El desamparo institucional de jubilados
Oscar Yescas Domínguez
23 de abril de 2023
En el contexto de la globalización que estamos viviendo, la crisis social que hemos venido padeciendo desde hace más de 50 años, ha evolucionado y mostrado cuatro rostros diferentes: económica, política, ecológica y sanitaria. Dentro de estos diferentes rostros de la crisis global se muestran hoy como las amenazantes figuras de los cuatro jinetes del apocalipsis que conducirán a la humanidad a su exterminio final, destaca la crisis económica que ha provocado el cierre de miles de empresas y aumentado el desempleo en todos los países.
Si la economía de libre mercado continúa por el camino del totalitarismo del Mercado que estamos padeciendo y no se logra implementar un cambio estructural del sistema en su conjunto, seguiremos avanzando por el camino que sólo ha provocado el aumento de una gran desigualdad social, la destrucción de ecosistemas, más contaminación ambiental, el surgimiento del cambio climático, etc., y la suma de todo esto nos lleva en forma inexorable a la destrucción de la naturaleza y a nuestra propia autodestrucción.
Debido a la implementación de políticas neoliberales que intentan fortalecer el totalitarismo del mercado a nivel mundial, cada día surgen en el mundo entero nuevos brotes de inconformidad social que transitan de un estado de inconformidad individual, al desarrollo de revueltas espontáneas, hasta llegar a convertirse en verdaderos frentes de lucha social colectiva y organizada.
Por mencionar sólo dos ejemplos de las consecuencias que trae consigo la implementación de este tipo de políticas en la mayor parte de los países del mundo, encontramos por un lado que en Francia, los trabajadores organizados en sindicatos, acompañados de la población, tienen tomadas las calles desde hace semanas, para protestar en contra de la ley aprobada en forma autoritaria por el Presidente Macrón, que eleva la edad para la jubilación y el tiempo de cotización para poder recibir jubilación al 100%.
En Uruguay miles de trabajadores realizan un paro general y también tomaron las calles de Montevideo, para manifestar su repudio a una reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Luis Lacalle que pretende aumentar la edad de jubilación, afectando a la población más joven. El proyecto amplía la edad mínima de jubilación en varias escalas que van desde los 63 hasta los 65 años, dependiendo de la fecha de nacimiento y los años cotizados. Los nacidos en 1973 se jubilarán con 63 años en 2036; los de 1974 lo harán con 64 años en 2038, y en 2040 los de 1975, con 65.
Estos dos casos son sólo expresiones particulares de medidas implementadas por gobiernos neoliberales que intentan superar la crisis económica cortando el hilo por lo más delgado, lo cual se traduce en estos momentos en eliminar derechos y prestaciones sociales a trabajadores, jubilados y pensionados, tales como restricciones salariales, reducción del número de jubilaciones y reducción del presupuesto en salud. Por estas y otras razones, en varios escenarios del contexto internacional, proliferan las muestras de rebeldía, resistencia y lucha de parte de los sectores afectados surgen
La agudización de la crisis social que se observa a nivel global, provocada por la implementación de políticas neoliberales, es la principal causa del surgimiento de millones de crisis individuales que se presentan en la población mundial, por lo que es necesario reconocer que los problemas locales que afectan a nuestras comunidades, tienen hoy en día un origen global y surgen principalmente porque los políticos que nos gobiernan ya no gobiernan a favor de las poblaciones que los eligieron y llevaron al poder, sino que han sucumbido al poder corporativo, una vez que el poder económico se ha impuesto al poder político.
Esta sumisión global del poder político al poder económico se puede observar en varios aspectos de nuestra realidad socioeconómica: en la aceptación de una política de “no regulación del Estado” que significa dejar actuar en total libertad a las grandes corporaciones en sus actividades de comercio internacional, aún cuando éstas destruyan el medio ambiente en sus procesos de producción o a través de sus desechos industriales. En la concesión de una política de “flexibilidad laboral”, que autoriza el pago de bajos salarios, largas jornadas de trabajo, eliminación del pago de tiempo extra y en la eliminación de derechos laborales como la estabilidad en el empleo, el derecho a la jubilación.
