Reflexiones sobre cambio de gobierno y servicio público

Oscar Yescas Domínguez

27 de junio de 2,021

Vivimos en una sociedad estructurada, esto quiere decir que hay un conjunto de instituciones que soportan al Estado Nación cumpliendo diversas funciones en una estrecha coordinación para contribuir al logro del bienestar social. Estas instituciones fueron creadas con la misión de mantener la vigencia de un contrato social en el que se que garantice justicia, democracia e igualdad social para generar armonía y paz social para todos los que integramos esta sociedad. Esto implica que por un lado, los funcionarios que trabajen en cualquiera de los tres niveles de gobierno deben actuar como servidores de la nación, administrando el uso de los recursos públicos para resolver problemas sociales, elevar la calidad de vida de la población y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes integramos esta sociedad y por otro lado, que los ciudadanos mantengamos un respeto permanente a las leyes y reglamentos que han sido creados para garantizar armonía en todos los ámbitos de convivencia social en los que estamos involucrados.

En este contexto social todos tenemos derechos y obligaciones, en ese sentido cualquier persona que viole las leyes o incumpla las normas establecidas rompe el equilibrio social y debe ser objeto de sanciones y castigos por parte de la institución correspondiente y cualquier funcionario público que incumpla sus funciones, abuse o utilice su poder como funcionario público para desviar recursos públicos para beneficiarse a sí mismo o a terceros, también debe ser objeto de sanción penal como cualquier ciudadano, la ley es para todos, no solo para los ciudadanos. A esto se conoce como Estado de Derecho ya que la justicia no debe reconocer excepción alguna en el cumplimiento de las leyes, porque eso sería promover la impunidad, la corrupción y las injusticias, con lo cual se rompería el equilibrio social. Bajo estas premisas puede afirmarse que el Estado Nación es una creación humana, porque fue creada por los seres humanos. En ese sentido, las leyes pueden ser modificadas o sustituidas por otras que correspondan a la realidad contemporánea en mejor medida.

Por otro lado, es importante señalar que nuestra sociedad es reconocida como una “sociedad organizacional” debido a que su funcionamiento se basa en la existencia y funcionamiento de un sinnúmero de organizaciones públicas y privadas que nos ofrecen los servicios públicos y privados para satisfacer nuestras necesidades. En toda organización se presenta un proceso denominado “contrato psicológico” que consiste en la conjunción de expectativas que surgen en la interacción individuo-organización. Es decir, toda persona que ingresa a una organización genera un conjunto de expectativas en torno a su ingreso y pertenencia a la misma, que pueden ser estabilidad económica, prestigio, status social, etc. Por su lado, la organización también genera ciertas expectativas acerca del ingreso del nuevo miembro a su seno que pueden girar en torno al cumplimiento de sus responsabilidades, asistencia, puntualidad, trabajo en equipo, etc.

La clarificación del contrato psicológico entre el individuo y la organización es de vital importancia porque en caso de no ser satisfechas estas expectativas puede presentarse por parte del individuo respuestas como baja motivación en su comportamiento, baja productividad en sus resultados, uso ineficiente de recursos o inclusive se puede presentar una iniciativa de renuncia a la organización por la insatisfacción de expectativas. En el caso de ésta última si ve que el individuo no satisface las expectativas que se tenían sobre su comportamiento, pueden presentarse medidas disciplinarias como amonestaciones, sanciones correctivas o en el último extremo, el despido de este empleado. Por eso es importante clarificar desde un inicio los contenidos del contrato psicológico para que no se surjan futuras decepciones, porque si ambas partes tienen claro lo que se espera de cada una de ellas, se podrán generar los comportamientos más pertinentes que permitan satisfacer a esas expectativas.

En el caso de las instituciones públicas de gobierno en cualquiera de sus tres niveles, interviene un tercer elemento en la relación individuo-organización, este es el ciudadano que es el objeto de atención y la misión principal de las dependencias de gobierno es atender sus necesidades y expectativas. Si en las organizaciones privadas se maneja la premisa desde la perspectiva de la Mercadotecnia y Psicología organizacional de que “el cliente siempre tiene la razón”, en las instituciones públicas, esta frase cobra mayor fuerza porque la ciudadanía es quien paga con sus impuestos los sueldos de los empleados de gobierno, de tal forma que esta interacción es la que da origen al concepto de “servidor publico” que consiste en construir una identidad organizacional en cada empleado de gobierno como persona que labora al servicio de la comunidad y su actitud siempre deberá ser de atención, cortesía, respeto y humildad para la ciudadanía.

Es de gran importancia recuperar el concepto de servidor público para que cada nuevo empleado de gobierno sepa que su función principal es servir a los demás y que no es aceptable socialmente y desde una perspectiva legal el servirse a sí mismo desviando presupuestos públicos destinados para obras públicas, por lo que cualquier empleado de gobierno en cualquiera de sus tres niveles, debe asumir una filosofía de servicio público, tener un comportamiento basado en la ética y demostrar probidad y compromiso social en su comportamiento previo. No importa el partido que representen, tanto Gobernadores como Presidentes municipales deberán actuar como verdaderos servidores públicos.

