La lucha de los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo

Oscar Yescas Domínguez

30 de enero de 2,022

El día de hoy se cumplen seis días de haber sido tomadas las instalaciones del Palacio municipal de la capital sonorense, una nota que sorprende porque es la primera vez que las oficinas del Gobierno municipal de Hermosillo son cerradas, tomadas y custodiadas a manera de protesta por un grupo de manifestantes. Otro factor que toma de sorpresa es que quienes están realizando esta acción son trabajadores pensionados y jubilados del propio Ayuntamiento de Hermosillo, es decir, son personas que trabajaron para esa institución durante buena parte de sus vidas y que el día de hoy rebasan los sesenta y setenta años de edad, personas que en lugar de estar seguros en casa, refugiándose de los peligros de contraer el virus del covid, en plena pandemia, realizan guardias las 24 horas para exigir la reparación del daño recibido en sus derechos laborales.

Cabe decir que no fue una acción que se decidió de buenas a primeras, porque este grupo de manifestantes integrado por ex-policías, ex-bomberos, ex-trabajadores de limpia pública, ex-trabajadores administrativos, etc., intentaron por cuatro ocasiones ser recibidos por el Presidente Municipal Jose Antonio Aztiazarán, quien de manera reiterada mantuvo sus puertas cerradas y rechazó cualquier tipo de diálogo o acercamiento con los jubilados que pedían dialogar.

Ante esta reiterada negativa de ser recibidos, al discutir las medidas a tomar para ejercer presión y ser atendidos, los manifestantes decidieron tomar y cerrar las oficinas del Palacio Municipal en una acción inédita, porque pensaron que cerrar el tráfico en esa céntrica zona sólo provocaría molestias a la ciudadanía y no garantizaría cambio de actitud de la autoridad municipal.

Pero al analizar los motivos que provocaron esta medida extrema, lo que en realidad sorprende fueron las causas que les dieron origen. Resulta que el 21 de diciembre pasado, Autoridades del Ayuntamiento, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz y la representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados, Guadalupe Flores, firmaron un convenio en el cual se eliminan varias prestaciones para los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo tales como vales de ayuda para despensa ($1,600 pesos quincenales), apoyo para pago de energía eléctrica, apoyo económico para gastos médicos mayores (varios de los jubilados padecen enfermedades crónico-degenerativas), ayuda para gastos funerarios que consisten en el uso gratuito de la funeraria del Ayuntamiento y el otorgamiento de un terreno para la sepultura del jubilado fallecido, entre otras prestaciones.

Este convenio fue avalado con la firma de los integrantes del Cabildo hermosillense, por lo que podría presumirse de que dicho documento es válido, pero surge un primer cuestionamiento desde desde una perspectiva legal: ¿es legal que a través de la firma de un documento en el cual se eliminan derechos laborales, se proceda a recortar de inmediato esos derechos a quienes han venido disfrutando de los mismos durante los años recientes?

Hay un principio legal en todas las leyes y es que éstas no tienen retroactividad alguna, es decir, que no pueden eliminarse las prestaciones que han estado recibiendo los trabajadores jubilados desde mucho antes de la firma de este convenio. Quizá pudiera ser legal eliminar estas prestaciones laborales para las nuevas generaciones de jubilados que vengan en el futuro, pero es ilegal despojar de estos derechos a quienes ya disfrutan de los mismos desde hace años.

Por otro lado, desde una perspectiva humanista y social, es a todas luces realmente inmoral, porque perjudica los intereses de jubilados que entregaron gran parte de sus vidas a la institución que por vaivenes del juego político, el día de hoy es administrada por una autoridad que proviene del Partido Acción Nacional, que se ha caracterizado por el ejercicio autoritario en su liderazgo y que hoy honra la fama que se ganó en el pasado al negarse a recibir a antiguos servidores públicos a quienes esta misma autoridad les está mutilando sus derechos laborales.

El viernes pasado, después de cuatro días de tomadas las oficinas por los manifestantes, el Presidente Municipal José Antonio Astiazarán aceptó reunirse a las 14 horas con los jubilados, pero no se presentó, en su lugar llegaron sus representantes que informaron que el Presidente Municipal, sólo aceptaría dialogar si los manifestantes abren las puertas de Palacio, solicitud que fue negada por quienes mantienen tomadas las oficinas.

Cabe mencionar que en los estatutos del Sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, cuando un trabajador sindicalizado se jubila, deja de cotizar a su sindicato y queda en total indefensión, sólo amparado por la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento. Por eso llama la atención que dicho convenio haya sido firmado por el dirigente sindical aceptando que se eliminen derechos laborales a personas de la tercera edad a quienes ya no representa, pero que sí afectará a los trabajadores activos cuando lleguen a jubilarse, por eso cabe la pregunta:¿con qué autoridad legal firmó ese documento y cuales fueron los motivos que lo impulsaron a hacerlo?

Por otro lado, también es cuestionable la acción de la representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo quien ocultó información durante varias semanas el contenido de este convenio y sobre todo del impacto negativo que el mismo tendría en los intereses de sus representados y lo más cuestionable es que cuando los jubilados sufrieron el recorte de sus prestaciones e iniciaron sus protestas, esta persona se apresuró a deslindarse de las acciones de quienes participaron en las mismas, diciendo que ella no formaba parte de las acciones de protesta.

Las personas perjudicadas por la firma de este convenio se vieron obligadas a salir de sus casas para defender sus derechos violados por quienes deberían garantizar el respeto a los mismos y en plena pandemia, salen a la vía pública arriesgándose a contagiarse de covid-19, a sufrir más enfermedades por exponerse a bajas temperaturas y hacer grandes esfuerzos para realizar guardias las 24 horas del día. Por su avanzada edad y por su entrega al trabajo mientras fueron trabajadores activos no merecen estas agresiones a su calidad de vida, pero sobre todo no hay necesidad alguna de quitarles estas prestaciones porque el argumento principal es que se pretende ahorrar dinero para “proceder a utilizar esos recursos para gastos de pavimentación”.

