Resistencia ciudadana al autoritarismo en Sonora
¡No a las presas en el río Sonora!
Oscar Yescas Domínguez
04 de octubre de 2025
La humanidad entera se encuentra inmersa en una crisis social de múltiples dimensiones (económica, política, ecológica, sanitaria, etc.), esta explosiva situación se complica por la presencia de guerras y la decisión de los dirigentes de las grandes potencias de reducir el gasto social para desviar grandes cantidades del presupuesto público y fortalecer su potencial militar, anunciando con ello que se preparan para continuar alimentando el espíritu de la guerra (1).
Los llamados gobiernos progresistas dentro de los cuales se encuentra México, intentan escapar de la dictadura del mercado defendiendo su soberanía, pero no pueden escapar de participar en una guerra comercial porque vivimos en un mundo globalizado, por lo que la tendencia armamentista también forma parte de sus políticas públicas, pero a una menor escala porque se intenta priorizar la atención a las necesidades sociales destinando recursos financieros para programas de bienestar social y construcción de obras públicas.
Pero el poder económico representado por la oligarquía corporativa se ha impuesto al poder político y ha logrado reducir la capacidad del Estado al imponer políticas neoliberales que debilitaron instituciones gubernamentales para privatizar servicios públicos, eliminar derechos laborales, desaparecer prestaciones sociales, políticas que beneficiaron al poder corporativo al maximizar sus beneficios económicos pero que provocaron un incremento de la desigualdad social al aumentar los niveles de pobreza y precariedad social en las condiciones de vida de una inmensa mayoría marginada.
Ese es el origen de varios conflictos sociales alrededor del mundo, porque han surgido diferentes movimientos colectivos que luchan en defensa de derechos laborales perdidos, de la salud, del medio ambiente, del agua y de derechos sexuales. Estos movimientos colectivos forman parte de una fuerza social internacional que lucha en forma dispersa a nivel global en contra de otra fuerza que no reconoce fronteras, que actúa en forma organizada y está integrada por el poder corporativo que cuenta con el apoyo del poder político (2).
En este contexto, los líderes políticos de los gobiernos progresistas se enfrentan a una encrucijada: servir al capital privado utilizando presupuesto público para proyectos que favorecen a la oligarquía nacional e internacional, esperando recibir grandes inversiones para favorecer la economía, o cumplir con su función de servidores públicos y reconstruir al estado del bienestar social para pagar la deuda que tienen con las mayorías marginadas porque fueron sus votos los que les permitieron llegar a la cima del poder político en jornadas electorales democráticas.
En el marco de la crisis social global, los gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas tienen la obligación moral y ética de actuar como verdaderos servidores públicos y manejar el presupuesto público para diseñar e implementar políticas públicas que estén destinadas a la atención a las necesidades sociales que padecen las mayorías marginadas que están siendo afectadas por una grave crisis económica y la necesidad de actuar de esta forma aumenta cuando quienes gobiernan manejan la frase “primero los pobres”, como consigna principal en sus discursos oficiales.
Lamentablemente, los cambios políticos que se han presentado en México no han sido van acompañados de cambios culturales al interior de las dependencias gubernamentales y el cambio de partido en el gobierno no garantiza un cambio total en la forma de gobernar, porque en algunos estados de México el discurso político que manejan los gobernadores continúa manteniendo una gran distancia con la acción de quienes gobiernan, provocando una decepción colectiva porque no se cumplen las promesas de campaña y de transformación social, por lo que esta incongruencia contribuye a agudizar la crisis política.
La experiencia popular bajo la tutela de gobiernos prianistas anteriores condujo al surgimiento de un sentimiento de desconfianza y sospecha de que los políticos aprovechan su estancia en el poder para desviar recursos públicos y enriquecer su fortunas personales dejando como herencia un aumento exorbitante de la deuda pública que terminarán pagando las siguientes generaciones.
