Oscar Yescas

Contra el autoritarismo y por la democracia participativa

Oscar Yescas Domínguez

05 de octubre de 2022

(caminando por las calles de Hermosillo)

Dentro de la historia de la humanidad se han presentado cambios que modificaron sus condiciones de vida, algunos de esos cambios fueron producto de la creatividad grupal o individual de seres excepcionales que lograron inventar algo que logró impulsar la evolución humana. La invención del lenguaje, de la rueda, del arco y la flecha, de la imprenta, de la escritura, los libros, etc., son sólo algunos ejemplos de este tipo. Pero también la historia registra grandes cambios sociales que han sido creados por movimientos colectivos que lucharon por cambios en la forma de gobernar, por la conquista de derechos sociales, humanos y laborales, etc.

Cada sociedad humana desarrolló una cultura particular que creó un determinado tipo de ser humano que mostró un comportamiento social acorde a la misma y con ello desarrolló su propia historia, lo que le permitió ser una sociedad única y mostrarse diferente a las demás, por lo que al analizar la historia de la humanidad debemos tener en cuenta la existencia de un relativismo sociocultural que es fuente de la riqueza cultural de la humanidad. Sea cual fueren los cambios

Pero aún con esta singularidad, podemos ver que una característica que aparece en forma constante en todas las sociedades humanas que han existido es su historicidad, la cual podemos definir como la capacidad que poseemos los seres humanos de actuar en forma organizada y colectiva para cambiar la historia de la sociedad a la que pertenecemos.

La época que estamos viviendo se caracteriza por un caudal de cambios sociales que se presentan en forma discontinua e impredecible, por lo que estos cambios se muestran ajenos a nuestra voluntad y esto nos limita a sólo reaccionar ante los mismos desarrollando comportamientos que se limitan a la adaptación social.

Pero debido a que la característica principal del momento histórico que estamos viviendo es el fin del orden mundial unipolar al que estuvimos sometidos durante décadas y a que se observa una tendencia mundial de construir un nuevo mundo multipolar, debemos aumentar nuestra participación social para sumar nuestras voces y ser escuchados en la construcción de un nuevo mundo que se caracterice por terminar con la desigualdad social que hoy existe y que tenga como eje central la democracia participativa de la que tanto se habla en el discurso de los políticos.

Sin embargo, es necesario decir en forma clara y puntual que un factor que impide que avancemos en la construcción de un mundo nuevo más democrático, es que debido a que padecimos décadas de autoritarismo en las formas de gobierno, la sociedad contemporánea fue perdiendo de manera progresiva la capacidad para cuestionarse a sí misma y quienes asumen el poder suelen no aceptar la crítica sobre su actuacion como gobernantes y sobre la manera en la que ejercen el poder.

Por estas razones, la crisis social que hemos venido padeciendo desde hace décadas tiene también sus efectos en el ejercicio de la crítica social porque ésta también se encuentra en crisis y muestra de ello es que el pensamiento crítico se ve bloqueado por el crecimiento de una ignorancia colectiva que presenta buena parte de la población en la que se observa un conformismo generalizado ante la creciente desigualdad social y muestra actitudes de obediencia, sumisión e indiferencia social ante las injusticias.

Este conformismo surge también por la presencia de una concepción reduccionista de los derechos humanos, que impide ver en forma crítica que el avance de la globalización genera continuas violaciones a los derechos laborales y sociales de la población trabajadora y sus familias, provocando una creciente precarización en sus condiciones de vida como resultado de la implementación de políticas neoliberales que pretenden privatizar diversos servicios públicos.

