La revolución paradigmática de los jubilados
Oscar Yescas Domínguez
12 de abril de 2023
La crisis social tomó un nuevo rostro con el impulso a la industrialización que permitió obtener una producción masiva de diversos productos pero trajo consigo graves daños a la naturaleza por la explotación irracional de recursos naturales, daños a la población por la explotación de la clase trabajadora y daños al medio ambiente provocados por la gran cantidad de deshechos industriales, así como por la contaminación generada por el hiperconsumo de la población que producía toneladas de basura hecha con materiales imposibles de ser reciclados, generando con estas acciones el surgimiento de un nuevo tipo de crisis, la crisis ecológica que ha provocado la destrucción de ecosistemas, la extinción definitiva de varias especies de animales, la desaparición de bosques, desertificación de suelos y cambio climático.
Una gran parte de la población no había tomado consciencia de estas crisis, cuando la pandemia del covid-19 trajo consigo una nueva, la crisis sanitaria que provocó muerte, dolor y sufrimiento para millones de personas en todo el mundo, pero también tuvo un efecto pedagógico en tanto que contribuyó revalorar la importancia de la salud y al mismo tiempo, permitió revelar los efectos de la corrupción en el sistema de salud pública, al exhibir el abandono en el que se encontraban los hospitales públicos y que fue una de las causas principales que provocaron la muerte de millones de personas en el mundo entero. La pandemia del covid también exhibió la existencia de la enorme desigualdad social que existía ante nuestros ojos pero que nuestra percepción de la realidad se negaba a aceptar.
La crisis sanitaria global provocó un apagón del sistema global al paralizar actividades en todos los centros de convivencia social y agudizó la crisis económica al influir en la quiebra de miles de empresas y aumentar con ello la cifra de personas desempleadas. Con estos cambios aumentó la desigualdad social y se amplió la brecha abismal que separa a un porcentaje reducido de la población que concentra la mayor parte de la riqueza social que es producida, de una inmensa mayoría de la población, que sobrevive en condiciones de pobreza, exclusión y marginación social.
El sistema mundial no se reponía del golpe a la economía provocado por la pandemia del covid-19, cuando en febrero del 2022 inicia la guerra en Ucrania que vino a desestabilizar las cadenas de suministro comercial, provocando desabasto de mercancías, incremento en productos derivados del petróleo y aumentos en el precio de la gasolina, generando un nuevo tipo de crisis comercial internacional, que intenta enfrentarse con despidos masivos en las grandes corporaciones como respuesta a la reducción de sus ganancias.
Una de las lecciones de la pandemia del covid-19 fue que nos mostró que en el contexto de la globalización el mundo entero está unido por fuertes lazos comerciales, de tal forma que lo que ocurriera en alguna parte lejana del punto en que vivimos, tarde o temprano, este evento repercutiría en nuestras localidades y a través de la experiencia vivencial aprendimos que somos sujetos globales. Los efectos de la guerra en Europa oriental se están manifestando en la economía internacional al presentarse una grave crisis financiera que ha provocado la quiebra de más de 100 bancos ubicados tanto en Estados Unidos como en Europa y los pronósticos no son muy halagadores, porque se presume que se agudizará esta crisis y tarde o temprano llegará afectarnos.
Los gobiernos nacionales (incluido el gobierno mexicano) responden a la crisis económica aumentando la deuda externa y ante la posibilidad de una expansión y prolongación del conflicto bélico en Ucrania, procedieron a aumentar en grandes cantidades el presupuesto para defensa, recortando los presupuestos de educación, salud, empleo, vivienda, etc. El problema se complica aún más cuando vemos que quienes nos gobiernan intentan cortar el hilo por lo más delgado y siguiendo el ejemplo de las grandes empresas que enfrentan la crisis con despidos masivos, los políticos en el poder intentan desaparecer derechos laborales y eliminar prestaciones sociales, evitando combatir a la corrupción que podría convertirse en una posible fuente alternativa de ingresos al decomisar fortunas creadas a través de la desviación de recursos públicos.
Recordemos que el Gobernador de Sonora al tomar posesión de su cargo, en su primera declaración denunció haber recibido un Estado en crisis financiera por actos de corrupción del gobierno anterior de Claudia Pavlovich, pero en lugar de aplicar la ley y combatir el delito de corrupción, adoptó una actitud de sumisión ante la decisión presidencial que designó a la ex-Gobernadora como Cónsul de México en la ciudad de Barcelona y se limitó a felicitarla deseándole buena suerte en su nuevo cargo.
