Hagamos de este mundo un mundo mejor

Oscar Yescas Domínguez

16 de diciembre de 2,021

La palabra crisis se ha manejado con tal frecuencia en los diarios, en la televisión, en el discurso gubernamental y en las conversaciones de la vida cotidiana, que ha perdido su significado original y se culpa a “la crisis” de todo suceso adverso, sobre todo aquellos problemas relacionados con la economía. Desde que tengo memoria se ha argumentado la existencia de una crisis para contener salarios, para subir los precios de alimentos, para recorte de personal, reducciones al presupuesto de educación, de salud, etc.

El problema es si analizamos con ojos críticos la realidad social circundante, veremos que la crisis tiene sus niveles ya que no es pareja porque si bien afecta a una gran mayoría, tiene efectos contrarios para una pequeña minoría que forman o formaron parte del poder y que cometieron delitos mediante actos de corrupción desviando cuantiosos montos del presupuesto público para engrosar sus fortunas, de tal forma que son quienes se benefician de la crisis que afecta a una gran mayoría de la población.

Por esos motivos la palabra crisis suele ser asociada a la palabra corrupción que también es un tema de uso frecuente en nuestros días porque forma parte del repertorio de contenidos que presentan los medios de difusión masiva y en la información que circula en redes sociales y los actos de corrupción que se han denunciado en las esferas gubernamentales comprueban la tesis de que la corrupción es un problema estructural en la sociedad contemporánea y ha sido una de las causas principales del crecimiento inconmensurable de una desigualdad social en la sociedad en la que vivimos.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Sonora, en México, en donde el nuevo Gobernador Alfonso Durazo en su toma de posesión denunció ante los medios que recibía un Estado en crisis, con una gran deuda millonaria heredada del Gobierno que encabezó Claudia Pavlovich, quien en un acto sin precedentes, solicitó y le fue autorizado indebidamente un adelanto de miles de millones de pesos del presupuesto del próximo gobierno para pagar sus adeudos pendientes, dejando sin recursos financieros a quienes administran el nuevo Gobierno.

Lo mismo hizo el Director del Isssteson Jesús Acuña al denunciar que la corrupción formaba parte de la estructura de ese organismo ya que encontró que las autoridades anteriores formaban parte de una mafia interna que tenía conexiones con proveedores externos, con quienes manejaban un mercado negro de medicamentos y desviaron grandes cantidades de recursos financieros de ese instituto de tal forma que dejaron deudas millonarias con diferentes proveedores de servicios y que por ello se provocó el problema del desabasto de medicamentos, carencia de equipos médicos y que por ese motivo no tenían dinero para funcionar adecuadamente, ya que la mayor parte del presupuesto del instituto se va en el pago de nómina y pensiones a jubilados.

El problema que se observa es que al parecer hay una gran incongruencia entre el discurso y la acción de funcionarios gubernamentales, porque se habla en redes sociales de actos de corrupción de sexenios anteriores, pero pero este discurso (que por sí mismo es una denuncia pública) no se acompaña con expedientes que presenten evidencias que respalden una denuncia jurídica ante las instancias correspondientes que permita realizar una investigación que deslinde responsabilidades civiles o penales para quienes participaron en estos actos de corrupción que afectaron a miles de sonorenses.

Esta incongruencia entre el discurso y la acción que se observa en el nuevo Gobierno es que mientras afirman de forma frecuente en redes sociales y en medios masivos de difusión, que recibieron un Estado en crisis provocados por actos de corrupción del gobierno anterior y que el daño provocado por estos actos de corrupción han sido de tal magnitud que les impide cumplir con eficiencia las funciones institucionales porque no hay dinero suficiente para para hacerlo, por lo que piden comprensión y paciencia al nuevo Gobierno para resolver con calma la problemática financiera, las autoridades gubernamentales omiten dar el siguiente paso que consiste en presentar denuncias acompañadas con evidencias ante las instancias correspondientes que tienen como función combatir la corrupción, para que éstas hagan su trabajo.