Desde esa perspectiva los ciudadanos tenemos el derecho a reclamar un trato justo y respetuoso de todo funcionario público y esperar de cada uno de ellos su contribución para resolver problemas particulares o problemas que afecten a una colectividad. En caso contrario, tenemos todo el derecho de reclamar una mejor atención y en caso dado exigir la destitución de aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con estas condiciones.

Existe otro proceso importante a considerar en la relación individuo-organización que es conocido como “socialización organizacional” que consiste en un “proceso de adiestramiento, entrenamiento o capacitación a través del cual la organización enseña a sus integrantes las metas y valores más importantes contempladas en la definición de su misión, procurando desarrollar en sus integrantes los comportamientos más pertinentes para lograr tales objetivos”. Por lo regular esto se consigue a través de acciones de capacitación laboral, misma que es concebida como un proceso de cambio organizacional permanente. La ley establece que las grandes dependencias y organizaciones tengan departamentos de capacitación e impartan cursos de actualización a sus empleados, pero lamentablemente en la mayoría de los casos esta norma no se cumple o se incurre en la simulación al impartir cursos con duración menor a diez horas. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México sólo reconoce como acciones de capacitación a los cursos que tengan una duración mínima de 20 horas para garantizar un aprendizaje que pueda predecirse efectivo.

Desde una perspectiva organizacional y considerando la dinámica de cambios sociales en las que se encuentra inmersa nuestra sociedad, toda organización debe procurar un estado de mejoramiento continuo, el cual puede lograrse a través de un diagnóstico permanente de la organización. Para lograrlo debe tomar como punto de partida un diagnóstico integral de la organización, el cual puede definirse como “la identificación del estado actual de la organización, reconociendo las principales fuerzas impulsoras y restrictivas que determinan su funcionamiento, para implementar las acciones de cambio planeado que la conduzcan al mejoramiento continuo de sus procesos”.

En México acaban de realizarse elecciones en doce Estados de la República para relevo de Gobernadores, Presidentes municipales y Diputados. Es práctica conocida que cuando hay cambio de Gobierno no sólo cambia la persona que entrará como nuevo gobernante, sino que cada gobernante decreta el despido de centenares de personas que pierden sus empleos para ceder su lugar a personas cercanas al nuevo gobierno, por considerar que “son de mayor confianza del nuevo gobernante”. El problema es que ha sucedido que en esta “limpieza laboral”, despidan a empleados públicos que tiene gran antigüedad laborando, por lo que han acumulado gran experiencia y amplios conocimientos en el desempeño de sus funciones y serán sustituidos por personas que no tienen el perfil para el puesto y su único mérito es estar cercanas al círculo del poder.

Por esos motivos en los próximos meses serán despedidos miles de empleados de Gobiernos estatales y municipales a lo largo y ancho de la república mexicana. Esas plazas que quedarán vacantes serán ocupadas por nuevas personas por lo que es conveniente ventilar públicamente los criterios que se utilizarán para seleccionar a las personas, sobre todo cuando estamos hablando de altos funcionarios de gobierno que percibirán altos ingresos por el cargo que ocuparán.

La preocupación que prevalece en amplios sectores de la ciudadanía mexicana es si se repetirán los errores del prianismo de asignar puestos a personas por compromisos políticos obtenidos durante la campaña o si aplicarán la máxima de Frederick W. Taylor “el hombre (mejor diremos la persona para no incurrir en sexismos) adecuado en el puesto adecuado”. Esta preocupación es legítima porque en las pasadas elecciones predominó el oportunismo político y el arribismo de “camaleones políticos” en las filas de Morena, por lo que existen altas probabilidades de que personas ligadas en el pasado al prianismo queden enquistados en puestos de alto poder.

Partiendo de la premisa de que en la política deben demostrarse dos cosas: saber llegar al poder y saber gobernar. Los nuevos gobernantes (entre ellos Alfonso Durazo nuevo Gobernador de Sonora) deben tomar extremadas precauciones al momento de tomar decisiones e incorporar un nuevo equipo de trabajo. Lo ideal es que en cada cargo de servidor público quede una persona con una probidad demostrada, filosofía de servicio comprobada, formación, experiencia y conocimientos afines al perfil del puesto. Los ciudadanos mexicanos no permitiremos que en este nuevo gobierno persistan actos de corrupción e impunidad y hay que decirlo claramente: aceptar un cargo o puesto para el que no está calificado o no se tiene experiencia o el perfil adecuado: es corrupción.

En los últimos 30 años de implementación de políticas neoliberales en diversos países la figura del Estado Nación se ha visto debilitada por décadas de corrupción en las formas de gobernar y se cometieron miles de injusticias al amparo de la impunidad durante el Prianismo. Esta corrupción afectó a tal grado que el concepto de servidor público quedó en el olvido y se distorsionó a tal grado que quienes trabajan en los gobiernos la procuración del bienestar público es la última de sus preocupaciones, porque la corrupción se ha convertido en un problema estructural que atraviesa a nuestras instituciones.