Esta desconfianza y recelo hacia los políticos prianistas que han gobernado Sonora se extiende en estos momentos sobre la figura del primer Gobernador morenista en Sonora Alfonso Durazo, acompañados de un sentimientos de decepción colectiva porque su llegada a la gubernaura sonorense generó muchas expectativas de cambio y transformación social en el Estado de Sonora. Lamentablemente, a 4 años de su gobierno, estas expectativas no solo no han sido satisfechas, sino que, desde una perspectiva crítica, no se observa diferencia alguna entre la actuación de funcionarios de los gobiernos prianistas anteriores y los funcionarios que conforman el equipo de colaboradores cercanos de Alfonso, ya que dentro de su gabinete se encuentran destacados prianistas ocupando posiciones de poder.
En su gestión como Gobernador Alfonso Durazo ha estado utilizando la mentira como estrategia de su gestión y uno de los ejemplos más claros de que su palabra ha perdido valor es el incumplimiento de su promesa de “no patear el bote” y de rescatar al Isssteson de la grave crisis financiera en la que se encuentra sumido y que está violando el derecho de la salud de miles de derechohabientes y poniendo en riesgo la vida de jubilados y pensionados por falta de medicamentos, retraso en la atención de médicos especialistas y las condiciones de austeridad que presenta el Hospital Chávez.
En una sociedad donde la ignorancia es cada vez más colectiva, es común que los altos mandos desdeñen las aportaciones de las ciencias sociales que nos ayudan a mejorar la conducción de las organizaciones y esto provoca “miopía de mercadotecnia” que consiste en un desconocimiento de los deseos, necesidades y expectativas de la población, ya sea como consumidores o ciudadanos. Esta miopía se refleja en el mal servicio que reciben los ciudadanos en el servicio que brindan las dependencias gubernamentales, ya sea en materia de salud, educación, seguridad pública, denuncia sobre corrupción.
En el caso de las organizaciones públicas, es donde se refleja con mayor claridad la ausencia de las aportaciones de las ciencias sociales, porque los puestos de altos mandos y mandos medios son ocupados por personas que carecen de los conocimientos, experiencia, habilidades y capital humano que están contemplados en el perfil de cada puesto. Esto se debe a que los puestos de dirección en las dependencias de gobiernos de los tres niveles se han convertido en la recompensa que obtienen personas ligadas a la máxima autoridad política, ya sea por vínculos de amistad, compromisos de campaña, favores políticos o vínculos sexuales (3).
Esta ausencia del saber científico no solo se refleja en la contratación de personas equivocadas en puestos clave que con su carencia de vocación de servicio público afectan el servicio que se brinda a la ciudadanía al no atender las necesidades sociales, porque una gran mayoría de quienes ocupan cargos públicos sólo están ahí por ambición personal buscando la forma de enriquecerse con dinero público al percibir altos sueldos, sino que afecta también la calidad del servicio público y genera deficiencias en la atención a las necesidades sociales, porque la mayor parte del presupuesto en las diferentes dependencias públicas se va en el pago de la nómina y una mínima parte se destina al gasto corriente.
En un contexto de crisis social, que se caracteriza por la irrupción de grandes cambios sociales que crean la necesidad de implementar cambios planeados para mejorar su funcionamiento, quienes dirigen las organizaciones gubernamentales sólo están ahí de manera temporal para enriquecer sus fortunas personales y tienen su mirada fija en las próximas elecciones porque aspiran brincar a otro puesto en una carrera laboral de índole personal. El problema aumenta porque no ha cambiado la cultura organizacional y no se ha incorporado dentro de la misma la atención a las necesidades sociales como un valor prioritario que sea compartido por todos los integrantes de las organizaciones públicas.
Cambia el partido en el gobierno, pero los políticos oportunistas brincan de un partido a otro para seguir en el poder político y de esta forma siguen en el poder políticos que participaron en el pasado reciente en actos de corrupción y por esta razón continúa el saqueo de bienes de la nación a través del desvío de fondos públicos para enriquecer fortunas personales.
La responsabilidad principal de esta situación recae en las figuras de mayor autoridad, como la Presidencia, Gobernadores y Presidentes Municipales, porque son ellos quienes seleccionan a los titulares de las dependencias gubernamentales y permiten que continúen en puestos de alta dirección personas que tienen un pasado manchado por su participación en actos de corrupción.