Mientras circulan en redes sociales declaraciones del Gobernador y del Director del Isssteson del impacto negativo de la corrupción del Gobierno anterior, los responsables de las instituciones gubernamentales encargadas de combatir la corrupción declaran que en los tres meses de iniciado el nuevo gobierno, no han recibido denuncia alguna para investigar los actos de corrupción cometidos por el Gobierno de Claudia Pavlovich y que mientras no haya denuncias formales, no pueden proceder a realizar investigación alguna. Este ha sido el caso de la Fiscalía Anticorrupción del Estado encabezada por Rogelio López García.

Esto no impide que el Gobernador Alfonso Durazo declare que el combate a la corrupción será una de las principales líneas a seguir en su sexenio, pero mientras esto dice el impacto negativo de la corrupción de gobiernos anteriores repercute negativamente en la salud y economía de los derechohabientes del Isssteson que ante el problema de desabasto de medicamentos que enfrentan cuando acuden a las farmacias a recoger sus medicinas con resultados negativos, se ven en la necesidad de comprar las medicinas con su propio dinero porque las enfermedades no pueden esperar a que las autoridades cumplan sus promesas de cumplir al 100% con el abasto de medicinas.

Mientras esto sucede, los exgobernadores Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich, junto con su séquito de funcionarios que fueron acusados públicamente de enriquecimiento ilícito al desviar grandes cantidades de presupuesto, caminan libremente por las calles y disfrutan de una vida de lujos sin sentir temor alguno de que las consecuencias de sus actos los conduzcan a prisión, al decomiso de sus bienes y a la congelación de sus cuentas bancarias donde tienen cuantiosas fortunas. Por estos motivos existe el fundado temor entre la población sonorense de que se repita la historia de otros gobiernos que iniciaron denunciando la corrupción del gobierno anterior acusándolos de cometer desfalcos millonarios, pero imperó la impunidad porque no hubo detenidos ni recuperación de bienes o fortunas robadas del presupuesto público.

La afirmación de que la corrupción es un problema estructural tiene su fundamento al detectar que la mayoría de los actos de corrupción cometidos por gobiernos anteriores contaron con una red de complicidades de una verdadera mafia de delincuentes de cuello blanco, que actuaron en forma organizada para adaptar el sistema legal para realizar un saqueo de las finanzas públicas de tal forma que podría decirse que pusieron “candados legales” para impedir acciones jurídicas en su contra y evitar ser enviados a prisión, pero eso no evita el que las nuevas autoridades utilicen todos sus recursos para encontrar el hilo de la madeja que permita deshacer el manto de la impunidad que ha cubierto los actos de corrupción que tanto daño han provocado a la sociedad sonorense.

Todo indica que tenía razón Eduardo Galeano cuando decía que la justicia es como la serpiente porque sólo muerde a quienes están descalzos, porque las medidas tomadas por las nuevas autoridades del Gobierno de Alfonso Durazo para enfrentar el enorme desfalco financiero que encontraron en el Isssteson en lugar de proceder a fincar responsabilidades a quienes acusaron de corrupción, sus acciones se dirigieron a perjudicar al eslabón más débil de esta institución: los derechohabientes y los jubilados, porque a pesar de las declaraciones de que se obtuvieron grandes cantidades de medicamentos para terminar con el problema del desabasto de medicamentos, éste continúa y además de ello procedieron a pagar con retraso las pensiones a los jubilados a nombre de que no hay dinero. Puede decirse con toda razón que el problema del desabasto de medicamentos fue herencia del gobierno anterior, pero lo que sí es cierto es que el retraso en el pago de las pensiones fue una decisión de la actual administración.

