque dicho médico pidió una licencia de varios meses y regresa hasta el mes de noviembre. Al intentar pedir cita con otro especialista se me negó con el argumento de que el médico ausente es mi médico asignado, por lo que reprogramaron mi consulta para dentro de 7 meses, el día 4 de noviembre. ¿Qué hago mientras tanto?, ¿le pido a mi padecimiento que también tome vacaciones?

Otra violación a nuestro derecho a la salud consiste en el hecho de que los derechohabientes del sistema de salud pública tenemos prohibido enfermarnos los fines de semana y días festivos, porque las instituciones de salud y las farmacias públicas cierran sus puertas en tales fechas como si fueran oficinas creadas para realizar trámites burocráticos, por lo que en caso de que alguien enferme en días inhábiles, se ve obligado a resolver el problema de salud por su cuenta y a financiar los gastos de sus bolsillos.

Los jubilados y pensionados que somos derechohabientes del sistema de salud pública, somos directamente afectados por esta distribución desigual de las finanzas públicas, porque por ser adultos mayores, padecemos enfermedades propias de la edad que nos obligan a tener consulta médica con mayor frecuencia, sobre todo con médicos especialistas y tenemos necesidad de consumir mayor cantidad de medicamentos por el inevitable deterioro de nuestro estado de salud y por esa condición, se nos cataloga como “personas vulnerables”.

Nuestro estado de salud se complica por la ansiedad e indignación que sentimos cuando se señala a jubilados y pensionados como los causantes de la crisis financiera que atraviesa el Isssteson, con el argumento de que el pago de nuestras pensiones se lleva la mayor cantidad de presupuesto destinado a ese instituto de salud pública. Desconocen la acción ilegal que se comete en nuestra contra, cuando a pesar de que estar en retiro laboral se sigue descontando de nuestras pensiones una considerable cantidad de dinero por concepto de servicios médicos como sucede en el Isssteson, a pesar de que logramos cotizar durante más de 30 años para vivir una vejez digna en nuestra condición de jubilados.

En estas condiciones, para los jubilados y pensionados, el luchar en defensa del derecho a la salud y del pago oportuno de nuestras pensiones, adquiere el significado de luchar en defensa de nuestras vidas, pero en el camino recorrido en la lucha de estos derechos, hemos encontrado una respuesta de indiferencia por parte de las autoridades de gobierno, oídos sordos de los dirigentes sindicales, insensibilidad y falta de empatía de parte de los trabajadores activos que no alcanzan a ver que la lucha de jubilados y pensionados es un espejo que refleja la imagen de ellos mismos en su futuro, porque tarde o temprano llegarán a enfermar o desearán jubilarse y enfrentarán un escenario más difícil porque el derecho a la jubilación se presenta como un derecho en extinción en el contexto de la globalización neoliberal.

Los partidos políticos siempre han mostrado un interés oportunista en los adultos mayores y sólo se acercan en períodos electorales para solicitar el voto, por lo que podemos decir que nadie vendrá a ayudarnos a resolver los problemas que estamos enfrentando los jubilados y pensionados en el contexto de una grave crisis social internacional.

Vivimos momentos de la historia en los cuales nunca habían existido tantos motivos para luchar por parte de una mayoría de la población mundial que vive del otro lado de la brecha que separa a ricos y pobres. De manera particular, los motivos para luchar por parte de jubilados y pensionados aumentan cuantitativa y cualitativamente, debido a que lo menos que tenemos es tiempo para esperar a que alguien resuelva los problemas que afectan la atención a nuestra salud y nuestra existencia en esta vida depende de una efectiva atención médica especializada, de la dotación oportuna de medicamentos y del pago puntual de nuestras pensiones.

De manera sorpresiva, el Gobernador del Estado Alfonso Durazo anunció un aumento del 10% en el pago de las pensiones, lo cual provocó gran regocijo entre los más de 19,000 jubilados del Isssteson. No faltaron aquellos que saludaron este anuncio alabando la gestión del Gobernador en la obtención de esto recursos y dieron muestras de agradecimiento. No somos ingratos, pero aplaudir a las autoridades por hacer su trabajo, felicitarlos por este anuncio, sólo contribuye a reforzar el vínculo de dependencia hacia la figura de autoridad y a disminuir el empoderamiento que estamos realizando jubilados y pensionados, al construir una nueva imagen como sujetos políticos activos que hemos tomado la iniciativa de salir a los espacios públicos para discutir en forma colectiva los problemas que nos afectan y tomar la decisión de actuar unidos, en forma organizada y colectiva para defender nuestros derechos.