Pero la claudicación mayor de quienes forman parte de la estructura gubernamental que fue creada para garantizar el bienestar social de la población, es la aceptación del adelgazamiento del Estado a través del debilitamiento o eliminación de dependencias públicas con las intenciones de desaparecerlas y proceder a la privatización de los servicios que antes eran públicos y gratuitos, que cumplían con su función de procurar el bienestar social de la población.
En este contexto, la salud y la jubilación son derechos sociales que el neoliberalismo tiene en la mira de sus ataques y por esas razones estamos observando que el sistema de salud pública es uno de los más afectados porque enfrenta problemas de abandono presupuestal, deficiente administración de sus recursos financieros al privilegiar el pago de altos sueldos a funcionarios en lugar de destinarlo al gasto operativo, corrupción en su funcionamiento y amenazas de privatización de sus servicios por la implementación de políticas neoliberales.
Estos problemas afectan a la población en general en y particular a quienes estamos jubilados o pensionados porque en lugar de estar disfrutando de una vejez viviendo en condiciones de dignidad, hemos sido objeto de agresiones a nuestro derecho a la salud al sufrir un desabasto cuasi permanente de medicamentos, falta de médicos especialistas, ausencia de equipo médico para realizar estudios de imagenología o ultrasonido, falta de servicio médico y de farmacia los fines de semana, etc.
Estas son las razones por las que nos hemos visto obligados a salir de nuestra zona de confort para luchar en defensa de nuestras vidas, o lo que es lo mismo, en defensa de nuestra salud. En el Estado de Sonora, el camino que hemos recorrido jubilados y pensionados en la lucha por la defensa de nuestra salud, hemos tenido oportunidad de tener reuniones con funcionarios del Gobierno del Estado, con personas que ocupan cargos públicos de gran responsabilidad, en cuyas manos se encuentra la solución de problemas que afectan a la ciudadanía sonorense en general y a la población de jubilados y pensionados en particular.
Cuando se agudizó la crisis de desabasto de medicamentos en el Isssteson en el 2021, tuvimos varias reuniones con funcionarios de ese instituto en el sexenio de la Ex-Gobernadora Claudia Pavlovich y después del cambio de sexenio, continuamos participando en reuniones con el primer Director del Isssteson en el inicio del sexenio de Alfonso Durazo, Jesús Acuña, a quien le planteamos las demandas que iban desde garantía de abasto de medicamentos, la contratación de más médicos especialistas, compra de equipo médico para estudios de imagenología y ultrasonido, reanudación del servicio médico y apertura de farmacias los fines de semana, etc.
Algunas de estas peticiones fueron resueltas parcial o temporalmente, pero siempre recibíamos la respuesta de que el Isssteson se encontraba en Estado de crisis financiera y que “no había dinero” para satisfacer nuestras demandas. Por ese motivo, acudimos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora para solicitar una ampliación del presupuesto del Isssteson, para que estuviera en condiciones de cumplir con su responsabilidad de dar respuesta positiva a nuestras demandas.
Logramos obtener una respuesta positiva que ayudó a resolver temporalmente la salud financiera del Isssteson y disminuyó el desabasto y se obtuvo el compromiso de recibir puntualmente el pago de nuestras pensiones. Pero parece que la crisis en esta institución es cíclica, porque al corto tiempo, volvíamos a enfrentar los mismos problemas que aparentemente estaban ya resueltos y enfrentamos de nuevo un mal funcionamiento en este instituto de salud pública.
Partiendo de la premisa de que la crisis financiera no la provocamos los jubilados, sino que la misma es el resultado de actos de corrupción, incluimos en nuestras peticiones la demanda de castigo a los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en actos de corrupción, por lo que recibimos como respuesta que el Isssteson ya había enviado documentación a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción que fundamentaba la evidencia de actos de corrupción del gobierno de Claudia Pavlovich y que estas dependencias formaban parte de un Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrado por titulares de varias dependencias de gobierno, que en aquellos momentos este organismo estaba presidido por quien fungía como Directora de la dependencia de gobierno que lleva el nombre de Comité de participación ciudadana.