La crisis no es pareja en Sonora porque mientras miles de derechohabientes siguen padeciendo los efectos negativos en su salud provocado por un prolongado desabasto de medicamentos, los sueldos de altos funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado (incluido el Isssteson) continúan en el ostracismo porque no hay transparencia en el pago de la nómina de servidores públicos, sólo nos queda el recuerdo de los altos ingresos que ganaba la ex-Gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo de colaboradores, por lo que ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros sólo se puede especular que los nuevos funcionarios en el Gobierno del Estado resolvieron su situación económica, al menos por los siguientes seis años en los cuales percibirán sueldos amorales en el contexto de una sociedad y un Estado en crisis financiera.

En una sociedad en crisis económica y sobre todo en un Gobierno estatal que inicia, lo esperado sería que se implementara una política de austeridad presupuestal y seguir el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de reducir a la mitad los sueldos de los servidores públicos de alto nivel. Pero la realidad es otra ya que se estima que hay funcionarios que ganan más de lo que gana el Presidente de la República.

Vivimos en un momento histórico en el cual la desigualdad social crece cada día más afectando el bienestar social y la justicia social. El bienestar social depende del reparto equitativo de los recursos de una sociedad y la justicia social existe cuando se logra la asignación equitativa de cargas, recursos y poderes dentro de una sociedad. Para terminar con la desigualdad social, los grupos marginados y excluidos socialmente deben construir un poder que les permita hacer escuchar sus voces y realizar acciones colectivas que les permitan superar los obstáculos que impiden lograr la construcción de la democracia social, la imparcialidad en la justicia y la igualdad social. Esto sólo se logrará a través de la participación social de parte de la ciudadanía que forma parte de una sociedad donde existe una gran desigualdad social.

En el caso de Sonora y concretamente de los derechohabientes del Isssteson, una institución golpeada duramente por actos de corrupción, afortunadamente el hartazgo de las violaciones a los derechos a la salud provocó una reacción social que permitió el surgimiento del Movimiento 30 de julio para iniciar una defensa organizada de los derechos a la salud y a la jubilación de los derechohabientes del Isssteson, para lograr terminar con el problema del retraso en el pago de las pensiones a los jubilados, hacer cumplir el compromiso de las autoridades de terminar con el desabasto de medicamentos (un compromiso no cumplido al 100 porque todavía hay medicamentos que no se surten por completo, por lo que la salud de miles de derechohabientes sigue sufriendo los estragos de actos de corrupción de funcionarios del gobierno anterior) y por el rescate del Isssteson.

En este panorama de corrupción, impunidad e injusticia social, el surgimiento del Movimiento 30 de julio se presenta como la oportunidad de transformar esa indignación colectiva por los actos de corrupción en una esperanza de lograr un cambio social, porque “la esperanza es el sueño del hombre despierto” decía el filósofo griego Aristóteles, porque este movimiento se presenta como un despertar ciudadano en un momento histórico en el que todas las puertas se cerraban para quienes acudían al Isssteson a pedir se cumpliera su derecho a la salud y recibían una respuesta negativa. Los partidos políticos representados en las figuras de Senadores, Diputados Federales y Diputados locales, han guardado un cómplice silencio ante las violaciones a los derechos de la salud y jubilación de los derechohabientes del Isssteson. Pero sobre todo, hacen un verdadero mutis en lo que respecta al reclamo que presenta la ciudadanía que dicen representar de castigo a los responsables de los actos de corrupción que tanto daño social provocaron.

De igual forma han procedido las dirigencias de los sindicatos quienes cerraron sus oídos a los reclamos de respeto a los derechos a la salud y a la jubilación, por lo que el Movimiento 30 de julio surgió como grupo social emergente y en los últimos cuatro meses se ha posicionado en nuestra capital como el movimiento que lidera la lucha en defensa de la salud y de la jubilación, al ser reconocido y aceptado por funcionarios gubernamentales como interlocutores sociales y haber logrado hacer escuchar la voz de miles de derechohabientes cuya voz había sido ignorada sistemáticamente.