Somos ciudadanos que estamos construyendo un nuevo paradigma al reconstruir los lazos rotos del tejido social y dejar atrás el individualismo, la conformidad generalizada y la obediencia a la figura de autoridad. Celebramos el aumento de las pensiones, pero realizando una lectura política del mismo, creemos que éste no surgió de la nada, se anuncia en el contexto de semanas previas a la marcha del primero de mayo y no resuelve el problema de la falta de médicos especialistas, falta de personal médico, de enfermería y técnicos en los hospitales públicos, por lo que siguen existiendo motivos para seguir luchando en defensa de nuestras vidas como adultos mayores. La vida real en los hospitales públicos no es como la imagen que vemos de los hospitales en las series de televisión y películas. Se observan construcciones improvisadas, falta de equipo médico, paredes mal pintadas, sábanas viejas, batas en mal estado, falta de jeringas, algodón, vendas, etc.

Estamos conscientes de que en nuestra condición de jubilados y pensionados seguimos siendo parte de la clase trabajadora porque dependemos, de nuestras pensiones para sobrevivir, nuestra salud depende del funcionamiento óptimo de los hospitales públicos y esto no se logrará si persiste la distribución desigual del presupuesto de salud, al privilegiar el pago de altos sueldos a funcionarios de primer nivel, que perciben sueldos mayores a los que gana el Presidente de la República.

Debemos visibilizar nuestra presencia en los espacios públicos y evitar que se repita lo acontecido en Italia durante la pandemia del covid-19, cuando ante la crisis del sistema de salud pública y la enorme cantidad de contagiados del covid-19, las autoridades sanitarias tomaron la decisión de “dejar morir” a los mayores de 80 años, para desocupar sus camas y colocar a pacientes más jóvenes que tenían mayores posibilidades de sobrevivir.

En la economía de libre mercado se está dejando morir a amplios sectores que no participan en el círculo de producción y consumo, una gran parte de la población es tratada como subhumana y sufre de marginación y exclusión social. Aquellos que ven a jubilados y pensionados como una “carga presupuestal”, como personas que “roban oxígeno a los demás”, como los responsables de la “desviación del presupuesto público”, olvidan que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad de trabajar toda una vida y cumplimos de manera oportuna pagando nuestras cuotas de servicios médicos y de aportación al fondo de jubilaciones, para poder vivir una jubilación digna.

El tiempo de la vida no se limita a la vida productiva, el tiempo de la vida también incluye el derecho de tener tiempo libre y el derecho humano de decidir que queremos hacer en nuestro tiempo libre: no hacer nada, pintar, cantar, leer, estar con los seres queridos, etc. En nuestro estado de jubilación es cuando estamos disfrutando el derecho de ser realmente humanos y defenderemos nuestro derecho a vivir de la manera que nos plazca.

Las autoridades de gobierno estatales y federales están evadiendo su responsabilidad de aplicar el Estado de Derecho y fincar responsabilidades penales a todas las personas que incurrieron en actos de corrupción durante el desempeño de cargos públicos y que provocaron una enorme crisis financiera en el Gobierno del Estado de Sonora. De manera cómplice, prefirieron aumentar la deuda financiera en lugar de perseguir y castigar actos de corrupción. Los jubilados y pensionados no somos responsables de la crisis financiera de las instituciones de salud pública.

La falta de credibilidad en partidos políticos y gobiernos se debe a la incongruencia que muestran en el discurso y en la acción. Los culpables de la crisis financiera siguen libres, mientras los altos funcionarios siguen enriqueciendo sus fortunas percibiendo sueldos amorales por su cuantía e intentan dejar morir a quienes han solicitado su jubilación y tardan años en otorgarla. De hecho hay cientos de casos de empleados públicos que fallecieron mientras esperaban recibir su jubilación y sus familias quedaron desamparadas por no haberla recibido.

A los jubilados y pensionados se nos intenta incluir en la población que se pretende dejar morir, al utilizar el argumento de que no hay dinero para no aumentar el presupuesto en salud, al priorizar el pago de altos sueldos a funcionarios de primer nivel en lugar de dotar a los hospitales públicos con aumento de personal médico y de enfermería suficiente, de equipo médico moderno, de medicinas suficientes, de mobiliario funcional en áreas hospitalarias, etc.