Para salir de la crisis financiera, el nuevo Gobernador de Sonora procedió a pedir un préstamo, aumentando con esta acción la deuda externa del Gobierno Estatal, una deuda que terminaremos pagando todos los ciudadanos sonorenses y con el pretexto de “no hay dinero”, se ha procedido a seguir cortando el hilo por lo más delgado y negando autorizaciones para nuevas jubilaciones y con el mismo argumento, en lugar de realizar el pago de las pensiones el primer día de cada mes, éstas se pagan entre los días 5 y 8, afectando la economía de los pensionados porque en estos tiempos de neoliberalismo, todos tenemos deudas y por lo regular, se nos pide pagarlas el primer día de cada mes, por lo que somos objeto de cobros de intereses por hacer pagos retrasados.
Diversos funcionarios públicos han afirmado que la mayor parte del presupuesto público se utiliza para pagar la nómina y sólo queda un porcentaje reducido para el gasto operativo de las instituciones. Pero no mencionan que en cada cambio de sexenio se cumple un ritual que consiste en despedir a miles de empleados de gobierno y se sustituyen estas plazas con la contratación de miles de personas, motivo por el cual se ha incrementado de manera descontrolada el presupuesto destinado para el pago de la nómina gubernamental.
En reiteradas ocasiones varios funcionarios del Gobierno de Sonora, han señalado que el pago de las pensiones se lleva una gran cantidad del presupuesto gubernamental y que de seguir aumentando el número de jubilados, a corto plazo será imposible mantener este ritmo durante más tiempo, porque estas condiciones impiden mejorar el servicio público.
Lo que no dicen estos funcionarios es que la crisis no es pareja, porque mientras se restringe el derecho a la jubilación y se reduce el presupuesto de salud, los hospitales públicos funcionan con graves carencias de por falta de personal médico, sobre todo de médicos especialistas, se requiere aumentar la cifra de personal de enfermería, proporcionar equipo médico suficiente, aumentar el mobiliario en hospitales y consultorios, etc., por otro lado, se observa que en realidad el pago de sueldos de los altos funcionarios de las instituciones públicas es la que se lleva la mayor parte del presupuesto de la nómina por la amoral cuantía de los mismos. Existen funcionarios administrativos que sólo se limitan a firmar documentos y ganan sueldos superiores a los que perciben los médicos especialistas de mayor nivel que realizan cirugías de alto nivel de complejidad y que requieren conocimientos muy especializados de la anatomía y fisiología humana.
Esto no sólo sucede en las instituciones de salud, ocurre en todas las estructuras del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales. Miles de funcionarios públicos que ocupan cargos de Gobernadores, de Secretarios de Estado, SubSecretarios, Directores generales, SubDirectores, etc., perciben sueldos tan altos que manejan una nómina especial que se maneja con gran discreción y la ocultan a la opinión pública, pero se presume que a nivel nacional miles de funcionarios perciben sueldos superiores a los $100,000 pesos.
Enfrentamos la incongruencia de que las instituciones públicas que se han declarado en quiebra financiera por actos de corrupción de administraciones anteriores, pero eso no evita que los altos funcionarios sigan percibiendo sueldos inconfesables, mientras laboran en instituciones en las que el personal de base realiza su trabajo en condiciones de austeridad y enfrentando la falta de recursos para mejorar el funcionamiento operativo, afectando con ello, la calidad del servicio que se ofrece a la población.
Vivimos en un mundo al revés, la ciudadanía paga los impuestos que contribuyen a reforzar el presupuesto público, el SAT actúa requiriendo el pago de impuestos a la mayoría de la población y los jubilados no escapan del escrutinio fiscal, pero nadie fiscaliza a quienes administran las instituciones públicas y reciben sueldos tan altos, que sus ingresos son mucho mayores al sueldo que gana el presidente de la República.
La verdad es que dinero sí hay, el problema es que existe un reparto desigual del presupuesto público, porque los trabajadores de base de las instituciones públicas perciben bajos sueldos y cuando se jubilan reciben pensiones muy bajas que se les dificulta llegar a fin de mes para recibir el pago de su pensión. Mientras que por encima de ellos existe una enorme burocracia de mandos medios que se alimenta del presupuesto público sin que la totalidad de los mismos justifique la existencia de su presencia en la nómina, y las finanzas públicas se siguen administrando de la misma forma que durante el prianismo porque los altos funcionarios de gobierno enriquecen mes tras mes sus fortunas personales al recibir grandes cantidades de dinero por concepto de sueldos a través de una nómina confidencial.