Confieso que al enterarme que ese Sistema Estatal Anticorrupción fue creado por la Ex-Gobernadora Claudia Pavlovich, sentí que estábamos siendo objeto de una burla, porque el mismo fue creado en el tercer año del sexenio del gobierno anterior y como bien sabemos, ningún funcionario público ha sido juzgado ni mucho menos condenado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
Acompañado del entrañable amigo Alfonso Domínguez, acudimos a visitar las oficinas de Contraloría general y de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar información de las investigaciones sobre actos de corrupción realizados en contra del Isssteson y sólo recibimos respuesta de ambas dependencias de que “no podían dar información sobre investigaciones en curso”.
Finalmente, logramos conseguir ser escuchados en una de las reuniones privadas del citado Sistema Estatal Anticorrupción que está integrada por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana y cuenta con dos órganos de apoyo técnico, La Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva. Participan en este sistema los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, de Contraloría General del Estado y de otras dependencias gubernamentales.
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Con el paso del tiempo, el Director del Isssteson fue removido de su cargo sin ninguna explicación, el puente de comunicación que se tenía con esa dependencia se cerró y el nuevo titular de ese organismo ha seguido el ejemplo de sus pares en otras dependencias de gobierno del Estado de actuar como “alto funcionario”.
Sin embargo, el cambio de Director en el Isssteson no ha resuelto los problemas, al parecer se han agravado, porque aparte de reaparecer el problema de desabasto de medicamentos por lo que los usuarios del ISSSTESON tenemos que peregrinar por varias farmacias del Isssteson y si tenemos suerte logramos encontrarlo en alguna farmacia lejana después de un largo recorrido. Podría afirmarse que la situación del Isssteson se ha agravado al extremo de presentarse casos de cancelación de cirugías una hora antes de su realización, con el argumento de “falta de personal médico”, todos sabemos que la programación de una cirugía implica consultas previas con especialistas, ayuno de parte de quien será objeto de cirugía y recibir a última hora el aviso de que se cancela la operación, representa un gran trastorno administrativo, médico y psicológico que refleja que algo está mal en el Isssteson.
Persisten los retrasos en la consulta con médicos especialistas y se ha llegado al extremo de programarse hasta con un plazo de seis meses de distancia y ahora también la cita con médicos generales tiende a ser programada hasta cinco días después de solicitarse.
Los derechohabientes del Isssteson seguimos desamparados si nos enfermamos los fines de semana o días de asueto, porque las oficinas(incluyendo clínicas y farmacias) permanecen cerradas en esos días, como si fueran oficinas de servicios administrativos y no centros de salud pública. Quien llega a enfermar en esas fechas, debe acudir a médicos privados y pagar las medicinas de su propio bolsillo, recuperar ese dinero a través del Isssteson es misión imposible, porque se piden todo tipo de documentos, se lleva el trámite varios días y las respuestas son siempre negativas.
En síntesis, lejos de mejorar, el servicio médico del Isssteson ha bajado de nivel, una situación no adjudicable al personal médico, de enfermería o técnico, porque la mayoría de ellos han mostrado vocación de servicio, el problema es de administración de recursos, porque la mayor parte del presupuesto del Isssteson se dedica al pago de la nómina y una cantidad mínima al gasto operativo. Cabe destacar que gran parte de la nómina, se destina al pago de altos sueldos de funcionarios de la administración, como lo es el caso del Director General que percibe un sueldo mayor a los $100,000 pesos.
Por otro lado, es necesario comentar que la lucha por la defensa del derecho a la salud tiene varios contenidos, no sólo se limita a problemas como desabasto de medicamentos, retraso exagerado en citas con médicos especialistas, citas con retraso para estudios de imagenología, ultrasonidos, ya no se diga endoscopia, servicios médicos y de farmacia los fines de semana, etc. Existen casos aislados de violación al derecho a la salud en instituciones de salud pública que no llegan a afectar a todos, pero hay algunos que representan una grave violación al derecho a la salud, como por ejemplo, la cancelación de cirugías por falta de personal médico, de enfermería o de equipo médico, la falta de atención médica oportuna que provoca el fallecimiento de alguna persona, la amputación innecesaria de alguna parte del cuerpo de algún derechohabiente, etc.