Nadie vendrá a resolver los problemas que padecemos los jubilados y pensionados, la solución depende de nosotros y consiste en aumentar nuestra participación en la discusión colectiva de los problemas que nos están afectando, en la construcción de la unidad en la acción, en la organización colectiva de movilizaciones y manifestaciones públicas, en nuestra participación en la construcción de nuevas organizaciones que realmente nos representen, como lo estamos en Sonora con la creación del Frente de jubilados y pensionados de Sonora.

Con la creación de nuevas organizaciones que sí nos representan, estamos cambiando la mirada sobre nosotros mismos y al cambiar esa mirada, cambia nuestra forma de ver la realidad y nos damos cuenta de que actuando unidos, en forma organizada y colectiva, podemos no sólo recuperar nuestros derechos que están siendo violados, también podremos crear una fuerza social que enfrente al poder político y lograr una verdadera transformación de la realidad social.

Al cambiar nuestra representación de la realidad, estamos cambiando el paradigma social que concebía a jubilados y pensionados como “personas vulnerables”, indefensas y en proceso de muerte lenta. Los paradigmas no son sólo instrumentos en manos del quienes se encuentran en el poder, los paradigmas se construyen en forma colectiva y la construcción de los jubilados como sujetos sociales que deciden incursionar en la política, entendida ésta como la discusión colectiva de problemas sociales en espacios públicos, representa la construcción de nuevo paradigma social al servicio de uno de los sectores afectados por la implementación de políticas neoliberales, que han tomado consciencia de que pueden crearse y transformarse a sí mismos, tanto en forma individual como colectiva.

Necesitamos romper este silenciamiento e invisibilización de las que somos objeto y la forma correcta de hacerlo es haciendo acto de presencia masiva en la marcha del primero de mayo, en el día internacional de los trabajadores, enarbolando mantas y pancartas con nuestras demandas generales y específicas, actuando en forma organizada, unida y colectiva, construyendo una nueva imagen de los jubilados como luchadores sociales, uniendo nuestras fuerzas y voces para tener una sola fuerza y una sola voz: la del jubilado como sujeto empoderado que, lejos de desfilar para agradecer a las autoridades, exige reparación a sus derechos violados!

Rompiendo paradigmas en la lucha social

https://oscaryescasd.blogspot.com/2023/02/rompiendo-paradigmas-de-lucha-social.html

El Mercado como arma de destrucción masiva

https://oscaryescasd.blogspot.com/2023/03/el-mercado-como-arma-de-destruccion.html

Horizontes de un paradigma emancipatorio

https://oscaryescasd.blogspot.com/2021/12/horizontesde-un-paradigma-emancipatorio.html

Nuevo orden internacional o tercera guerra mundial

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/09/nuevoorden-internacional-o-tercera.html

Intervención anónima durante las protestas callejeras en Francia

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sábado, 1 de abril de 2023

El Deja Vú de la lucha en defensa del Cárcamo en Hermosillo Sonora

Oscar Yescas Domínguez

01 de abril de 2023

En política existen dos premisas fundamentales que es importante considerar: saber llegar al poder y saber gobernar. En México tenemos un Presidente que manejó ambas premisas de la manera correcta y el resultado es que nuestro Jefe de Estado cuenta con el apoyo de un gran mayoría de la población mexicana que aprueba su forma de gobernar.

Bajo el “efecto Amlo” varios gobernantes actuales llegaron al poder en las elecciones del 2021, pero aquellos políticos que se beneficiaron del mismo efecto en el 2018 e intentaron reelegirse pero tuvieron un mal gobierno recibieron un voto de castigo en esas elecciones.

Este fue el caso de Célida López política con historial panista, que actuó como “chapulín político” para subirse al camión de Morena con la condición de abanderar ese partido como candidata a la Presidencia del Ayuntamiento de Hermosillo. El efecto AMLO le benefició y llegó al poder pero durante los tres años que ejerció el mismo, demostró un liderazgo autoritario, cerrazón al diálogo y un menosprecio hacia la ciudadanía hermosillense expresado en burlas acompañadas de insultos.

