Mineros de Cananea: resistencia obrera en huelga desde hace 16 años
Oscar Yescas Domínguez
2 de junio de 2023
El Estado de Sonora ha padecido marginación e indiferencia del poder político federal desde hace varias décadas. Tanto durante los gobiernos del Prianismo como en el actual Gobierno, los Estados del centro, sur, y sureste de la república mexicana, se han visto beneficiados al recibir grandes aportaciones del Gobierno federal para la construcción de obras públicas y por esta razón podemos observar obras maestras de infraestructura vial o carretera en varios de esos Estados del país.
Mientras que en el caso de Sonora, el escaso dinero que se envía a nuestro Estado se ha desviado en el camino por varios actos de corrupción que todavía permanecen impunes y si nos fue bien, sólo llegó una pequeña parte del monto original a su destino final. Ejemplos de ello fueron los $500 millones de pesos destinados por Amlo para la pavimentación de la ciudad de Hermosillo, durante el gobierno municipal de Célida López, que como ya sabemos, finalmente no solucionaron el problema de reparación de las principales avenidas de nuestra ciudad y por otro lado, ¿quien no recuerda los 40 millones que se anunciaron para la reparación del Parque La Sauceda, que desaparecieron misteriosamente? Dicho parque permanece en el abandono y a pesar de promesas y discursos oficiales, esa superficie abandonada sufre incendios que terminan por destruir lo poco que queda de pie en dicho lugar.
Junto a este olvido de Sonora cometidos por diferentes gobiernos federales sin importar el partido al que pertenecen, se encuentra la impunidad sobre varios delitos que se cometieron en territorio sonorense y los responsables directos de los mismos siguen sin recibir castigo alguno, gracias a la complicidad de funcionarios de gobierno tanto del Estado, como del Gobierno federal.
El mes de junio es un mes emblemático para los sonorenses, porque el día 5 de junio es el aniversario número 14 de la tragedia de la Guardería ABC que puso a Hermosillo en el mapa mundial por la tragedia colectiva de la muerte de 49 niños fallecidos en el incendio y centenares de ellos con heridas que marcaron para siempre su existencia. Esta tragedia que ocurrió hace 14 años representa una herida todavía abierta, no sólo para los familiares y padres de los niños que fallecieron y de los que resultaron heridos por quemaduras y daños psicológicos. Es una tragedia que el pueblo mexicano y sonorense en particular ha hecho suya al compartir el dolor de los familiares de estos niños y acompañarlos en su demanda de justicia durante todos estos años.
Pero la impunidad ha sido protegida desde el poder y la insensibilidad mostrada por parte de los gobiernos prianistas, así como del actual gobierno de Morena, han impedido que se haga justicia en este caso y que se juzgue a los responsables de esta tragedia, para que los familiares puedan cerrar el ciclo (mas no olvidar) de esta tragedia y que puedan ver que la justicia castigue a los culpables que todavía circulan libremente.
Debido a la falta del Estado de Derecho que se ha exhibido en este caso, este próximo 5 de junio, padres y madres de ABC, acompañados por el pueblo solidario de Hermosillo, marcharán de nuevo por las calles de la capital sonorense, para continuar demandando “Justicia para ABC” y castigo a los responsables de la tragedia, donde fallecieron decenas de niños que “no debieron morir”.
Si el caso de la tragedia de ABC no es suficiente para demostrar la falta de justicia en territorio sonorense y la indiferencia con la que los gobiernos estatales y federales actúan ante delitos graves, recordemos que los mineros de Cananea, agrupados en la sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros, cumplirán el próximo 30 de julio 16 años de una larga huelga, tiempo durante el cual se han mantenido firmes y en pie de lucha centenares de mineros, varios de los cuales lamentablemente han fallecido sin recibir justicia a sus justos reclamos, pero que aún se mantienen firmes en la lucha un número de 657 mineros.
Este colectivo de mineros han soportado todos estos años un sinnúmero de privaciones para sostener una huelga que ha roto un récord mundial en la duración de un conflicto de esta naturaleza y que representa un motivo de vergüenza para el gobierno mexicano, que ha sido incapaz de aplicar el Estado de Derecho y ha permitido que continúe la impunidad en la violación de los derechos laborales de los mineros, ha permitido la violación de los derechos a la salud de sus familiares y el derecho al trabajo de la población que vive en esta histórica ciudad minera, porque Grupo México aplica una política laboral discriminatoria al prohibir la contratación de personas que hayan nacido en Cananea. En la misma ciudad de la cual extrae sus riquezas, con procedimientos que sólo dejan destrucción de la naturaleza, provocan gran contaminación y que no proporciona ningún beneficio a quienes viven en esta ciudad. ¿Cómo es posible que suceda esto en el gobierno de la Cuarta Transformación?