En estos momentos la desconfianza, el recelo y la decepción hacia la figura de Alfonso Durazo se está transformado en un sentimiento de rechazo hacia su persona y este rechazo se está extendiendo hacia el partido que representa, porque el uso de la mentira ha formado parte permanente de su discurso y ha rechazado el diálogo abierto con la población al cerrar las puertas de Palacio de Gobierno cuando se presentan colectivos de manifestantes que demandan solución a problemas específicos, estas acciones solo traen como resultado un mayor alejamiento de la población que dice representar.
En las últimas semanas el rechazo popular hacia el Gobernador de Sonora ha estado creciendo hasta llegar al nivel de la indignación porque ignora el rechazo popular hacia su propuesta de construir tres presas en el lecho del río Sonora (4), una propuesta que presentó sin entregar documento que contenga un estudio técnico que justifique y el rechazo aumentó cuando anunció que se financiaría con la venta de terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez, pero después informó que el gobierno federal invertiría $7,500 millones de pesos y que las presas formaban parte del plan hídrico nacional.
Esta propuesta se discutió en reuniones de los habitantes de los pueblos ubicados en las laderas del río Sonora que realizaron asambleas ejidales y en las plazas de los pueblos donde decidieron rechazar de manera contundente este proyecto, por lo que realizaron una caravana de autos que se manifestaron en Hermosillo para expresar su negativa a tal proyecto. Cabe mencionar que habitantes de Hermosillo se han sumado a las manifestaciones de protesta, porque fueron involucrados cuando Durazo afirmó que el objetivo era garantizar el agua potable a la ciudad de Hermosillo.
Las lluvias recientes que han caído en este año en el Estado de Sonora y que han permitido que termine la sequía prolongada, que los ríos cobren vida de nuevo y se recarguen los mantos acuíferos. Pero las lluvias también han provocado inundaciones, el cierre de carreteras, el aislamiento temporal de pueblos y han evidenciado la falta de inversión gubernamental en la construcción de puentes, carreteras, mantenimiento de calles, construcción de drenaje pluvial, etc., por lo que se puede decir que estas lluvias han exhibido un cúmulo de necesidades sociales que no han sido satisfechas en décadas por los gobernantes anteriores y no han sido atendidas durante los 4 años del gobierno de Alfonso Durazo.
En este punto de contradicción entre un cúmulo de necesidades sociales no atendidas y el anuncio de una inversión multimillonaria en una obra que está siendo rechazada por la población sonorense, resulta pertinente preguntar ¿Quién decide las políticas públicas en Sonora?, en otras palabras, ¿Quién decide el destino del presupuesto público que contiene miles de millones de pesos que pertenecen al pueblo de México en general y al pueblo sonorense en particular?¿Quien decidió que era necesario construir tres presas en el río Sonora?, ¿Quién decidió que era necesario invertir $7,500 millones de pesos en la construcción de tres presas en Sonora y cómo llegaron a la conclusión de que se necesitaba esa cantidad exacta?
De manera sorpresiva, después de la Presidenta Scheinbaum fue informada de que existe rechazo al proyecto de construir tres presas en Sonora y declarara que se realizara una consulta ciudadana para decidir si se construyen las presas o no, llegaron al pueblo de Ures (lugar donde pasan las aguas del río Sonora antes de llegar a Hermosillo) centenares de empleados de gobierno del Estado, maestros del SNTE, INEGI y empleados de Conagua, encabezados por el Secretario de Gobierno Adolfo Salazar, la Secretaria de Agricultura Célida López, el Secretario de Salud Jose Luis Alomia, el Secretario de Educación Froylán Gámez, varios de ellos movilizados en camionetas del Cecytes cuya titular es Blanca Valenzuela, originaria de Ures, para “aplicar una encuesta” en la que se incluían preguntas sobre datos personales, sobre programas de bienestar social y después de compartir información sobre los beneficios de la construcción de tres presas en el río Sonora, les preguntaban si estaban de acuerdo o no con el plan hídrico.