Este tipo de casos que no deberían existir, representan verdaderas violaciones a los derechos a la salud y a la vida misma y son auténticos casos de negligencia médica o administrativa. ¿Qué hacer cuando se es objeto de una negligencia de este tipo que marca un antes y un después en nuestras vidas?
Este lunes 17 de abril, algunos integrantes del Frente de Jubilados y Pensionados de Sonora, acudimos a las oficinas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que atiende a la población que es derechohabiente del sistema de salud pública (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON), para plantear dos casos de negligencia médica y solicitar su intervención para obtener justicia, reparación del daño y castigo a los responsables de este tipo de actos.
Primero, se planteó el caso de una jubilada telefonista que le negaron servicios médicos en el IMSS y falleció posteriormente. La respuesta que recibimos fue que Teléfonos de México tiene una cláusula que contempla la terminación de servicios médicos al cumplir los 60 años y que el trabajador o trabajadora tiene que tramitar por su propia cuenta la renovación del servicio médico y que esta persona, no lo hizo, por encontrarse demasiado enferma, y ya pasaron 2 años, por lo que legalmente no se puede hacer nada.
Se planteó el caso de un jubilado que sintiendo dolor de cabeza acudió a consulta médica en el IMSS, donde le receptaron aspirinas y al salir cayó muerto en las escaleras de dicha clínica. Se preguntó a los representantes de la Comisión de la Comisión de Arbitraje Médico qué procedía en este caso y la respuesta fue, que como eso pasó hace dos años, no podían hacer nada porque existía una prescripción de dos años para estos casos.
El segundo caso, es el de una mujer de 61 años pensionada por viudez, quien debido a la larga espera para ser atendida por padecimiento de pie diabético, decidió acudir a una clínica particular donde le dijeron que necesitaba los servicios de un angiólogo y la remitieron a otra clínica donde le hicieron la promesa de recuperación de su pie al 99% a cambio del pago de 210,000 pesos, ingresó a quirófano, de donde salió con 2 baloncitos en el dedo, que supuestamente le aliviarían su padecimiento, pero al otro día se agravó su dolor y tuvo que regresar a esa clínica en donde ingresó a quirófano y el doctor después de revisar su operación, dijo que estaba muy mal y que requería la amputación del pie, lo cual realizó en ese momento, pero en el transcurso de la operación, salió con urgencia a solicitar que se le llevara a su servicio médico porque presentaba síntomas de taquicardia y esa clínica no contaba con equipo para realizar ese servicio y fué trasladada de urgencia a una clínica del IMSS, en donde le atendieron únicamente la taquicardia y la dieron de alta, horas después continuó experimentando dolor y su la amputación se veía negra por lo cual la volvieron a llevar al IMSS donde le hicieron una segunda amputación de su pierna arriba de la rodilla, porque la primera amputación estuvo mal hecha.
Este caso representa una clara negligencia administrativa de parte del IMSS por el retraso y prolongada espera en la que mantiene a quienes acuden a solicitar servicios médicos y una evidente negligencia médica del doctor que la atendió. Pero la respuesta de las autoridades de la Comisión de Arbitraje Médico, fue en el sentido de que “había materia” para fundamentar la negligencia médica del doctor de la práctica privada, pero que en el IMSS no le negaron el servicio médico y no procedía la queja en contra de la institución.
Al entregar el escrito se pidió que se omitiera la parte en la que se decía: “4.- Reportar este caso a las autoridades del IMSS como resultado de fallas en la atención del servicio médico que proporciona, con el objeto de que se tomen las medidas de prevención para disminuir los tiempos de espera para los derechohabientes, con la finalidad de hacer más eficientes los servicios que proporciona esta noble institución”.
