Golpe de Estado blando en Perú

Oscar Yescas Domínguez

20 de enero de 2023

Las escenas de miles de manifestantes en las calles de Lima, Cusco y varias ciudades en Perú protestando por el encarcelamiento de su Presidente Pedro Castillo, exigiendo la renuncia de la excompañera de fórmula de Pedro Castillo, Dina Boluarte quien se autooproclamó Presidente de Perú, el cierre y disolución del Congreso que participó como cómplice de la derecha peruana para destituir a Pedro Castillo, recuerdan las masivas protestas que ocurrieron en Ecuador en 2019 cuando se intentó aplicar un paquete de medidas neoliberales que incluían aumento de precios en varios artículos, al igual que la represión desatada por Iván Duque en contra del pueblo Colombiano, especialmente en contra de los jóvenes que participaron en la “primera línea” de combates callejeros en desigualdad de circunstancias, porque la policía estaba fuertemente armada y los jóvenes colombianos no, que dejaron un saldo de varios jóvenes asesinados por la policía colombiana.

De igual forma, es imposible no asociar este golpe cívico-militar que está ocurriendo en Perú, con el golpe de Estado sucedido en Bolivia en noviembre de 2021, cuando las fuerzas armadas traicionaron al Presidente Boliviano Evo Morales y le exigieron su renuncia bajo amenaza de encarcelarlo si se negaba a hacerlo. La similitud en ambos casos es que tanto en Bolivia como en Perú, quien ocupaba el cargo de Vicepresidenta del Congreso fueron quienes se autoproclamaron como Presidente y contaron con el apoyo de los Congresos de ambos países.

En el caso de Bolivia, la oportuna intervención del Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien envió un avión para recoger a Evo Morales y trasladarlo a México, no sólo evitó que el ex-Presidente boliviano fuera a prisión, sino que puede decirse que le salvó la vida, porque los golpistas encabezados por la VicePresidenta del Congreso boliviano Jeanine Áñez, desató una fuerte represión en contra de quienes protestaban en su contra, especialmente en contra de los integrantes del partido que llevó al poder a Morales.

En virtud de que las protestas se generalizaron en Bolivia, la ex-Presidente de facto Jeanine Áñez, autorizó a las fuerzas policiacas y del ejército disparar a matar a los miles de manifestantes que exigían respeto a la democracia, dentro de la multitud se encontraba una inmensa mayoría de población indígena y el saldo de la represión de los cuerpos policiacos dejó una gran cantidad de ciudadanos bolivianos asesinados por disparos de la policía boliviana.

Afortunadamente, la aventura presidencial de Añez sólo duró 11 meses porque el pueblo boliviano se movilizó para rechazar el golpe de Estado blando, resistió la represión sangrienta desatada por el gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez y lograron presionar hasta el punto que lograron realizar nuevas elecciones presidenciales y ganó ampliamente el partido que llevó al poder a Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) colocando a Luis Arce en la silla presidencial y Añez pasó a la historia con escándalos de corrupción y actualmente se encuentra purgando una condena de diez años en prisión, acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución. La experiencia del pueblo boliviano fue una señal de que el período de golpes de Estado en América Latina ya formaban parte del pasado, porque se demostró que los pueblos pueden organizarse utilizando las nuevas tecnologías que nos proporciona el vivir en la era de la información, que nos proporciona múltiples oportunidades de comunicación en forma masiva e instantánea.

Lamentablemente, en el caso de Perú parece que se repite la historia de Bolivia, con la diferencia de que el Presidente Peruano Pedro Castillo no corrió la misma suerte de Evo Morales, ya que cuando se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político, que ya le había sido aprobado vía telefónica por el Presidente Mexicano, fue arrestado por su propia guardia presidencial, encarcelado inmediatamente y Dina Boluarte que ocupaba el cargo de Vicepresidenta en el gobierno de Pedro Castillo, se autoproclamó Presidenta de Perú contando con el apoyo de los integrantes del Congreso Peruano del cual formaba parte.

Ante las protestas masivas que se dieron de inmediato para exigir el regreso de Pedro Castillo, Dina siguió el ejemplo de Jeanine Áñez, porque de inmediato ordenó a las fuerzas policiacas reprimir las manifestaciones de descontento popular, dejando un saldo hasta el momento de más de 50 fallecidos desde que tomó el poder el 7 de diciembre pasado. Pero a pesar de la sangrienta represión, las marchas de protestas continúan tomando cada vez más fuerza, sobre todo desde los primeros días de este año, por lo que Dina “la asesina” Boluarte (una consigna coreada con gran fuerza por los manifestantes peruanos), declaró un “Estado de emergencia” en los departamentos de Puno, Cusco, Lima y otras provincias que se han caracterizado por ser sedes de masivas protestas en las cuales nuevamente participa una mayoría de población indígena. Este decreto oficial tendrá una duración de 30 días y comenzó este pasado 15 de enero.