Esta intervención de empleados gubernamentales que intentaron seducir a la población con la esperanza de recibir el beneficio de un programa de bienestar social, mientras informaban de los beneficios de la construcción de presas en Sonora, llevaba la intención de recabar información personal de los habitantes de esa comunidad y presentar los resultados de esa “encuesta” con información donde afirmaba que la población estaba de acuerdo con el proyecto de construcción de tres presas en el lecho del río Sonora, pero recibieron un rechazo generalizado de los pobladores.
La movilización de tal cantidad de recursos públicos se ubica en el lado incorrecto de la historia porque están actuando en contra del bienestar social de la población y exhibiendo que actúan al servicio de intereses privados ocultos, que en este caso son los intereses del Grupo México que necesita garantizar el volumen de agua utilizado en sus procesos de producción de cobre, que le han colocado como la principal empresa corporativa en México (5). Parece que al gobierno del Estado no le importa que la construcción de tales presas provoque graves daños a la fauna, flora y habitantes de comunidades cercanas, sólo le interesa servir al Grupo México que es el principal acaparador de agua en el Estado de Sonora.
En los hechos, esto es una intervención dentro de una comunidad y cualquier persona que acceda al estudio de la teoría social encontrará diferentes formas de intervención comunitaria, porque las ciencias sociales evolucionaron no porque a alguna mente brillante le brotaron ideas nuevas, en realidad surgieron después de realizar actividades prácticas que intentaban resolver problemas y se vio la necesidad de utilizar pensamientos paralelos desde una perspectiva teórica, por lo que se puede decir que las ciencias sociales surgieron para resolver problemas sociales.
El concepto de intervención tiene muchos significados, pero desde la perspectiva de la psicología comunitaria, se puede decir que lo que está pasando en los pueblos cercanos al río Sonora es la implementación de una intervención comunitaria basada en un modelo directivo que proviene de las instituciones gubernamentales y que es un intento autoritario de vencer la resistencia social de quienes se oponen al plan hídrico.
Los protagonistas de este tipo de intervención son agentes externos a las comunidades, empleados del gobierno que recibieron órdenes de sus superiores para presentarse en esa localidad para obtener información que puede ser objeto de manipulación y corre el riesgo de ser usada para afirmar que “una gran mayoría de habitantes de esa zona están de acuerdo con la construcción de las tres presas”. Lamentablemente, este razonamiento se reflejó en un comunicado del gobierno del Estado en el cual habla de una aceptación social de los habitantes de Ures hacia el proyecto de construcción de las tres presas (6,7).
Si realmente fuese cierto que al gobierno del Estado de Sonora le interesa el bienestar de la población, utilizarían el método científico de la psicología comunitaria que consiste en utilizar un modelo participativo en el cual los miembros de las comunidades puedan realizar acciones participativas en los procesos de transformación de su entorno inmediato, desde el inicio del diseño del proyecto de intervención comunitaria, actuando como protagonistas en todas las fases del proceso: diseño, ejecución y evaluación, para que sean los propios integrantes de las comunidades quienes decidan que es lo que se necesita cambiar (8).
Las ciencias sociales en general y la psicología comunitaria en particular nos enseñan que los habitantes de las comunidades en las que se realizará una intervención (como lo es en este caso la construcción de tres presas), no deben considerarse sólo como receptores de la intervención, sino que se requiere que ellos jueguen un papel de actores, de protagonistas del proceso de cambio que tendrá lugar (9).
Lo que estamos observando en la actuación del gobierno de Sonora en su intento de imponer el proyecto de construir tres presas, es una intervención autocrática que no tiene implicación alguna con los integrantes de las comunidades objeto de intervención, ya que no son escuchadas las voces de rechazo al proyecto y en consecuencia, la imposición de este proyecto usando recursos humanos, materiales y financieros de carácter público, sólo está provocando que el proyecto carezca de legitimidad social, porque no cuenta con el primer requisito de la intervención comunitaria, que es la participación activa y consciente de los integrantes de dichas comunidades.