Todos los Gobernadores que obtuvieron su triunfo representando a Morena deberán poner el ejemplo con su comportamiento de que el cambio es real y no solamente una figura retórica de un discurso retorcido. Aquellos que hablan de la Cuarta Transformación deberán demostrar en los hechos que están transformando al país y una forma de demostrar congruencia entre el discurso y la acción es implementar una política de austeridad en los gastos de gobierno empezando por reducir el sueldo del Gobernador, altos funcionarios y mandos medios. Eliminar de la nómina gubernamental al personal no esencial y evitar utilizar recursos públicos con excentricidades como la de Claudia Pavlovich que tenía su cocinero personal y chofer percibiendo sueldos de decenas de miles de pesos al mes. También es justo señalar que miles de trabajadores del gobierno que están sindicalizados, son quienes realizan la mayor parte de las funciones necesarias para echar andar la maquinaria del gobierno y es injusto que lleguen nuevos jefes sin experiencia alguna ganando el triple o más de aquellos a quienes supuestamente va a dirigir. La nómina gubernamental debe distribuirse de una forma más equitativa de tal forma que se disminuya la brecha salarial que existe entre los ingresos del personal de base y las enormes cantidades que percibirán los nuevos altos funcionarios. Esto apunta a que aparte de reducir los sueldos de altos funcionarios, se incrementen los salarios del personal de base para que realmente pueda llamarse un “gobierno justo”. El buen juez empieza por su propia casa y en la estructura de los Gobiernos estatales existe una injusta distribución de la nómina favoreciendo escandalosamente a unos cuantos y perjudicando a quienes realmente trabajan.

También debe eliminarse la figura del “asesor” por dos razones, la primera es que el gobernante o funcionario que utiliza asesores estaría demostrando incapacidad de liderazgo, la segunda razón es que el término “asesor” es el cargo utilizado para ocultar en la ambigüedad la contratación de personal no esencial. Cada gobernante tiene un equipo de trabajo que está formado por los titulares de las diferentes dependencias de gobierno, por eso no se requiere contratación de “nuevos asesores”. Los ciudadanos mexicanos ya no aceptaremos con pasividad nombramientos de personas que hayan estado envueltas en actos de corrupción en el pasado, tampoco toleraremos actos de negligencia de los nuevos funcionarios públicos. Estaremos atentos y a la expectativa del comportamiento de cada funcionario, incluido la persona que ocupe la silla de gobernador, porque creemos que el cambio se está construyendo, estamos conscientes que parte del cambio proviene del gobierno al administrar los recursos públicos de una manera más horizontal y mejor distribuida, pero también estamos conscientes de que nuestra percepción de quienes nos gobiernan ha cambiado y están desapareciendo las actitudes de obediencia a la autoridad para dar lugar al surgimiento un empoderamiento ciudadano que nos permite hablar con franqueza y exigir el cumplimiento de promesas de campaña, opinar sobre el desempeño de los nuevos funcionarios y sobre la manera en que se conduzca el nuevo gobierno realizando aportaciones constructivas.

El concepto de democracia participativa que tanto manejaron los candidatos a puestos de elección popular en las pasadas elecciones, no es un concepto abstracto, ni de uso exclusivo en época de elecciones. Representa cada día más una realidad en la vida cotidiana de nuestras comunidades, porque un gran número de ciudadanos hemos despertado a la político, hemos aceptado la necesidad de participar activamente en la discusión de asuntos de interés colectivo, porque la necesidad nos obligó a hacerlo ya que nuestras vidas privadas se han visto afectadas por la forma como los políticos han manejado las finanzas públicas ignorando las necesidades sociales. Nuestras ciudades presentan un gran retraso en desarrollo urbano, en pavimentación, en infraestructura vial, en transporte colectivo, en materia de empleos, alternativas de educación. Buena parte de los que integramos esta sociedad contemporánea se encuentra viviendo en condiciones de marginación, pobreza y exclusión social, mientras que quienes han ocupado puestos políticos se han enriquecido y disfrutan de vida llena de lujos.

Confiamos que los nuevos gobiernos de Morena muestren una forma diferente de gobernar, que no repitan errores del Prian, las elecciones pasadas dejan detrás de sí grandes lecciones y una de ellas es que los ciudadanos tenemos un poder popular y para ejercer este poder, no esperaremos a las próximas elecciones. Hemos aprendido que si actuamos juntos, en forma organizada y colectiva, podemos cambiar la historia y si eso implica cambiar a un gobierno que no está respondiendo a las expectativas sociales, procederemos en consecuencia. El pueblo les dio el poder político para servir al pueblo y eso es parte del contrato psicológico que prevalece en la población. El Prian quedó fuera del Gobierno del Estado en Sonora y esperamos una forma de gobernar que se deslinde claramente de prácticas de corrupción, negligencia e impunidad.