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, alimentó la esperanza de obtener una solución definitiva que permitiera poner fin a la larga huelga minera, pero los diferentes funcionarios gubernamentales han seguido las mismas tácticas de sus predecesores del Prianismo, prolongando la agonía y apostando al debilitamiento de los mineros que siguen en pie de lucha.
Evidentemente, dichos funcionarios desconocen la historia de México y de Cananea en particular, porque olvidan la gran tradición de lucha que tienen los mineros de la sección 65, herederos de la lucha de 1906 cuando los mineros lucharon para conquistar la jornada laboral de 8 horas de trabajo y que esta lucha se considera el inicio de la revolución mexicana. Con esta tradición de lucha sobre su hombros, los mineros continúan unidos, organizados y actuando en forma colectiva, sin dejarse afectar por la existencia de una indiferencia generalizada que los mira desde la privacidad de su hogar y no muestra un ápice de solidaridad o empatía hacia la lucha de los mineros. Si de esa masa de indiferentes dependiera, desde hace tiempo que los mineros hubieran levantado su huelga y se habrían rendido en su lucha desigual en contra de uno de los hombres más ricos de México: Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.
Lo que no relacionan esa masa de indiferentes, es que con su pasividad permite que se “dejen morir” a los mineros al haber sido privados durante décadas de su sustento económico por el responsable de esta injusticia, que se beneficia con la explotación de los recursos naturales de Cananea, quien ha mostrado indiferencia e insensibilidad criminal e inmoral a las demandas de los mineros de Cananea en su larga lucha.
Este personaje resulta ser el mismo que contaminó el ojo de agua de Cananea, donde nace el Río Sonora, con miles de litros de desechos químicos que se producen en el proceso de tratamiento de minerales, provocando que las aguas contaminadas recorrieran varios kilómetros atravesando varios municipios que colindan con el río Sonora, afectando la salud de los habitantes de dichos lugares, provocando la muerte de varias especies y que dichas aguas contaminadas llegaran a la presa Abelardo Rodríguez, afectando con ello a los habitantes de la capital sonorense. Las autoridades federales se han prestado a la simulación y avalaron la mentira dicha por Grupo México de que “el río Sonora quedó limpio de contaminación”, fueron cómplices de la desviación del fondo destinado para indemnizar a los afectados por la contaminación y apoyaron la mentira de que se construiría una clínica para atender a los afectados.
La tragedia provocada por la muerte de decenas de trabajadores mineros que fallecieron sin lograr justicia para ellos y sus familias, se ha extendido durante estos casi 16 años para los propios mineros que se encuentran en huelga y para sus familias, porque han tenido necesidad de buscar otras fuentes de ingresos para poder sobrevivir y poner comida en la mesa para ellos y sus familias.
De una manera inaceptable en el siglo XXI, la solución de la huelga de los mineros que está a punto de cumplir 16 años, parece que depende de una sola persona: Germán Larrea Mota Velasco, quien ha demostrado su odio a quienes se atrevieron a desafiarlo y se mantiene en una postura de inflexibilidad durante los 16 años que ha durado este conflicto laboral. La huelga de los mineros de Cananea, es una muestra de que los tiempos que vivimos representan la imposición del poder económico por encima del poder político. Podemos ver con toda claridad como el poder corporativo utiliza su poder económico para comprar al poder judicial y al poder político, para obligarlos a abandonar su misión de “Estado de bienestar social, que gobiernen de tal forma que actúen a su favor priorizando la defensa de sus intereses privados, por encima de las necesidades sociales.
Esas son las razones por las que los mineros de Cananea no han encontrado solución alguna durante los últimos 16 años y se han visto obligados a acudir a instancias internacionales, donde sus demandas no sólo han sido escuchados, sino que han recibido apoyo para su lucha, tanto de sindicatos de Estados Unidos como de instituciones de derechos humanos internacionales, lo cual coloca en una posición vergonzosa al gobierno mexicano.
Pero estamos viendo que la situación cambia cuando de intereses se trata, porque el gobierno mexicano haciendo usos de sus facultades soberanas, expropió Ferrocarriles del sureste, que son propiedad de Germán Larrea, para garantizar la culminación del proyecto del Tren Maya, que será la herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como una de sus obras magnas.
¿Qué hay acerca de la lucha de los mineros de Cananea? Permanecen desprotegidos del Gobierno mexicano y de las instituciones que son responsable de que exista un Estado de Derecho, librando una larga lucha que ha tenido altos costos económicos y bajas humanas. Siguen sin recibir respuesta ni actuación concreta de funcionarios del gobierno federal, en algunas ocasiones fueron atendidos por el Secretario de Gobierno Adán Augusto López Hernández, quien lejos de cumplir con eficiencia su trabajo, se pasea actualmente por el país jugando el rol de precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.