Este reconocimiento no ha sido gratuito, es el resultado de movilizaciones colectivas, el uso de redes sociales, la organización de comisiones de trabajo, realización de reuniones con funcionarios gubernamentales, pero fundamentalmente, gracias a la participación ciudadana que se ha logrado a través de este movimiento, que ha logrado confirmar que la sociedad civil puede cuestionar esquemas verticales de representación y autoritarismo que tendían a excluir las demandas de la ciudadanía.

Como movimiento ciudadano independiente, el Movimiento 30 de julio sigue manifestando su necesidad de ser escuchado por los dirigentes gubernamentales y representantes políticos que la propia ciudadanía eligió en el pasado proceso electoral, reclamando participar más activamente en las decisiones que estos personajes producto de una democracia representativa toman en forma frecuente y que afectan directa o indirectamente los intereses colectivos.

La existencia de una crisis en la sociedad de la que formamos parte demanda una participación más activa de la sociedad civil y el Estado se encuentra obligado a reevaluar su propia organización en la medida que la globalización impone nuevas formas de interacción social. En estas nuevas formas de interacción se impone la necesidad de construir una democracia participativa para lograr que los gobiernos modifiquen su estructura y funcionamiento de tal forma que la ciudadanía pueda proponer, sugerir o cuestionar desde una plataforma legal todo aquello que pretenda violentar los intereses sociales y derechos legalmente adquiridos. Una de las exigencias que presenta la ciudadanía sonorense es un rotundo NO a la impunidad de actos de corrupción de gobiernos anteriores.

Para poder salir de la crisis se impone cada vez más que autoridades gubernamentales y ciudadanía construyan juntos una comunidad horizontal en la que las ideas y aportaciones de la ciudadanía sean escuchadas y retomadas para legitimar acciones gubernamentales, en la medida de que ciudadanía y gobierno se perciban como complementos y no como entes antagonistas.

A través de la participación social y la colaboración con autoridades gubernamentales se puede construir una relación ganar-ganar en la que se logre un resultado sinergético en el cual se consolide la participación social en la construcción de la democracia y los sistemas de gobiernos sufran una metamorfosis al modificar las estructuras gubernamentales terminando con la estructura piramidal para dar lugar a una estructura de tipo horizontal.

En ese sentido, el Movimiento 30 de julio es una muestra de que la democracia representativa ya no es suficiente como modelo de desarrollo de los principios y supuestos de la democracia, por lo que le apuesta a la participación ciudadana como forma de construir una democracia participativa, en forma congruente y pertinente a los tiempos históricos que estamos viviendo que presentan la necesidad del surgimiento de un nuevo sujeto político que enfrente al carácter centralizador del Estado y permita reconstruir el contrato social que ha sido dañado por la implementación de políticas neoliberales.

El mundo que nos tocó vivir padece de desigualdad social, actos de corrupción cubiertos por la impunidad que generan verdaderos actos de injusticia social, motivos por los cuales existe un sufrimiento colectivo. Llegó la hora de dejar de creer en que otras personas resolverán los problemas que estamos padeciendo, es el momento de empezar a creer en nosotros mismos, de recuperar la confianza perdida y construir una identidad colectiva, un sentimiento de pertenencia a nuestras comunidades. Debemos tomar consciencia de que a través de la participación ciudadana podemos construir un poder popular que permita cambiar este mundo tan disparejo para construir un mundo mejor en el cual los actos de corrupción sean castigados conforme a un Estado de Derecho, un mundo en el cual las injusticias y actos de antidemocracia no tengan cabida y esto lo lograremos a través de la construcción de una verdadera democracia participativa, el Movimiento 30 de julio está abriendo el camino para construir las condiciones de aumentar la participación ciudadana al lograr demostrar que a través de la acción colectiva, unida y organizada podemos obtener las metas que nos propongamos. Hagamos juntos de este mundo un mundo mejor.