En este escenario, las voces de quienes se inconforman ante las injusticias, actos de corrupción, el grito de protesta de aquellos que disienten de la forma de gobernar es silenciado y aislado, a nombre de la necesidad de generar un consenso de aceptación social hacia el gobierno actual para evitar por todos los medios regresar a los tiempos de autoritarismo y corrupción que caracterizaron a la dictadura perfecta del prianismo, o por la existencia de una insensibilidad social generalizada. Hemos sido testigos de varias injusticias en los últimos años, que no han recibido respuesta puntual de parte de quienes gobiernan y lo que sí hemos confirmado de manera constante es que el sistema neoliberal tiene una capacidad terrible para sofocar cualquier divergencia que cuestione su funcionamiento, porque en estos tiempos de globalización, el poder económico se impone al poder político.

Lo cierto es que a pesar de cambios electorales, la desigualdad social sigue creciendo, la inflación sigue aumentando y la tendencia a la precarización de las condiciones de vida sigue aumentando, pero aún el silencio y la simulación siguen siendo la respuesta a quienes luchan por el respeto a sus derechos sociales y siguen presentando resistencia a renunciar a su condición de seres humanos.

Si partimos de la premisa de que la corrupción ha sido parte estructural de nuestro sistema social, ésta no desaparecerá por decreto o de la noche a la mañana porque se convirtió en forma de vida para cierto sector de la población y aquellos intentos para combatirla sin llegar a cambiar la estructura y cultura del sistema social, estarán condenados al fracaso y cuando mucho todo lo que podremos obtener como resultado de reclamos de justicia, serán simples simulaciones de cambio social, que funcionarán como placebo porque la realidad no cambiará nada, la corrupción no es castigada y todo podrá parecer diferente, pero se mantendrá igual al mismo tiempo.

La dificultad para cambiar el sistema social aumenta cuando vemos que una amplia mayoría de a población ha llegado a aceptar que la desigualdad social es algo normal, cuando se llega a ver como algo natural que en un país en el que viven millones de personas en condiciones de pobreza o precariedad extrema, existan funcionarios en instituciones públicas que han sido declaradas en crisis financiera, se encuentran percibiendo altos sueldos, mientras que en esas instituciones públicas se presentan grandes fallas que afectan los derechos humanos de la población.

Con solo una mirada a nuestro alrededor podemos identificar funcionarios en diferentes dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que perciben sueldos mayores a los $100,000 pesos mensuales, sin importar que varios de esos funcionarios muestren ineptitud en el desempeño de su trabajo, o que no encajen en el perfil del puesto que ocupan.

Por mencionar un solo ejemplo, el ISSSTESON es una muestra de una grave contradicción, porque junto a esos “servidores públicos” que se enriquecen con el dinero del pueblo percibiendo altos sueldos al mes, se observa una constante violación a los derechos a la salud, al presentar una gran demora de meses en la consulta con especialistas por no contar con un número suficiente para atender la demanda, al seguir presentando fallas en el abasto de medicamentos, al cancelar el servicio de oftalmología y de odontología durante los últimos años por falta de mantenimiento en el equipo en esas áreas de servicio. En esta institución hemos llegado al extremo de aceptar que se cancelara el servicio médico y de farmacia los fines de semana, por lo que si llegamos a enfermar en sábado o domingo, debemos recurrir a consultorios particulares y pagar medicamentos de nuestro bolsillo.

Con el cambio de gobierno municipal y estatal, se incorporaron a la nómina gubernamental un incontable número de personas y a diferencia de otras ocasiones en los que se presentaron relevos de gobierno, en esta ocasión no se habló de miles de despedidos de las dependencias gubernamentales, lo cual quiere decir que aumentó de forma considerable la burocracia gubernamental y con ello aumentó también la cantidad del presupuesto público que se destina para el pago de la nómina, afectando con ello la cantidad de presupuesto que se destina a la implementación de obras públicas.

Si recordamos que fue el propio Gobernador Alfonso Durazo quien al tomar posesión del gobierno del Estado denunció haber recibido un Estado en crisis financiera por múltiples actos de corrupción del gobierno anterior de Claudia Pavlovich, la contratación de funcionarios que perciben sueldos superiores a los $100,000 pesos mensuales representa una grave contradicción, y muestra una pésima administración de recursos públicos, porque unos cuantos individuos se están enriqueciendo con el dinero del pueblo, afectando el funcionamiento de las dependencias públicas y a la población que se ve afectada por la falta de recursos públicos destinados para la inversión en obras públicas.