Uno de las acciones en las que fracasó al enfrentar una resistencia organizada por parte de la ciudadanía hermosillense, fue el intento de vender el terreno denominado “El Cárcamo” ubicado en un costado del vado del río, con el argumento de utilizar los fondos financieros que se obtendrían con su venta, en la reparación de los miles de baches que existían en cantidad impresionante en las calles de la capital sonorense, producto del rezago de administraciones municipales prianistas.

Pero la resistencia organizada y colectiva de ligas deportivas, grupos ambientalistas y ciudadanía hermosillense que utilizan esa zona para practicar actividades deportivas y de esparcimiento, detuvo esos planes de privatización, logró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador donara 500 millones de pesos para repavimentción de las calles de la ciudad y que el Cabildo municipal (con mayoría morenista) decretara el uso de suelo de ese terreno como área verde y deportiva.

La soberbia de Célida López y su ceguera política llevó a Célida López a buscar la reelección en el cargo en las elecciones del 2021, contando con el apoyo en esa aventura política con los representantes de Morena Sonora, Morena Hermosillo y del propio candidato a Gobernador en ese entonces, Alfonso Durazo. Pero el pueblo hermosillense demostró tener memoria histórica y no funcionó “el efecto AMLO”, porque Morena recibió una vergonzosa derrota electoral, al perder la Presidencia municipal de Hermosillo, Sonora.

Bajo la premisa “A río revuelto, ganancia de pescadores”, el entonces candidato del Pan a la alcaldía hermosillense, ganó las elecciones con apretado margen, dando una bocanada de aire al Pan que estaba destinado a desaparecer del mapa electoral, pero que gracias a los errores de los funcionarios de Morena, llegó al poder Antonio Astiazarán, quien venía arrastrando serios cuestionamientos de corrupción en su actuación como Presidente Municipal del puerto de Guaymas.

Lo primero que hizo al ocupar la silla presidencial fue mostrar un rostro autoritario e inhumano al aliarse con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo para firmar un nuevo convenio en el cual eliminaban prestaciones sociales que beneficiaban a los jubilados del Ayuntamiento de la capital sonorense, provocando con ello el inicio de una larga lucha protagonizada por adultos mayores que se resistieron a perder los beneficios que tenían pactados con anteriores administraciones municipales y que tuvo como escenario los pasillos del edificio municipal y las calles de Hermosillo.

La irracionalidad, el autoritarismo y la cerrazón han caracterizado el comportamiento de Antonio Astiazarán, quien no dudó en utilizar la fuerza policiaca para desalojar el plantón que mantenían los jubilados del Ayuntamiento en los pasillos del Palacio Municipal y proceder a realizar obras de reconstrucción del suelo de dicho lugar, contradiciendo sus declaraciones cuando afirmaba que se eliminaron las prestaciones de los jubilados del Ayuntamiento porque el municipio no tenía dinero para seguir sosteniendo esos gastos, pero ese argumento no impidió que Astiazarán en lugar de proceder a reparar cientos de unidades policiacas abandonadas en el corralón municipal y en la Estación norte de Hermosillo, procediera a firmar un contrato con una empresa particular para la renta de 220 patrullas eléctricas, que tendrán un costo de $36,772.06 pagos mensuales por cada patrulla, lo cual suma un total de $8,089,853 pesos mensuales que provienen del presupuesto público.

Un nuevo gesto de irracionalidad desde el poder municipal se realiza en estos momentos con las obras que se están realizando en el paso a desnivel ubicado en el boulevard Luis Encinas cerca de la calle Olivares, una obra realmente innecesaria pero en la cual se está invirtiendo una cantidad desconocida del presupuesto del Ayuntamiento de Hermosillo y que en verdad responde a intereses desconocidos para la población, que padece necesidades sociales que requieren atención con mayor urgencia que la inversión en esta obra vial.

Pero la irracionalidad, la incoherencia, autoritarismo y cerrazón al diálogo son parte del comportamiento cotidiano de quien ha demostrado que no sabe gobernar la capital sonorense y hoy da muestras de soberbia al tocar un lugar sensible para la población hermosillense como lo es el predio El Cárcamo y sacar un acuerdo del Cabildo municipal que cambia el uso del suelo de dicho predio y deja de ser zona verde y/o deportiva, para anunciar que se construirán en es lugar las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Hermosillo y más tardó en hacer esta declaración pública que en proceder de inmediato a cercar el espacio utilizado como campo de beisbol.