Además, afirmaron que la función de la Comisión de Arbitraje Médico no es vinculativa, que sólo se limitarían a “invitar” al Doctor responsable de esta negligente acción a asistir a una reunión a “explicar” su procedimiento, pero que él no estaba obligado a asistir y que tenía el derecho de negarse a comparecer y ellos como autoridades no podrían obligarlo a hacer nada. Inclusive, advirtieron que si el caso se llevaba a la Comisión de Derechos Humanos, ellos dejarían de atender el caso. Creo que la existencia de esta dependencia gubernamental está más que justificada, lo inaceptable es la actitud de los funcionarios que nos atendieron porque salimos de esa reunión con una sensación de desamparo institucional.
Desde mi perspectiva personal, la reunión no resultó lo que se esperaba y es una muestra más de que las instituciones gubernamentales están ampliando su distancia entre el discurso y la acción, alejándose cada vez más del objetivo o misión para la que fueron creadas porque en este caso no se mostró nada de empatía hacia la parte afectada, cierta arrogancia y menosprecio, porque mientras hablábamos, dos de los funcionarios estuvieron distraídos algunos minutos con sus teléfonos celulares y lo que sí quedó claro es una actitud de defensa a ultranza de la institución de salud que representa el IMSS.
En conclusión, estamos hablando de la existencia de varias oficinas del Gobierno del Estado que existen gracias al financiamiento del presupuesto público, que les permite pagar altos sueldos a funcionarios que ocupan cargos de alta dirección, pago de empleados de gobierno de menor nivel, pago de renta de oficinas, electricidad, agua potable, etc. Tenemos a un Isssteson que enfrenta una crisis financiera, pero eso no evita que se pague altos sueldos a los funcionarios administrativos. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción que no ha presentado informes sobre casos de corrupción, por otro lado, tenemos una Contraloría General del Estado, cuyo titular es acusado de desvío de fondos por un grupo de comisarios que se quejan de haber sido despedidos sin recibir el pago de sus sueldos y finalmente, tenemos una Comisión de arbitraje médico que no ejerce las funciones para las cuales fue creada y se limita a proteger a funcionarios e instituciones de las quejas que provengan de ciudadanos inconformes por fallas en el servicio de alguna institución de salud pública, o por mala praxis médica de algún profesional de la medicina.
Todo ese dinero que proviene del pueblo vía el pago de impuestos, se invierte para mantener a funcionarios que no cumplen con la responsabilidad de realizar su trabajo, que aprovechan su estancia en esos puestos para enriquecer sus fortunas personales, sin cumplir con sus responsabilidades como funcionarios públicos y que carecen de vocación al servicio público, porque han olvidado el concepto de “servidor público”, porque no muestran empatía con quienes se atreven a solicitar su intervención para solucionar algún problema.
En el contexto de la crisis económica global que estamos padeciendo y considerando que el Gobierno de Alfonso Durazo recibió un Estado en grave crisis financiera que motivó la acción de solicitar un préstamo de $1,100 millones de pesos para poder iniciar su gobierno, aumentando con ello la deuda del Estado, una deuda que terminaremos pagando los ciudadanos sonorenses. En diciembre del 2022 el gobierno de Sonora solicitó un nuevo préstamo por $2,100 millones de pesos, es inaceptable que los recursos financieros del Estado se utilicen para pagar altos sueldos a funcionarios públicos que ni siquiera están cumpliendo con sus responsabilidades.
En estas condiciones, es inadmisible que existan dependencias gubernamentales que no cumplen con sus funciones y sobre todo que en un país donde existe una gran cantidad de personas viviendo en condiciones de pobreza, es inaceptable que existan funcionarios que se enriquecen, percibiendo sueldos superiores a los $100,000 pesos, sobre todo, cuando reciben esos emolumentos sin cumplir con sus responsabilidades.
La presencia de funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades propias de sus puestos y se limitan a enriquecer sus fortunas personales con la percepción de altos sueldos, contribuye al debilitamiento de las instituciones públicas y con ello aumentan las posibilidades de una inminente desaparición por mostrar ineficacia en su misión, lo cual favorece a las políticas neoliberales que pretenden privatizar los servicios públicos a nombre de que las dependencias públicas no están funcionando.