Pero, criticar a quienes nos gobiernan se ha convertido en algo socialmente inaceptable porque como se dijo líneas arriba, la crítica es mal recibida por parte de quienes hablan de que nuestro país está en plena transformación social y curiosamente quienes manejan este discurso son quienes se benefician del presupuesto del gobierno.

En este punto, es conveniente retomar el planteamiento de Zygmunt Bauman, filósofo polaco, quien nos habla de la existencia de una ceguera moral en la sociedad contemporánea. Este autor hace referencia a la incapacidad de buena parte de la población para sentir indignación ante las injusticias que observamos que ocurren a nuestro alrededor. Si ponemos atención, podremos observar que en el comportamiento social en nuestra sociedad, padece un vacío moral ya que no conoce la brújula de la ética, la mayoría de la gente no alcanza a distinguir entre lo que es correcto o incorrecto, lo que es justo de lo que es injusto y si lo hace, presenta una actitud de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno y sólo reacciona a las injusticias cuando ésta la golpea directamente.

Esta ceguera moral afecta también a quienes forman parte del grupo de privilegiados en esta sociedad con gran desigualdad, ya que no experimentan sentimientos de culpa alguna por estar “del otro lado de la línea”, lejos de quienes sufren desigualdad social. En sus mentes piensan que son buenas personas y creen que el mal se encuentra en otras personas, en otros lugares lejos de ellos. No se dan cuenta del vacío abismal que los separa de aquellos que están padeciendo los efectos de una severa crisis económica porque sus ingresos están asegurados y sus cuentas bancarias se engrosan cada día con sus altos sueldos.

Lo contradictorio es que dentro de los funcionarios del nuevo gobierno, existe un número de personas que en su momento se identificaban a sí mismos como “luchadores sociales”, pero que hoy, ocupando un puesto de alto nivel y percibiendo un alto sueldo, olvidan de manera conveniente aquel cuestionamiento que utilizaban como bandera de lucha en sus tiempos de activismo social: ¿por qué hay tanto sufrimiento humano que no llega a considerarse como violaciones a los derechos humanos? Jamás llegan a cuestionarse a sí mismos, ni siquiera cuestionan la forma en cómo pueden contribuir al cambio social en su nuevo rol como funcionarios gubernamentales

Mientras que “del otro lado del abismo”, aquellos que no lograron puestos en el nuevo gobierno en el cambio de sexenio y que siguen padeciendo la inseguridad económica, se limitan a observar como se reparte el presupuesto público, asegurando primero el pago de los altos sueldos de funcionarios de primer nivel y lo que llega a sobrar se invierte en obras públicas o a mejorar el servicio de dependencias gubernamentales. De acuerdo al propio Bauman, dentro de la mayoría de marginados existen un buen sector que está consciente de la desigualdad social pero no protesta, porque dentro de sí mismos mantienen la esperanza de que quienes están en el círculo del poder volteen a verlos y les ayuden a dar el brinco hacia el otro lado, salvándolos de la penuria económica.

Desde una perspectiva autocrítica, debemos aceptar que el mal se revela con mayor frecuencia en nosotros mismos cuando presentamos una ausencia de reacción ante el sufrimiento de otros, cuando nos negamos a comprender el significado y el porqué de la lucha de otros y les negamos el apoyo que nos solicitan y que está en nuestras manos. Los crímenes económico-sociales que provocan la destrucción de otras personas se cometen con gran facilidad y ante nuestra mirada impasible porque lo que hacen es legal, o es avalado por las instituciones responsables de impartición de justicia en nuestro sistema social y esa actitud de aceptación de destrucción de otros es la muestra de una nueva expresión del mal: la deshumanización a la que hemos llegado.