La opacidad en el manejo de las finanzas públicas representa una fuente de insatisfacción e indignación, porque además de percibir sueldos amorales, la mayor parte de estos funcionarios públicos de alto nivel, actúan como si padecieran un neanderthalismo administrativo al demostrar no tener las cualidades y requisitos necesarios para ocupar un alto cargo de dirección, porque administran de manera cuestionable los recursos humanos, materiales y financieros de las organizaciones que están bajo su dirección.
Una gran mayoría de funcionarios de primer nivel no muestra una auténtica vocación de servicio público, desconocen el significado del concepto de servidor público, que implica que su principal responsabilidad es servir a la población que es la que permite a través del pago de sus impuestos, que se alimente el presupuesto público, del cual provienen los altos sueldos que reciben.
¿Qué cualidades extraordinarias tienen los funcionarios de primer nivel que justifiquen el pago de sueldos tan altos que existe una brecha abismal entre las percepciones de funcionarios de alto nivel y trabajadores de base? Su presencia demuestra que la meritocracia no existe en la estructura gubernamental, es decir, las personas que ocupan cargos de alto nivel no llegaron a ese lugar por méritos académicos, experiencia laboral o por ser especialistas en el campo donde se encuentran laborando.
Los criterios para ingresar a laborar en cargos de alto nivel en las estructuras del gobierno en los tres niveles siguen siendo los mismos que prevalecieron durante la dictadura perfecta del prianismo: lazos informales de amistad, vínculos familiares, lealtad incondicional y obediencia ciega a la figura de autoridad en turno. Millones de jóvenes se esfuerzan para realizar estudios universitarios y poder ingresar al mercado laboral para enfrentar un ambiente competitivo en mejores condiciones al obtener méritos académicos que les permitan acceder a puestos que tengan sueldos atractivos acorde a su preparación académica, pero al ingresar al mercado laboral se enfrentan a una cruel realidad que la corrupción existente no reconoce los méritos individuales porque pesan más las relaciones informales (compromisos políticos, vínculos familiares, lealtad y obediencia, etc.) con personas que ocupan puestos claves dentro de la estructura del poder, que el nivel de estudios y la experiencia que se pueda tener.
La existencia de funcionarios públicos que se enriquecen recibiendo altos sueldos en instituciones que se han declarado en crisis financiera, representa una grave contradicción porque al manejar el presupuesto público y beneficiar a un reducido sector de altos funcionarios, se afecta el servicio al público y sólo puede calificarse esta situación como una desviación injustificable de recursos financieros, que en el caso de las instituciones de salud pública, pone en riesgo la salud y las vidas de los derechohabientes.
Esta es la situación que enfrentamos diariamente los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e ISSSTESON, donde para recibir atención de médicos especialistas, se tiene que soportar y sobrevivir largas esperas que pueden tomar varios meses. Se presentan situaciones extremas realmente inaceptables como la llamada que recibí el día de ayer del Isssteson, en la que me informaron que la cita que tenía este próximo 6 de mayo con un médico especialista se cancelaba porque dicho médico pidió una licencia de varios meses y regresa hasta el mes de noviembre. Al intentar pedir cita con otro especialista se me negó con el argumento de que el médico ausente es mi médico asignado, por lo que reprogramaron mi consulta para dentro de 7 meses, el día 4 de noviembre. ¿Qué hago mientras tanto?, ¿le pido a mi padecimiento que también tome vacaciones?
Otra violación a nuestro derecho a la salud consiste en el hecho de que los derechohabientes del sistema de salud pública tenemos prohibido enfermarnos los fines de semana y días festivos, porque las instituciones de salud y las farmacias públicas cierran sus puertas en tales fechas como si fueran oficinas creadas para realizar trámites burocráticos, por lo que en caso de que alguien enferme en días inhábiles, se ve obligado a resolver el problema de salud por su cuenta y a financiar los gastos de sus bolsillos.
Los jubilados y pensionados que somos derechohabientes del sistema de salud pública, somos directamente afectados por esta distribución desigual de las finanzas públicas, porque por ser adultos mayores, padecemos enfermedades propias de la edad que nos obligan a tener consulta médica con mayor frecuencia, sobre todo con médicos especialistas y tenemos necesidad de consumir mayor cantidad de medicamentos por el inevitable deterioro de nuestro estado de salud y por esa condición, se nos cataloga como “personas vulnerables”.