Antes del golpe de Estado, en Perú ya existía un ambiente de inconformidad social por la falta de hospitales, por la falta de empleos, por la carestía de alimentos, una inflación en constante alza y un creciente rechazo a las políticas de privatización de servicios públicos. En este marco sucede el golpe de Estado que contribuyó a aumentar la crisis política en este país andino, porque la reciente elección de Pedro Castillo había despertado la ilusión de un cambio en las políticas de gobierno a favor de los sectores vulnerables. El golpe de Estado convirtió la esperanza en decepción, desconfianza y rechazo de la ciudadanía hacia las instituciones que participaron en este golpe a la democracia y se ha transformado en un franco rechazo al poder de facto establecido.

El Estado de emergencia declarado por Dina Boluarte y la violencia institucional de parte de los cuerpos policiacos que, lejos de defender a la población civil, actúan como cuerpos represivos, sólo ha provocado una mayor indignación de la población, misma que se expresa en un considerable aumento en el número de participantes en las manifestaciones de protesta, logrando que el gobierno de facto de Boluarte asuma posiciones que oscilan entre un aumento en la fuerza de medidas represivas y propuestas de “diálogo social”, en el cual queda descartado apriori la posibilidad de que Dina Boluarte renuncie a la Presidencia de Perú.

Tanto en el golpe de Estado en Bolivia, como en el actual en proceso de Perú, ha jugado un papel determinante en contra de la democracia, el dirigente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro Lemes, porque en ambos casos apareció como el promotor principal de estos golpes a la democracia latinoamericana y su actuación sólo ha servido a los intereses de la derecha peruana y la oligarquía nacional e internacional, que intentan frenar la ola de democratización de procesos electorales que se está presentando en Latinoamérica y que se inició en México con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, continuó con Gustavo Petro en Colombia y se consolidó recientemente en Brasil con Ignacio Lula Da Silva en Brasil. En este último caso, cabe recordar que también sufrió un intento de golpe de Estado promovido por Jair Bolsonaro, el cual no prosperó porque los militares de alto rango brasileños se negaron a ser parte del mismo y procedieron a arrestar a los promotores de la destitución de Ignacio Lula Da Silva.

La embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna fue la primera en pronunciar el apoyo de su país al gobierno de facto de Dina Boluarte y después de tal reconocimiento, fue reemplazada por Sthephanie Syptak-Rammath. Mientras que los Presidentes de México, Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela, y otros países latinoamericanos se han negado a reconocerla y siguen reconociendo a Pedro Castillo como el Presidente legítimo de Perú.

Pero a pesar de las manifestaciones masivas que la desconocen como Presidenta de Perú, de la renuncia de varios miembros de su gabinete improvisado y de una creciente desaprobación a nivel internacional, Dina Boluarte se niega a dejar el cargo, lo cual sólo contribuye a agudizar aún más la crisis porque se está creando un vacío político, en el cual la población no sólo está rechazando a quien se ostenta como Presidente de Perú, sino que extiende su desconocimiento a las instituciones como el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder judicial.

En contra de la versión oficial que afirma que las manifestaciones de oposición al nuevo gobierno son sólo “brotes de descontento”, la realidad es que las movilizaciones masivas que cuentan con gran presencia indígena, han sido el resultado de acuerdos tomados en una reunión realizada en Arequipa el 28 de diciembre por representantes de 8 organizaciones del sur del Perú, donde acordaron iniciar una huelga indefinida a partir del 4 de enero, demandando el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, libertad de Pedro Castillo y varios dirigentes sociales presos por participar en las protestas, así como convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente.

La organización del pueblo peruano ante esta crisis política ha logrado crear comandos unitarios a nivel regional en la mayor parte del país y esto facilitaría centralizar y unificar las movilizaciones y lograr conformar un gran Comando Nacional Unitario que tenga capacidad de convocatoria para convocar a un Paro Cívico Popular, en el cual participarían todas las centrales sindicales, los frentes regionales y los diversos Comandos Regionales que ya existen y de esta manera lograr las siguientes demandas: Cierre del Congreso, Fuera el gobierno de Dina Boluarte, Liberación de Pedro Castillo y presos políticos y ¡Asamblea Constituyente Soberana con participación mayoritaria del pueblo.

En Latinoamérica vivimos décadas de autoritarismo en todas las esferas sociales, incluida nuestra vida cotidiana, pero el ejercicio de la democracia electoral realizado en México en el 2018, cuando el pueblo mexicano terminó con décadas de la dictadura del Prian, al votar masivamente por Andrés Manuel López Obrador y Morena, marcó el inicio del derrumbe del autoritarismo y el renacimiento de la democracia en el ámbito electoral en varios países de Latinoamérica.