Toda intervención comunitaria debe incluir un proceso de mediación entre los representantes del gobierno y los integrantes de las comunidades para que exista consenso en torno a dos condiciones fundamentales: la autoridad compartida y la intencionalidad del proceso de intervención. Sólo de esta forma podrá garantizarse la cohesión social, la paz y el orden social.
La legitimidad de todo proyecto de intervención comunitaria debe tomar como punto de partida las necesidades y expectativas de los integrantes de las comunidades objeto de intervención, expresadas por ellos mismos y esto sólo se logrará si desde el inicio de la intervención se garantiza la participación de los miembros de las comunidades en el diseño del proyecto de intervención, para garantizar el respeto a la diversidad y propiciar un acercamiento entre el Estado que impulsa la intervención y la autónoma de los habitantes de las comunidades objeto de intervención (10).
Lo que llama más la atención en este conflicto social, es que hasta el momento no se ha dado a conocer ningún documento que tenga un fundamento técnico que justifique los objetivos de la construcción de tres presas y sobre todo, que explique cómo se llegó a determinar la cantidad de $7,500 millones de pesos que se pretende invertir presas en un río temporal que tiene su lecho contaminado por el derrame de deshechos tóxicos de la compañía minera propiedad de Grupo México.
Cualquier persona que tenga conocimiento sobre el diseño de proyectos sociales sabe que el presupuesto de tal intervención se estima después de describir el costo de cada una de las acciones que se realizarán, por lo que suena ilógico presentar una elevada cantidad del costo de una obra sin presentar el proyecto que fundamente tal cantidad.
Dejando a un lado el racionamiento científico, el sentido común nos dice que no suena muy convincente invertir una cantidad multimillonaria en la construcción de tres presas sobre el lecho de un río que está contaminado (sobre este punto debería escucharse las voces de los químicos y especialistas en suelos que ya se han manifestado pero que se intentan silenciar), en un Estado donde prevalece clima semidesértico, que sufre sequías constantes y la cantidad de agua promedio que cae al año no garantiza tal inversión.
La ausencia de socialización del documento escrito del plan hídrico y las declaraciones contradictorias que ha dado desde un inicio Alfonso Durazo, como lo fue su acción de declarar muerta a la presa Abelardo L. Rodríguez, expresar sus intenciones de fraccionar 1,700 hectáreas para comercializarlas y que con el dinero obtenido de estos terrenos se financiaría la construcción de tres presas en Sonora “para garantizar agua para la población de Hermosillo”. Después se informó que sería el gobierno federal quien aportaría una bolsa de $7,500 millones de pesos para el plan hídrico en Sonora, que se resume en la construcción de estas tres presas y la cerrazón al diálogo abierto con los habitantes de esa área inconformes con la construcción de las presas, son auténticos motivos preocupación y generan desconfianza acerca de la existencia de una agenda oculta detrás de este proyecto.
El señor Gobernador ignora o no le interesa que la misión de toda intervención social en comunidades es lograr una transformación que genere un bienestar social, pero esto sólo podrá lograrse en la medida que participen los miembros de dichas comunidades en una acción participativa que avance en la dirección de la construcción de una democracia participativa.
El conocimiento científico desarrollado en las ciencias sociales nos dice que la intervención comunitaria debe contemplar la acción coordinada entre dos tipos de agentes de transformación social: los agentes externos, que en este caso serían los empleados de gobierno que actuando como servidores públicos aportarían su conocimiento, experiencia y recursos en beneficio de la comunidad y los agentes internos que serían los integrantes de las comunidades que aportarían su saber popular, su conocimiento de las condiciones de vida y a través de un dialogo basado en una relación horizontal que permita el intercambio de ideas que incluya la manifestación de necesidades, deseos y expectativas de los miembros de la comunidad, se identifique qué es lo que requiere cambiarse utilizando los recursos públicos.
Los beneficiarios de la intervención comunitaria, actuarían como coparticipantes del cambio y tendrían la capacidad de vetar determinadas acciones porque dentro de esa relación de agentes externos e internos, se debe respetar la autonomía de las comunidades para tomar sus propias decisiones.