Como siempre suele suceder, a las personas más débiles e indefensas se suele golpear quitándoles sus derechos con el argumento de que no hay dinero y con el objetivo de ahorrar algunos pesos. Pero si volteamos la mirada para observar el destino de las finanzas del Ayuntamiento de Hermosillo, sobre todo en el pago de nómina del Ayuntamiento, podríamos ver la existencia de una gran distancia entre los sueldos que perciben los altos funcionarios de la administración municipal y los bajos sueldos que perciben los trabajadores de menor ingreso en la estructura salarial de dicha institución.

En este contexto y ante la cerrazón al diálogo que se observa por parte de las autoridades municipales, deberíamos exigir que se haga público el sueldo que percibe mensualmente el Presidente Municipal en turno y compararlo con el sueldo de los jubilados a quienes les están quitando estas prestaciones y que muchos de ellos perciben sueldos inferiores a 5,000 pesos mensuales. La ciudadanía hermosillense tiene el derecho de saber cuánto perciben los funcionarios de confianza que ocupan puestos de primer nivel en el gobierno municipal, de igual forma, las autoridades municipales tienen la obligación de informar cuánto ha gastado el Ayuntamiento de Hermosillo en publicidad para favorecer la imagen de la administración actual informando de las acciones de obras públicas que son su responsabilidad y no son logros personales que deban festejarse.

Los tiempos de autoritarismo gubernamental han quedado atrás, hoy tenemos una ciudadanía que está atenta y pendiente del uso de los recursos gubernamentales por parte de las personas que integran los tres niveles de gobierno. De la misma forma puede decirse que la ciudadanía hermosillense, sonorense y mexicana está en contra de cualquier tipo de abuso de autoridad y en ese sentido el Presidente Municipal Jose Antonio Aztiazarán debe cumplir con el encargo que le otorgó el electorado de atender a la ciudadanía que le pide derecho de audiencia para plantear problemas que les afectan como individuos y colectividad y en este caso su obligación de atender el llamado al diálogo es mayor, porque quienes le están pidiendo derecho de audiencia son los afectados por una decisión en la que el propio Presidente municipal participó al despojarles de derechos ya reconocidos a nombre de un pretexto ridículo como lo es obtener recursos para proceder a la pavimentación de calles de Hermosillo.

El conflicto se ha prolongado demasiado y las autoridades aprovechan el argumento de la pandemia para realizar trabajo virtual y esperar que se desgasten los inconformes. Las autoridades dicen que pretenden ahorrar recursos para pavimentar, pero no están diciendo cuánto dinero está perdiéndose cada día por concepto de horas-hombre no trabajadas por la toma del edificio del ayuntamiento. Cientos de empleados no pueden trabajar por la toma del edificio y esas personas están recibiendo su salario sin problema alguno. Cada día que pasa en este paro forzoso de labores se pierde una inconmensurable cantidad de dinero por la cerrazón al diálogo, un dinero que proviene del pago de los impuestos de la ciudadanía. Por todos estos motivos, urge resolver este conflicto lo antes posible porque de no hacerlo, existe el riesgo de que el mismo podría tener fatales consecuencias, dadas las delicadas condiciones de salud y estado de edad avanzada en el que se encuentran los manifestantes, quienes están dando un gran ejemplo a seguir para los trabajadores activos del Ayuntamiento de Hermosillo, ya que su dirigente Salvador Díaz traicionó a los jubilados y a ellos mismos, ya que en un futuro cada vez más lejano, estarán en el espejo en el cual hoy se ven los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, abandonados por el sindicato al que pertenecieron y traicionados por la Presidenta suplente de la Asociación de Pensionados y Jubilados Guadalupe Flores.

En ese contexto, los trabajadores activos del Ayuntamiento de Hermosillo, deben cerrar filas apoyando a sus excompañeros de trabajo hoy jubilados, apoyando su movimiento exigiendo la apertura del diálogo y brindando apoyo en especie para ayudar a la resistencia de las guardias que custodian las instalaciones del Gobierno Municipal las 24 horas del día.

Cabe mencionar que los protagonistas de este movimiento de resistencia, los trabajadores jubilados del ayuntamiento de Hermosillo, han recibido innumerables muestras de apoyo de parte de diversas organizaciones como el Movimiento 30 de julio, la Delegación de Pensionados y Jubilados del Staus y de la ciudadanía hermosillense en general. Este apoyo ha consistido en el otorgamiento de despensas, café y dinero en efectivo, pero el apoyo más importante que podrían recibir en esta situación es manifestar en forma colectiva un llamado al diálogo exigiendo que el Presidente Municipal Jose Antonio Aztiazarán cumpla con su rol de servidor público y atienda la demanda de dar marcha atrás a estas medidas que atentan no sólo contra las condiciones de vida de los afectados, también afectan al Estado de derecho y sobre todo cuestionan el juicio de las autoridades al justificar estas acciones diciendo que estos recursos se utilizarán para pago de pavimentación.

Se invita a la ciudadanía en general a que utilice las redes sociales y haga tendencia en las mismas el llamado al diálogo y el respeto a los derechos de los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, se acerquen a las guardias que custodian el edificio del Ayuntamiento de la capital sonorense. De igual forma, se hace un llamado a organizaciones sindicales y sus militantes a que se manifiesten apoyando la causa de estos trabajadores jubilados que están siendo afectados en sus derechos laborales.