El argumento utilizado para cambiar de uso del suelo a este predio es realmente inverosímil por innecesario: ¿porqué invertir en la construcción de nuevas oficinas administrativas cuando ya existen tales oficinas en Palacio Municipal? ¿La necesidad de construir nuevas oficinas administrativas municipales, es mas urgente que atender los grandes problemas sociales que enfrentan los ciudadanos de Hermosillo? ¿Tiene algo de lógica construir oficinas administrativas encima de un terreno en el cual se encuentra un humedal de agua? ¿por qué exactamente en ese lugar? ¿Por qué no eligió otro lugar más cercano y con mayores facilidades de acceso y transporte urbano? Invertir una cuantiosa cantidad de presupuesto para la construcción de esta obra cuando le queda sólo un año de permanencia en el puesto, ¿acaso no genera sospechas esta decisión?

Pero el cuestionamiento más importante es: ¿Acaso no ve que la ciudad presenta graves problemas de rezago urbano, de recarpeteo y bacheo en calles, de contaminación de polvo por falta de limpieza en calles de colonias de la periferia, de incendio de maleza en terrenos de la periferia de la ciudad y lotes vacíos, de vigilancia policiaca y de autoridades de tránsito, ante el incremento del número de automóviles que circulan por las calles de nuestra ciudad y que provoca el aumento de accidentes automovilísticos y pone en riesgo las vidas de cientos de personas, etc.

Antonio Astiazarán no supo llegar al poder, llegó al mismo por errores políticos de Morena, ha demostrado una y otra vez que no sabe gobernar con sabiduría, y con esta última acción demuestra no haber aprendido de la historia reciente de la capital sonorense, aquella misma historia que provocó el surgimiento de una resistencia ciudadana colectiva y organizada en contra de una autoridad municipal que intentó apropiarse del terreno El Cárcamo y que sufrió tremenda derrota electoral. Desde su posición en la cima del poder municipal, piensa que puede hacer lo que sea su voluntad sin consultar a la ciudadanía que dice representar y su historial nos dice que el autoritarismo es su arma en contra de aquellos que osen enfrentarlo o resistirse a sus decisiones.

Con esta acción de planear construir oficinas administrativas en ese emblemático lugar, está reafirmando un patrón de comportamiento que demuestra autoritarismo, ceguera política, soberbia e insensibilidad social, acciones que reflejan que no sabe gobernar y sobre todo, se muestra como la fiel reencarnación de la premisa que dice que los políticos no gobiernan para la población que los eligió, sino que están al servicio de intereses privados que financiaron sus campañas y una vez en el poder, está pagando los compromisos de campaña.

Lo que le impide ver su ceguera política es que está generando un conflicto social y abriendo un nuevo frente de lucha ciudadana, que cuenta con el aprendizaje obtenido en la lucha anterior por la defensa del Cárcamo y que sabe cual es el camino para evitar que el poder municipal despoje de un terreno público a la ciudadanía, evitar que construya una mancha de concreto, asfalto y pavimento en área por cuyo subsuelo se encuentra ubicado un humedal de agua, un recurso muy preciado en un lugar en el cual se padece falta de agua por el clima semidesértico y falta de lluvia que prevalece durante la mayor parte del año.

Estamos ante el encuentro de dos grandes fuerzas, una encabezada por un Presidente municipal con antecedentes de corrupción, que ha demostrado un patrón de comportamiento autoritario, intransigente y cerrado al diálogo, y por el otro lado, una ciudadanía que desaprueba esta acción, que no sólo fue ignorada en el momento de tomar esta decisión, sino que se ve afectada por la misma, es el caso de las ligas deportivas que utilizan este espacio para practicar deporte, los grupos de ambientalistas que tienen varios meses defendiendo ese lugar de acciones depredadoras y que han invertido tiempo los fines de semana para realizar actividades de limpieza, cuidado y mantenimiento de ese lugar y áreas cercanas. Con esta acción se hecha por la borda el proyecto de corredor biológico planteado por estos grupos al Gobernador del Estado.

Finalmente, se encuentra la ciudadanía hermosillense que ve cómo el presupuesto público es despilfarrado en acciones innecesarias, que sirven como pretexto para la desviación de recursos públicos y que terminarán dejando una mayor deuda para el Ayuntamiento de Hermosillo, una deuda que terminaremos por pagar todos los ciudadanos hermosillenses, mientras que las autoridades municipales se retirarán el próximo año con grandes fortunas personales a vivir una vida sin problemas económicos.