La Comisión representativa de los mineros de Cananea ha gastado miles de pesos en varios viajes a la capital de la república para asistir a reuniones con funcionarios del gobierno federal, pero sólo han recibido promesas de que solucionarán finalmente el conflicto a su favor, promesas que se desvanecen con el paso del tiempo, demostrando en este caso que la palabra de los políticos no tiene valor en los tiempos modernos.
¿Cual ha sido el papel del Gobernador Alfonso Durazo en este conflicto? En los hechos ha mostrado mayor acercamiento con Grupo México, que con los mineros que continúan en huelga. Ha caído en la seducción del canto de las sirenas con la promesa de mayores inversiones de Grupo México en el Estado de Sonora, ignorando de manera conveniente la situación de indefensión en la que han estado durante todos estos años los mineros de Cananea, olvidando los daños por la contaminación del río Sonora y en cambio alaba las acciones que emprende Grupo México.
Por todos estos motivos, los mineros de Cananea se han visto obligados a tomar medidas de presión para obtener una respuesta a su conflicto de huelga y empezaron por paralizar en forma indefinida el tráfico de la carretera de Cananea a Ímuris exigiendo la intervención del Presidente Andés Manuel López Obrador y anunciaron que si no reciben respuesta, avanzarán para tomar las instalaciones de la compañía minera de esa ciudad.
¿Cómo tomarán el Gobierno del Estado de Sonora y el Gobierno federal, las nuevas formas de lucha de los mineros de Cananea que adoptarán en estos días?, ¿Serán considerados como agitadores, revoltosos y delincuentes que se atreven a perturbar la paz social?, ¿Serán objeto de represión por fuerzas policiacas como sucedió durante el prianismo cuando se enviaron miles de policías a reprimir su lucha?
Las respuestas a estas preguntas no están en el viento, pero tampoco corresponde responderlas a los mineros, deberían ser las autoridades estatales o federales quienes deberían mostrar congruencia con el discurso de que vivimos en un Estado de Derecho en el cual todos los delitos deberían recibir un castigo. Pero, por lo que se observa, las respuestas a dichas preguntas dependerán del apoyo que la ciudadanía mexicana manifieste a la lucha desigual que libran un pequeño agrupamiento de mineros que enfrentan a un gigante que tiene el poder económico y que ha demostrado durante todos estos años que puede doblegar al poder político.
Gran parte de la solución al conflicto depende, como dice Antonio Gramsci: “la indiferencia social es la materia inerte en la que se ahogan los entusiasmos más brillantes”. La solución al conflicto que cumplirá 16 años de huela este próximo 30 de julio, dependerá de esa mayoría silenciosa que no ha opinado, de esa masa de individuos que hasta el momento ha visto con indiferencia una lucha que simboliza los tiempos que estamos viviendo en la economía globalizada.
La lucha obrera contra un poder corporativo que doblega al gobierno de un Estado nación, que utiliza su poder económico para pervertir las instituciones encargadas de procuración de justicia y de garantizar el Estado de Derecho. La resistencia de los trabajadores en contra de un poder que corrompe a funcionarios públicos que desconocen el concepto de “servidor público” y por ello actúan para su conveniencia aceptando o tolerando la violación de los derechos laborales y sociales de trabajadores organizados en un sindicato.
Un poder que surgió de la corrupción durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que creció con la globalización y que adelantó la aplicación de medidas neoliberales que pretenden terminar con los sindicatos democráticos y acabar con los contratos colectivos de trabajo para aumentar la explotación de la fuerza laboral y maximizar sus beneficios económicos.
Un poder corporativo que se atreve a implementar políticas que violan la ley al discriminar a toda una población que por el simple hecho de haber nacido en Cananea se les prohíbe laborar en la empresa que hace muchos años se encontraba fusionada con la población, al grado de que el destino de muchos nativos de Cananea era trabajar en la compañía minera, pero que hoy, lejos de representar un beneficio para la población de esa ciudad, representa una amenaza porque el funcionamiento de la mina de Cananea, está provocando un ecocidio al contaminar los alrededores con deshechos químicos que se encuentran contenidos en represos al aire libre.
A ese poder corporativo que está en manos de uno de los hombres más ricos del mundo, los mineros que integran la sección 65 se atrevieron a desafiarlo al exigir un pliego de peticiones dentro de las cuales se contemplaba un derecho básico: el derecho a la salud, porque una gran mayoría de la población mexicana ignora que los mineros de Cananea laboraban sin tener servicio médico (IMSS; ISSSTE O ISSSTESON), tenían una clínica obrera de la sección 65 que desapareció y por la osadía de desafiar al poder económico recibieron como respuesta un golpe demoledor que intentó desaparecer al sindicato, desconociendo la huelga y violando derechos de todo tipo en forma impune, porque no ha habido autoridad alguna que destrabe este conflicto.