Nuestro estado de salud se complica por la ansiedad e indignación que sentimos cuando se señala a jubilados y pensionados como los causantes de la crisis financiera que atraviesa el Isssteson, con el argumento de que el pago de nuestras pensiones se lleva la mayor cantidad de presupuesto destinado a ese instituto de salud pública. Desconocen la acción ilegal que se comete en nuestra contra, cuando a pesar de que estar en retiro laboral se sigue descontando de nuestras pensiones una considerable cantidad de dinero por concepto de servicios médicos como sucede en el Isssteson, a pesar de que logramos cotizar durante más de 30 años para vivir una vejez digna en nuestra condición de jubilados.
En estas condiciones, para los jubilados y pensionados, el luchar en defensa del derecho a la salud y del pago oportuno de nuestras pensiones, adquiere el significado de luchar en defensa de nuestras vidas, pero en el camino recorrido en la lucha de estos derechos, hemos encontrado una respuesta de indiferencia por parte de las autoridades de gobierno, oídos sordos de los dirigentes sindicales, insensibilidad y falta de empatía de parte de los trabajadores activos que no alcanzan a ver que la lucha de jubilados y pensionados es un espejo que refleja la imagen de ellos mismos en su futuro, porque tarde o temprano llegarán a enfermar o desearán jubilarse y enfrentarán un escenario más difícil porque el derecho a la jubilación se presenta como un derecho en extinción en el contexto de la globalización neoliberal.
Los partidos políticos siempre han mostrado un interés oportunista en los adultos mayores y sólo se acercan en períodos electorales para solicitar el voto, por lo que podemos decir que nadie vendrá a ayudarnos a resolver los problemas que estamos enfrentando los jubilados y pensionados en el contexto de una grave crisis social internacional.
Vivimos momentos de la historia en los cuales nunca habían existido tantos motivos para luchar por parte de una mayoría de la población mundial que vive del otro lado de la brecha que separa a ricos y pobres. De manera particular, los motivos para luchar por parte de jubilados y pensionados aumentan cuantitativa y cualitativamente, debido a que lo menos que tenemos es tiempo para esperar a que alguien resuelva los problemas que afectan la atención a nuestra salud y nuestra existencia en esta vida depende de una efectiva atención médica especializada, de la dotación oportuna de medicamentos y del pago puntual de nuestras pensiones.
De manera sorpresiva, el Gobernador del Estado Alfonso Durazo anunció un aumento del 10% en el pago de las pensiones, lo cual provocó gran regocijo entre los más de 19,000 jubilados del Isssteson. No faltaron aquellos que saludaron este anuncio alabando la gestión del Gobernador en la obtención de esto recursos y dieron muestras de agradecimiento. No somos ingratos, pero aplaudir a las autoridades por hacer su trabajo, felicitarlos por este anuncio, sólo contribuye a reforzar el vínculo de dependencia hacia la figura de autoridad y a disminuir el empoderamiento que estamos realizando jubilados y pensionados, al construir una nueva imagen como sujetos políticos activos que hemos tomado la iniciativa de salir a los espacios públicos para discutir en forma colectiva los problemas que nos afectan y tomar la decisión de actuar unidos, en forma organizada y colectiva para defender nuestros derechos.
Somos ciudadanos que estamos construyendo un nuevo paradigma al reconstruir los lazos rotos del tejido social y dejar atrás el individualismo, la conformidad generalizada y la obediencia a la figura de autoridad. Celebramos el aumento de las pensiones, pero realizando una lectura política del mismo, creemos que éste no surgió de la nada, se anuncia en el contexto de semanas previas a la marcha del primero de mayo y no resuelve el problema de la falta de médicos especialistas, falta de personal médico, de enfermería y técnicos en los hospitales públicos, por lo que siguen existiendo motivos para seguir luchando en defensa de nuestras vidas como adultos mayores. La vida real en los hospitales públicos no es como la imagen que vemos de los hospitales en las series de televisión y películas. Se observan construcciones improvisadas, falta de equipo médico, paredes mal pintadas, sábanas viejas, batas en mal estado, falta de jeringas, algodón, vendas, etc.
Estamos conscientes de que en nuestra condición de jubilados y pensionados seguimos siendo parte de la clase trabajadora porque dependemos, de nuestras pensiones para sobrevivir, nuestra salud depende del funcionamiento óptimo de los hospitales públicos y esto no se logrará si persiste la distribución desigual del presupuesto de salud, al privilegiar el pago de altos sueldos a funcionarios de primer nivel, que perciben sueldos mayores a los que gana el Presidente de la República.
Debemos visibilizar nuestra presencia en los espacios públicos y evitar que se repita lo acontecido en Italia durante la pandemia del covid-19, cuando ante la crisis del sistema de salud pública y la enorme cantidad de contagiados del covid-19, las autoridades sanitarias tomaron la decisión de “dejar morir” a los mayores de 80 años, para desocupar sus camas y colocar a pacientes más jóvenes que tenían mayores posibilidades de sobrevivir.