Mientras tanto, recordando la premisa que dice: “el pueblo da y el pueblo quita”, recordemos que la ciudadanía hermosillense fue quien le dio el poder de ocupar el cargo de Presidente Municipal a Antonio Astiazarán en una jornada electoral y ante su mal desempeño como gobernante y en base a los abusos del poder en los que ha incurrido, la ciudadanía tiene el derecho de construir un poder popular que permita reducir la asimetría con la que ejerce el poder dicho personaje, organizándose en forma colectiva y actuando en forma unida para hacer valer la voluntad popular por encima de una autoridad que ya no los representa.

Los tiempos están cambiando, el conformismo generalizado está quedando atrás, cada vez son más los sectores sociales que enfrentan una resistencia organizada a los abusos de poder, actos de injusticia y corrupción y a lo largo de varias luchas sociales se está construyendo un aprendizaje social y un empoderamiento ciudadano. En este aprendizaje social, los ciudadanos están identificando que la política no es lo que hacen los políticos, la política es la discusión colectiva en espacios públicos sobre los problemas que afectan a nuestras comunidades y producto de esas discusiones realizadas en forma democrática, se toman decisiones que conduzcan a la solución de los problemas identificados. La participación en las luchas sociales permite generar una contraeducación política que ayude a la ciudadanía a desarrollar una responsabilidad social y dejar atrás la indiferencia hacia la política.

De esta manera, la ciudadanía que participa en las luchas sociales empieza a aprender que la democracia representativa ya no funciona para sostener la afirmación de que vivimos en un sistema democrático. Los representantes políticos abandonan a la ciudadanía una vez que llegan al poder y sólo regresan en período de campaña electoral para pedir el voto. La ciudadanía empieza a aceptar la premisa de que ser ciudadano significa tener la capacidad de gobernar y ser gobernado, todo mundo es capaz de gobernar porque la política no es un asunto de especialistas, sólo se requiere compromiso y sensibilidad social. Para lograr esta forma de pensamiento concebirse como sujetos sociales, sujetos que participan en política, una política que viene desde abajo, que se construye a través de una democracia participativa y

Existen varias formas de lucha y resistencia social, los ciudadanos podemos organizarnos para iniciar un frente de resistencia a la decisión unilateral del Presidente municipal y en defensa (una vez más) del Cárcamo como terreno público con uso de suelo como área verde y/o deportiva. Debemos cuestionar a los integrantes del Cabildo que modificaron el uso del suelo de este terreno, lo que le abrió las puertas a Antonio Astiazarán para cercar de inmediato el estadio de beisbol.

Debemos organizar reuniones amplias en las que participen los integrantes de diferentes grupos sociales interesados en participar en la defensa del Cárcamo. Un ejemplo a seguir lo es la reciente creación del Frente de jubilados y pensionados de Sonora que está integrado por varias agrupaciones de jubilados de Sonora. Necesitamos convocar a una consulta ciudadana que contemple la revocación de mandato de Antonio Astiazarán. Los jubilados del Ayuntamiento demandaron la destitución del Presidente municipal por abuso del poder, sería conveniente investigar el estado actual de esta demanda y darle seguimiento y convocar a reuniones amplias para llamar a sumarse a la defensa de este predio público y evitar un atropello más de las autoridades en contra de la ciudadanía hermosillense.

La experiencia que se obtuvo en la lucha anterior por la defensa del Cárcamo y las experiencias de otras luchas sociales, nos han dejado un gran aprendizaje social: sólo con la acción organizada, colectiva y unida de grupos ambientalistas, ligas deportivas y ciudadanía hermosillense, es como podremos enfrentar el autoritarismo y la acción depredadora de la autoridad municipal.

La lucha de los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/01/lalucha-de-los-jubilados-del.html

La deshumanización en la política

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/02/ladeshumanizacion-en-la-politica-elcaso.html

El grito de los oprimidos

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/02/elgrito-de-los-oprimidos-oscaryescas.html

Pensamientos sobre la lucha de los jubilados de Hermosillo

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/02/pensamientossobre-la-lucha-de-los.html

El abuso del poder y la resistencia ciudadana

https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/03/elabuso-de-poder-y-la-resistencia.html

¿Qué hacemos con la venta del Cárcamo?

https://oscaryescasd.blogspot.com/2020/04/quehacemos-con-la-venta-del-carcamo.html