Los derechos laborales y prestaciones sociales que se consiguieron en el siglo pasado, gracias a la movilización de sindicatos de trabajadores y al surgimiento de movimientos colectivos que conquistaron derechos a la salud, a la educación, a la jubilación, etc., el día de hoy están siendo borrados por simples reformas por escrito apoyadas por políticos corruptos y líderes coludidos en actos de corrupción que olvidan a quien representan y ven sólo por sus intereses personales. Es la “banalidad del mal” que describe Hanna Arendt.

¿Se puede eliminar derechos sociales a personas de la tercera edad sin experimentar sentimientos de culpa, aún cuando esto implique una condena a muerte de varios de ellos? Los políticos y funcionarios públicos lo hacen sin sentimiento de culpa y sobre todo porque nadie persigue o condena este tipo de crímenes.

Este crimen social lo está cometiendo la persona que ocupa el cargo de Presidente Municipal de la capital sonorense al desconocer el convenio que existía desde muchos años antes de que llegara esta persona a ocupar la silla presidencial y procedió a elaborar un nuevo convenio que eliminaba derechos y prestaciones que disfrutaban los pensionados y jubilados de Ayuntamiento de Hermosillo.

Este Presidente Municipal ha estado eludiendo el reclamo de diálogo hecho por los pensionados y jubilados durante los últimos nueve meses que lleva el conflicto, tiempo durante el cual han fallecido decenas de pensionados y jubilados sin poder recuperar las prestaciones que los beneficiaban a ellos y a sus familias. Mientras que los ciudadanos hermosillenses hemos actuado como cómplices del crimen social que se está cometiendo en contra de este cada vez menos numeroso grupo de adultos mayores, que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, porque no nos hemos solidarizado con su lucha.

Ante nuestra mirada impasible y en momentos condenatoria porque en su lucha por a recuperación de sus derechos este grupo se atrevió a cerrar calles principales para llamar la atención pública y denunciar el silencio y exclusión de quien “gobierna” esta ciudad. En todo este tiempo, Antonio Astiazarán se ha negado al diálogo al que está obligado como funcionario público y no ha habido autoridad en este Estado que lo obligue a sentarse en la mesa del diálogo. El sistema social les está fallando a estos ancianos que se encuentran en pie de lucha dando grandes muestras de dignidad a la ciudadanía hermosillense.

El resto de los ciudadanos podría pensar que se trata de un problema particular que no les afecta y en consecuencia es indiferente al mismo y sólo reacciona al ver afectado su derecho a la circulación vial cuando los jubilados bloquean avenidas céntricas. Error, grave error, porque estamos hablando de la persona que dirige el Ayuntamiento municipal, que maneja el presupuesto público y que forma parte de la élite burocrática que percibe un sueldo mayor a los $100,000 pesos y que ha mostrado de manera constante un mal desempeño en su responsabilidad como servidor público.

El mal gobierno de Antonio Astiazarán también nos afecta porque nuestros impuestos están siendo mal administrados y una muestra de ello es la cuantiosa inversión que hizo el Presidente Municipal al ordenar cambiar el piso del pasillo externo en la entrada principal del edificio municipal, acción que sólo pretendía desalojar de ese lugar a los pensionados y jubilados que mantenían un plantón de manera permanente, exigiendo la recuperación de sus derechos, cuyo monto era sin duda alguna inferior a a suma que se invirtió en esos trabajos de “remodelación” del Palacio municipal.

Otro ejemplo de la forma que estamos siendo afectados por un individuo que no actúa como servidor público, es el estado en el que encuentran las calles de nuestras ciudades, los innumerables baches que golpean el sistema de suspensión de todo tipo de vehículo que circule por las calles de nuestra ciudad sin nomenclatura, que provocan confusión y desorientación a locales y turistas que nos visitan. Las calles llenas de tierra que levantan polvo con el intenso tráfico que circula encima de ellas, la tupida maleza que crece sin control en los camellones de los bulevares de nuestra ciudad, la ausencia de autoridades de tránsito, el negocio de rentar patrullas en lugar de reparar unidades abandonadas en el corralón municipal, etc.