En la economía de libre mercado se está dejando morir a amplios sectores que no participan en el círculo de producción y consumo, una gran parte de la población es tratada como subhumana y sufre de marginación y exclusión social. Aquellos que ven a jubilados y pensionados como una “carga presupuestal”, como personas que “roban oxígeno a los demás”, como los responsables de la “desviación del presupuesto público”, olvidan que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad de trabajar toda una vida y cumplimos de manera oportuna pagando nuestras cuotas de servicios médicos y de aportación al fondo de jubilaciones, para poder vivir una jubilación digna.
El tiempo de la vida no se limita a la vida productiva, el tiempo de la vida también incluye el derecho de tener tiempo libre y el derecho humano de decidir que queremos hacer en nuestro tiempo libre: no hacer nada, pintar, cantar, leer, estar con los seres queridos, etc. En nuestro estado de jubilación es cuando estamos disfrutando el derecho de ser realmente humanos y defenderemos nuestro derecho a vivir de la manera que nos plazca.
Las autoridades de gobierno estatales y federales están evadiendo su responsabilidad de aplicar el Estado de Derecho y fincar responsabilidades penales a todas las personas que incurrieron en actos de corrupción durante el desempeño de cargos públicos y que provocaron una enorme crisis financiera en el Gobierno del Estado de Sonora. De manera cómplice, prefirieron aumentar la deuda financiera en lugar de perseguir y castigar actos de corrupción. Los jubilados y pensionados no somos responsables de la crisis financiera de las instituciones de salud pública.
La falta de credibilidad en partidos políticos y gobiernos se debe a la incongruencia que muestran en el discurso y en la acción. Los culpables de la crisis financiera siguen libres, mientras los altos funcionarios siguen enriqueciendo sus fortunas percibiendo sueldos amorales por su cuantía e intentan dejar morir a quienes han solicitado su jubilación y tardan años en otorgarla. De hecho hay cientos de casos de empleados públicos que fallecieron mientras esperaban recibir su jubilación y sus familias quedaron desamparadas por no haberla recibido.
A los jubilados y pensionados se nos intenta incluir en la población que se pretende dejar morir, al utilizar el argumento de que no hay dinero para no aumentar el presupuesto en salud, al priorizar el pago de altos sueldos a funcionarios de primer nivel en lugar de dotar a los hospitales públicos con aumento de personal médico y de enfermería suficiente, de equipo médico moderno, de medicinas suficientes, de mobiliario funcional en áreas hospitalarias, etc.
Nadie vendrá a resolver los problemas que padecemos los jubilados y pensionados, la solución depende de nosotros y consiste en aumentar nuestra participación en la discusión colectiva de los problemas que nos están afectando, en la construcción de la unidad en la acción, en la organización colectiva de movilizaciones y manifestaciones públicas, en nuestra participación en la construcción de nuevas organizaciones que realmente nos representen, como lo estamos en Sonora con la creación del Frente de jubilados y pensionados de Sonora.
Al cambiar nuestra representación de la realidad, estamos cambiando el paradigma social que concebía a jubilados y pensionados como “personas vulnerables”, indefensas y en proceso de muerte lenta. Los paradigmas no son sólo instrumentos en manos del quienes se encuentran en el poder, los paradigmas se construyen en forma colectiva y la construcción de los jubilados como sujetos sociales que deciden incursionar en la política, entendida ésta como la discusión colectiva de problemas sociales en espacios públicos, representa la construcción de nuevo paradigma social al servicio de uno de los sectores afectados por la implementación de políticas neoliberales, que han tomado consciencia de que pueden crearse y transformarse a sí mismos, tanto en forma individual como colectiva.
Necesitamos romper este silenciamiento e invisibilización de las que somos objeto y la forma correcta de hacerlo es haciendo acto de presencia masiva en la marcha del primero de mayo, en el día internacional de los trabajadores, enarbolando mantas y pancartas con nuestras demandas generales y específicas, actuando en forma organizada, unida y colectiva, construyendo una nueva imagen de los jubilados como luchadores sociales, uniendo nuestras fuerzas y voces para tener una sola fuerza y una sola voz: la del jubilado como sujeto empoderado que, lejos de desfilar para agradecer a las autoridades, exige reparación a sus derechos violados!
Rompiendo paradigmas en la lucha social
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El Mercado como arma de destrucción masiva
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Horizontes de un paradigma emancipatorio
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Nuevo orden internacional o tercera guerra mundial
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