En conclusión, podemos decir que el aprendizaje que podemos extraer de estas experiencias, es que los problemas que afectan a jubilados y pensionados, no lo resolverán las autoridades que nos gobiernan, debemos estar conscientes de que los problemas que enfrentamos en el sector salud, sólo serán resueltos por los propios jubilados y pensionados, actuando en forma organizada, colectiva y unida, por lo que necesitamos desarrollar acciones colectivas para manifestar nuestras demandas, mostrar fuerza y ejercer presión para exigir solución a los problemas que estamos planteando y debemos dirigirnos a la máxima autoridad que es el Gobernador del Estado, porque los funcionarios de primer nivel no están cumpliendo con sus responsabilidades.
Los tiempos que estamos viviendo son de incertidumbre y desesperanza para millones de personas que enfrentamos en condiciones de desamparo institucional los problemas que afectan nuestra salud. Necesitamos tomar consciencia de que al unir nuestras fuerzas y organizarnos para actuar en forma colectiva, estaremos creando un poder ciudadano que permitirá que nuestras voces sean escuchadas. En el caso de Sonora, los jubilados de la Universidad de Sonora, del ISSSTESON, de IMSS; del ISSSTE, Telefonistas, Conjupam, Conajupe e IDEHal Sonora, nos hemos unido para construir el Frente de Jubilados y Pensionados de Sonora. Estamos compartiendo un despertar social, en el cual vemos la necesidad de construir una nueva figura del jubilado como sujeto activo que participa en política, exigiendo respeto a sus derechos como ciudadano.
Por esas razones hemos decidido participar en la marcha de este primero de mayo, partiendo de la premisa de que en nuestra condición de jubilados, aún seguimos siendo parte integrante de la clase trabajadora, podremos estar retirados laboralmente, pero podemos estar activos políticamente, por lo que haremos acto de presencia como una organización que agrupa a un colectivo amplio de jubilados y pensionados, que tenemos plena consciencia de que sólo a través de la movilización unida, colectiva y en forma organizada, es como podremos resolver los problemas que nos afectan.
Se hace una cordial invitación a todos los jubilados y pensionados, a jóvenes que tienen adultos mayores en casa, a trabajadores activos que deseen acompañarnos en la lucha por la defensa de la salud y de la jubilación, para que aumentemos el volumen de nuestras voces y logremos ser escuchados en nuestras demandas siguientes:
¡Reducción de sueldos a funcionarios que perciben salarios superiores a los $100,000 pesos. ¡De la misma forma que se pretende reducir las pensiones con un monto máximo de 47,000 pesos, que los funcionarios administrativos, también tengan un tope salarial!
¡Equipamiento de aparatos médicos modernos en los hospitales del Isssteson, Issste e Imss¡
¡Abasto oportuno de medicamentos en todas las dependencias del sector salud!
¡Contratación de un mayor número de médicos especialistas y personal de Enfermería!
¡Reanudación de servicios médicos y de farmacia los fines de semana en el Isssteson¡
Hagamos acto de presencia este primero de mayo, día internacional de los trabajadores y de los jubilados como parte integrante de la clase trabajadora, el punto de reunión será en el Museo de la Universidad de Sonora y estaremos ubicados entre los contingentes de los Telefonistas y los académicos del Staus.
Macron promulga entre protestas la ley de las pensiones y su primera ministra trata de aplacar el descontento
https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/15/643a4f0bfc6c83fc7e8b45ad.html
Protesta en Uruguay: el gobierno de Luis Lacalle Pou enfrenta un paro parcial contra la reforma jubilatoria
Aprueba Congreso de Sonora solicitud de aumento de deuda por 2,100 millones de pesos
https://www.facebook.com/watch/?v=554140689630517
Comité de participación ciudadana en Sonora
https://www.facebook.com/cpcsonora?locale=es_LA
Fiscalía Anticorrupción en Sonora
https://www.facebook.com/pages/FAS-Fiscal%C3%ADa-Anticorrupci%C3%B3n/745078805832591?locale=es_LA
Un grupo de ex Comisarios Públicos Ciudadanos acusan al Contralor Guillermo Noriega por desvío de recursos
En definitiva, para poder resolver todos estos problemas con el mal gobierno es organizandonos y reorganizandonos, trabajando juntos por un bien común. Eliminemos al neoliberalismo.
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