A través de este modelo participativo, se produce un aprendizaje social que permite fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad, al mismo tiempo que se crea un fortalecimiento de la comunidad al tomar consciencia sus integrantes de que son ellos los protagonistas del proceso de transformación social que les traerá beneficio en sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva la intervención no es una función exclusiva del Estado, porque involucra la participación social de los ciudadanos y a través de ella, se construye una democracia participativa que se caracteriza por la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones relevantes en la vida de los habitantes de las comunidades (12).
En un contexto de caos social global donde existen movimientos colectivos en lucha en contra del capital privado y la oligarquía corporativa, los habitantes de los pueblos aledaños al río Sonora y de Ures en particular, están actuando como agrupamiento colectivo emergente, que actúa con autonomía, al margen de los partidos políticos y con sus acciones están construyendo una identidad como sujetos políticos, porque están participando en una lucha en contra de políticas públicas que son contrarias a su bienestar social. Es un colectivo de ciudadanos que presenta una resistencia organizada, que están resistiendo la embestida de un intento autoritario de imponer un proyecto que cambiará sus vidas, cuyo contenido rechazan no porque lo desconozcan, sino porque saben por su experiencia de vida que el agua es un recurso escaso y que la solución no es construir tres presas porque se afectaría el equilibrio ecológico provocando que las tierras donde se interrumpa el paso del agua se conviertan en tierras áridas y el problema real es la distribución desigual del agua porque se prioriza el uso industrial, ganadero y agrícola por encima del consumo humano.
El Gobierno del Estado no dice nada acerca del hecho de que el Grupo México está incrementando su producción, necesita un mayor volumen de agua y es el principal acaparador del mayor volumen de agua que surge en el río Sonora. Tampoco hace nada por imponer su autoridad y obligar al Grupo México a que termine la limpieza del río Sonora, pague los daños a la salud de quienes enfermaron por consumir agua contaminada y nada dice de la obra sin terminar de la clínica que se prometió construir para atender a los afectado por el derrame de desechos tóxicos del 2,014.
Estos habitantes de Ures y demás pueblos aledaños al río Sonora han sido víctimas de los efectos de la contaminación del río Sonora por el derrame de deshechos tóxicos que se produjo en 2014 en las instalaciones del la compañía minera de Cananea, propiedad de Grupo México y sus demandas de ayuda sólo han recibido durante más de once años un trato de indiferencia gubernamental. El río Sonora mantiene niveles de contaminación por lo que construir presas en terreno contaminado no es una opción viable.
Los habitantes de la ciudad de Hermosillo no deben ver como algo ajeno esta lucha colectiva de resistencia a la construcción de tres presas, porque en realidad es una lucha por el agua, en defensa del río Sonora y de la naturaleza. Una lucha en la que los ciudadanos hermosillenses debemos participar porque también nos vemos afectado por políticas públicas de distribución del agua que priorizan su consumo industrial, ganadero o agrícola, dejando hasta el último lugar el uso del agua para consumo humano. El racionamiento del agua es parte de la vida cotidiana para miles de hermosillenses y el mismo no es tanto el resultado de que no hay agua, parte del desabasto son los miles de litros de agua potable que se desperdician por fugas en el sistema de distribución de agua. En lugar de invertir $7,500 millones de pesos en la construcción de tres presas en un río estacionario, debería invertirse la modernización del sistema de distribución de agua, substituyendo los viejos tubos que presentan fallas y generan fugas y contemplar la alternativa de construir desaladoras de agua para traer agua a Hermosillo.
En el contexto del cambio climático, nada garantiza que tengamos agua en los siguientes años, el futuro de la capital sonorense y de sus habitantes depende en gran medida del suministro de agua por lo que es importante que se escuchen más voces en torno a esta decisión de autoritarismo gubernamental. Una alternativa que debe ponerse en la mesa de discusión es la necesidad de detener el crecimiento de la capital sonorense creando un programa de descentralización de dependencias estatales y federales para ubicarlas en otros municipios del Estado, hacer lo mismo con las futuras inversiones que se realicen en el Estado, porque Hermosillo concentra más de la tercera parte de los habitantes de todo el Estado (1,023,894, de los 2,944,840) y la tendencia de crecimiento urbano e industrial en la capital sonorense se presenta más como una amenaza que como una promesa para la calidad de vida de sus habitantes.