La lucha de los mineros de Cananea representa la lucha de los trabajadores organizados en contra del poder corporativo, representan un ejemplo a seguir por parte de los trabajadores organizados en sindicatos que están atravesando por una descomposición en su proceso de liderazgo, que han perdido autonomía, que han visto la pérdida de derechos laborales en sus contratos colectivos de trabajo. En síntesis, es la lucha de los trabajadores en contra del capital que sólo pretende desaparecer la resistencia laboral a sus planes de seguir obteniendo ganancias sin importar el daño que provoquen a la naturaleza o a quienes formaron parte de la empresa y ayudaron a su crecimiento a través del desempeño de su rol como trabajadores.
El Gobierno mexicano debe mostrar congruencia entre las acciones que impulsa en el sureste del país, ya que tuvo la firmeza de expropiar tres tramos de Ferrosur propiedad de Germán Larrea, quitándole la concesión a Grupo México bajo el argumento de que estos tres tramos ferroviarios son bienes de utilidad pública y afirmando que no habrá pago alguno a por la recuperación de las vías de Ferrosur ya que el Estado mexicano se limitará a negociar sólo el pago de derecho de paso, para seguir con el proyecto del Tren Maya.
Esta congruencia consistiría en actuar en el noroeste de México, concretamente en Cananea, Sonora, de manera similar, dejando de exhibir una gran indiferencia hacia los atropellos que comete Grupo México con los derechos laborales de los trabajadores mineros que llevan 16 años en huelga. Debe actuar con la misma firmeza que decretó la expropiación de tramos viales en Ferrosur y exigir de Grupo México el cumplimiento de sus obligaciones laborales con los mineros de la sección 65 que están a punto de cumplir 16 años de huelga.
En caso de que Grupo México persista en su negativa al diálogo, el Presidente mexicano debe actuar como el Jefe de Estado que es y contemplar la eliminación de la concesión del permiso a Grupo México para seguir operando la compañía minera Buena Vista del Cobre, bajo el argumento de implementación de políticas laborales que violan derechos laborales de los mineros de la sección 65 y violan también el derecho al trabajo de los ciudadanos de Cananea, porque están siendo discriminados por su origen de nacimiento. Además de lo anterior, Grupo México ha mostrado un gran incumplimiento en su promesa de reparación de los daños originados por el derrame de miles de litros de deshechos tóxicos que contaminaron el río Sonora.
Si analizamos la situación que llevó al Presidente mexicano a expropiar vías férreas propiedad de Grupo México y comparamos la situación en Cananea, Sonora podremos ver que existen motivos más que suficientes para proceder a retirar la concesión de explotar la minería en Sonora, en caso de que no muestre disposición para satisfacer las demandas de los mineros, de terminar con la política discriminatoria al impedir la contratación de los nativos de Cananea.
Al mostrar congruencia actuando de esta forma, Andrés Manuel López Obrador puede pasar a la historia, no sólo por el hecho de haber logrado la construcción del tren Maya, sino por ser el Presidente que termine con la huelga más larga en la historia de México y por ser el Presidente que termine con la impunidad en los delitos cometidos por el Grupo México en contra de los trabajadores que forman parte de la histórica sección 65 de mineros de Cananea. Si actúa con la misma firmeza que actuó en el sureste de México, los sonorenses dejaremos de experimentar esa sensación de olvido y marginación que hemos sentido del gobierno federal.
Mientras esto ocurre, la población sonorense y mexicana debe dejar a un lado actitudes de indiferencia en torno a este largo conflicto y expresar su solidaridad con la lucha de los mineros de la sección 65, exigiendo el levantamiento de la huelga que se ha extendido más allá de lo razonable, en términos que sean favorables para los mineros agrupados en la sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros de México.
De última hora, se informa que después de reunirse el Senador Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, se llegó a un acuerdo entre ambas partes para reunirse este próximo lunes y discutir dos propuestas de solución al conflicto que serán presentadas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien resolverá y tomará la decisión final. En base a este acuerdo, los mineros de Cananea, levantaron el bloqueo indefinido de la carretera Cananea-Imuris, que duro 36 horas.
Cananea: ¡13 años de lucha minera!
https://oscaryescasd.blogspot.com/2020/07/cananea13-anos-de-lucha-minera.html
Cananea: 15 años en una huelga que parece no tener fin
https://oscaryescasd.blogspot.com/2022/08/cananea15-anos-en-una-huelga-que-parece.html
Poder corporativo vs. Poder popular
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AMLO expropia tres tramos de Ferrosur. La Marina toma el control
AMLO descarta acuerdo monetario con Larrea por vías de Ferrosur
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