En la mayoría de los países de occidente, predomina el sistema de democracia representativa y por ello se le afirma que vivimos en “un mundo libre”, una democracia que se ha demostrado que tiene sus fallas porque los políticos toman decisiones sin consultar a quienes los llevaron al poder con sus votos. Limitar la democracia al ámbito electoral significa asesinar a la democracia como estilo de vida predominante y dejar que los políticos sigan manipulando a las masas para continuar tomando decisiones sin consultar a quienes representan. Un ejemplo claro de la agonía de la democracia ha sido la actuación de los líderes de los países de la Unión europea que han tomado decisiones a espaldas de sus pueblos para apoyar las sanciones en contra de Rusia sin importarles que las repercusiones de las mismas afecten a los pueblos que representan y que hoy están padeciendo escasez de petróleo, aumento en las tarifas de energía eléctrica gas y todo tipo de alimentos.

La ausencia de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen gran impacto social, ha sido el motivo por el cual se ha planteado recientemente que debemos reconceptualizar lo que entendemos por política y construir una democracia participativa en la que la ciudadanía se involucre en la discusión de asuntos públicos y participe en la toma de decisiones que asumirán sus representantes políticos.

El golpe de Estado en Perú, es un golpe en contra de la democracia no sólo de ese país, sino de la democracia internacional, porque significa un grave retroceso al ignorar la voluntad de un pueblo que eligió a su Presidente y de un día para otro, encarcelan a la persona que eligieron para dirigir el país, quienes asumen el poder ignoran las manifestaciones populares, reprimen con gran furor las manifestaciones. Como siempre sucede, los medios masivos de comunicación se ponen al servicio del poder económico y distorsionan la información al reportar “enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiacos”, cuando en realidad lo que está sucediendo es la violencia institucional armada en contra de miles de ciudadanos peruanos que se manifiestan en forma pacífica, exigiendo respeto a la democracia.

Detrás de Dina Boluarte, del Congreso peruano controlado por el partido de derecha que avaló el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, denominado Fuerza Popular y que es liderado por Keila Fujimori, se encuentra la oligarquía peruana, los consorcios transnacionales y el poder corporativo que pretenden seguir renovar los contratos que obtuvieron del régimen de Fujimori quien renovó la Constitución peruana en 1979 para permitirles saquear las riquezas del Perú, mismos contratos que en este año 2023 llegan a su vencimiento y que están llegando a su fecha de vencimiento. Perú forma parte del "triángulo del litio" conformado por Bolivia, Argentina y Perú que tiene grande yacimientos de litio en sus territorios.

El poder corporativo pretende renovar estos contratos por otros 40 años para continuar maximizando sus ganancias a través del impulso de políticas de privatización que les permiten continuar con la explotación de la fuerza laboral y el saqueo de los recursos naturales sin intervención del Estado Peruano. Pedro Castillo representaba un obstáculo para el capital privado porque contemplaba impedir la renovación de estos contratos que favorecen al capital privado y por eso sufrió la traición de sus colaboradores.

Todos podemos y debemos contribuir a detener la violencia en contra del pueblo peruano, porque de guardar silencio ante la violenta represión de las manifestaciones pacíficas, no sólo nos convertiremos en cómplices de los asesinatos que realizan las fuerzas policiales peruanas, sino que también abrimos la puerta para que este tipo de golpes de Estado se repitan en otros países donde existen gobiernos que llegaron al poder a través de la vía electoral y se han convertido en democracias consolidadas, incluido el país en el que estamos viviendo. Todos podemos participar expresando nuestra opinión en redes sociales, porque éstas se han convertido en la mejor arma para combatir la desinformación y de esta manera evitar que nuevos intentos de golpes de Estado surjan en algún otro país latinoamericano. Recordemos que en México, la derecha y la oligarquía financiera ha estado implementando varias campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que está pasando en Perú es la expresión particular de una lucha de clases globalizada, ante la cual la clase trabajadora internacional y la población en general, no podemos guardar silencio, porque la criminalización de las protestas, la represión policiaca y militar, la violación a los derechos humanos, nos obligan a romper la pasividad e indiferencia ante los conflictos internacionales.

Mientras tanto, la violencia institucional continúa intentando sofocar el grito de rebeldía del pueblo peruano que exige respeto a la voluntad popular y la única forma que tienen en este momento es invadir las calles para manifestarse en forma pacífica, expresando su rechazo a los golpistas, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte coreando consignas como “Dina asesina, el pueblo te repudia”, “el pueblo unido jamás será vencido” y arengan a quienes se encuentran a su paso para sumarse a la marcha gritando fuerte: “vamos pueblo, carajo”¡