Este agrupamiento colectivo que presenta resistencia social a un proyecto autoritario con auténtica autonomía, está luchando en contra del mismo Gobernador que deja morir a los derechohabientes del Isssteson y que por esa razón se levantaron en lucha colectivos de pensionados y jubilados en defensa de sus pensiones y del derecho a la salud. Detrás de este gobierno que ha abandonado su misión social, se encuentra el principal beneficiado de las presas que es el grupo México, quien ha oprimido al pueblo de Cananea en general y ha ignorado la huelga de los mineros de la sección 65 del sindicato minero de trabajadores que siguen en pie de lucha después de 18 años en huelga.
En ese sentido la lucha en contra de la construcción de tres presas en el lecho del río Sonora, se suma a las luchas de varios movimientos colectivos del Sur global que luchan en contra de la explotación irracional de los recursos naturales por parte de la oligarquía corporativa que actúa en forma organizada sin respetar fronteras y que es apoyada por el poder político que traiciona su compromiso de defensa del bienestar social para servir al capital privado. Estamos frente a un conflicto social que definirá el futuro económico y político de la población sonorense, porque el gobierno del Estado elige la vía de la imposición en lugar de utilizar una intervención transformadora que se convierta en aprendizaje político de lo que es realmente una democracia participativa.
Quienes participan en el movimiento en contra del autoritarismo del Gobierno de Sonora están del lado correcto de la historia porque la defensa del medio ambiente es la defensa de nuestras vidas (13) y la defensa del agua es una muestra de que en tiempos de globalización, lo político se convierte en algo personal (14) . No se puede ser neutral en las actuales condiciones, no se puede guardar silencio ante el abuso de poder que estamos viendo en Sonora, estamos frente a una batalla entre la defensa de la verdad contra la imposición de la ignorancia, entre la libertad de expresión y la represión policiaca o militar por el simple hecho de disentir.
En este proceso los medios de información independientes han jugado un papel muy importante para contrarrestar la mentira oficial y es justo darles un reconocimiento a Jose Luis Jara, Cayetano Lucero y Libera Radio, que han estado informando con profesionalismo y de manera puntual sobre los acontecimientos directamente desde los hechos.
La policrisis que estamos viviendo a nivel global ha provocado el surgimiento de varias luchas sociales que enfrentan a gobiernos que continúan permitiendo el saqueo neoliberal de recursos naturales y la explotación laboral, por lo que un número cada vez más creciente de la clase trabajadora y población en general muestran comportamientos de resistencia, disidencia y rebeldía social. Son movimientos ciudadanos que no pertenecen a ningún partido, que luchan en contra de sus propios gobiernos que incumplieron sus promesas y que muestran una incapacidad y falta de voluntad para resolver los grandes problemas sociales, por lo que la disidencia se muestra como un imperativo social (15).
Estamos viviendo tiempos de cambios sociales que exigen el desarrollo de nuevos comportamientos y la disidencia se presenta como un método de lucha pacífica en contra del un gobierno que actúa con autoritarismo para imponer un proyecto financiado con recursos públicos que lejos de proporcionar un bienestar social, responde a intereses oscuros. No se puede ser neutral ante el uso indebido de recursos públicos para manipular la resistencia. No podemos guardar silencio al ver la batalla entre la defensa de la verdad contra la imposición de una versión parcial, entre la libertad de expresión y el uso de la mentira que pretende manipular a la opinión pública no podemos aceptar el ser amenazado por el simple hecho de disentir.
La lucha de los habitantes de Ures y pueblos aledaños al río Sonora nos muestra que la verdadera transformación se da cuando los integrantes de las comunidades se convierten en actores políticos que participan en la toma de decisiones que permitirán una transformación social. Están aprendiendo y enseñando con su lucha que los problemas personales tienen su origen en la política, por lo que es necesario abandonar la indiferencia hacia social y descubriendo el significado real de la política que consiste en la participación colectiva en asuntos públicos construyendo una identidad como agentes de cambio social. (16).
Al participar en la defensa del agua, de la naturaleza y de sus propias vidas, están actuando como actores políticos y dejan de ser ciudadanos sin brújula porque encuentran un sentido a sus vidas al actuar en forma colectiva, organizada y unida, están dando origen a un fortalecimiento personal y comunitario que les permite crear un poder social capaz de enfrentar el poder político de un sistema que intenta mantenerlos en estado de opresión, avanzando por un camino que conduce a la democracia representativa y el aprendizaje de esta lucha social es que la construcción de la democracia es un asunto de ciudadanos, la política es la forma de construirla y se construye a través de la participación activa de los ciudadanos en asuntos públicos
La situación obliga a definir nuestra posición en torno a este conflicto y ésta no puede ser otra que expresar nuestra solidaridad y participar activamente del lado de quienes están del lado correcto de la historia se muestra como un imperativo categórico que nos debe impulsar a unir nuestras voces en un grito colectivo que lleve hasta Palacio Nacional: “No a la construcción de presas en Sonora”. El pueblo sonorense quiere participar en el diseño de políticas públicas y en la distribución de los $7,500 millones que se aprobaron para el Estado de Sonora para atender sus verdaderas necesidades sociales.
1.- Una mirada social al surgimiento de un nuevo orden mundial
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/03/una-mirada-social-al-surgimiento-de-un.html
2.- Poder corporativo vs. poder popular
https://oscaryescasd.blogspot.com/2020/08/podercorporativo-vs_20.html
3.- Por una conduccion cientifica de nuestras organizaciones
https://oscaryescasd.blogspot.com/2017/10/por-una-conduccion-cientifica-de.html
4.- Sonora: entre la continuidad del autoritarismo y la necesidad de construir la democracia participativa
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/08/sonora-entre-la-continuidad-del.html
5.- Grupo México es la empresa más valiosa de México
https://www.facebook.com/share/r/1A74sJAyjH/
6.- LES COMPARTIMOS EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DE SONORA SBRE LO SUCEDIDO AYER EN URES, DONDE LA GENTE SIGUE DICIENDO QUE NO QUIERE PRESAS Se unen vecinos de Ures al respaldo del Plan Integral del Río Sonora* Cayetano Lucero
https://www.facebook.com/share/p/17QnPgoKnv/
7.-Pajarito News: "LA MAYORIA DE LOS VECINOS DE #URES RESPALDAN DEL PLAN INTEGRAL DEL #RÍOSONORA" : Gobierno del Estado de Sonora Y Gobierno de México
https://www.facebook.com/share/p/1FSMfqW2vU/
8.- El concepto de intervención social desde una perspectiva psicológico-comunitaria. Montero, Maritza
9.- Introducción a la psicología comunitaria
https://oscaryescasd.blogspot.com/2017/10/introduccion-la-psicologia-comunitaria.html
10.- Los fundamentos teóricos de la intervención psicosocial. Blanco, Amalio
11.- El verdadero origen de la crisis hídrica en Sonora
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/09/el-verdadero-origen-de-la-crisis.html
12.- La Psicología como ciencia del cambio social
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/05/la-psicologia-como-ciencia-del-cambio.html
13.- La defensa del medio ambiente es la defensa de nuestras vidas
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/08/la-defensa-del-medio-ambiente-es-la.html
14.- La defensa del agua: cuando lo politico se convierte en algo personal
https://oscaryescasd.blogspot.com/2025/08/la-defensa-del-agua-cuando-lo-politico.html
15.- La disidencia social como imperativo categórico en el contexto de una modernidad cruel.
https://oscaryescasd.blogspot.com/2024/03/la-disidencia-social-como-imperativo.html
16.- En busca de la política
https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/04/enbusca-de-la-politica-oscaryescas.html
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