Todos estos ejemplos de fallas del gobierno municipal pueden verse también como un espejo donde se proyecta la imagen de una sociedad que ha perdido el interés de incorporarse a actividades públicas y en consecuencia abandona la idea de participar en actividades políticas, son un fiel reflejo de la miseria en política en la que estamos sumergidos, porque mientras persista la idea de que la política es a “lo que se dedican los políticos”, seguiremos padeciendo el autoritarismo, la indiferencia de quienes nos gobiernan y los efectos de sus actos de corrupción.

A lo largo de la historia de la humanidad, hemos llegado a un momento histórico en el cual se afirma que vivimos en una sociedad democrática en la cual la población conquistó el derecho a elegir a sus gobernantes y en esa línea de pensamiento de ejercer la democracia, en un acto de congruencia política, el pueblo debe tener el derecho de revocar el mandato de aquellos gobernantes que demuestran incapacidad para desempeñar sus cargos. Recordemos que las leyes son creaciones humanas y las leyes fueron creadas para garantizar el respeto a los los derechos humanos y el Estado-Nación surgió para garantizar al bienestar social.

Existen dos reglas claras en política: saber llegar al poder y saber gobernar, Antonio Astiazarán, llegó al poder, gracias al voto de castigo que la ciudadanía hermosillense le dio a Morena para evitar la reelección de Célida López anterior Presidenta municipal, el actual Presidente no supo como llegó, sólo fue beneficiado por errores de la anterior administración que generaron hartazgo social. La segunda regla en política se refiere a saber gobernar, es evidente que el gobernante municipal ha dado innumerables y claras muestras de ejercer un mal gobierno, de autoritarismo, prepotencia y cerrazón al diálogo con la ciudadanía, sobre todo con personas de la tercera edad y todas estas acciones sumadas pueden considerarse como argumentos que fundamentan la petición de revocarlo de su cargo por el mal desempeño demostrado y por perjudicar los intereses de quienes se encuentran bajo su gobierno.

La ciudadanía hermosillense debe quitarse el velo que impide mirar las injusticias que se están cometiendo en contra de los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo, por parte de la misma persona que está actuando en contra de los intereses de la ciudadanía al privilegiar el pago de altos sueldos para sí mismo y para su equipo de colaboradores cercanos , sin dar ninguna muestra de vocación al servicio público, ya que perciben sus empleos como fuente de enriquecimiento personal, destinan gran cantidad de presupuesto para relaciones públicas que promueven su imagen como buen gobernante y sólo buscan la forma de beneficiarse con el presupuesto público, afectando el derecho a a salud de los pensionados y jubilados, el derecho al libre tránsito por calles seguras en nuestra ciudad, afecta nuestro derecho a seguridad pública al no contratar y pagar buenos sueldos a agentes policiacos, etc.

Debemos unirnos al reclamo de los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo de revocar de su mandato a Antonio Astiazarán y hacer uso de nuestra historicidad al cambiar el rumbo de la historia local y deponer a una persona que muestra insensibilidad social e incapacidad para ejercer su cargo y proceder a su relevo inmediato y quien lo sustituya en forma interina debe convocar a nuevas elecciones, para que ese puesto de gran importancia sea ocupado por otra persona que sí muestre sensibilidad social, capacidad administrativa y vocación de servicio público.

Lo mismo debería de hacerse con todo aquel funcionario público que no cumpla en forma adecuada con las expectativas que se esperan en su desempeño laboral, o que no tenga el perfil necesario para ocupar dicho puesto y de muestras de insensibilidad social y falta de vocación de servicio público.

En la misma línea de desarrollar nuestra historicidad y aumentar la participación ciudadana en asuntos de interés público, la ciudadanía debe exigir la reducción de sueldos de servidores públicos cuyas percepciones excedan la cantidad de $100,000 pesos mensuales, porque esos ingresos proceden del pago de impuestos de la ciudadanía y los recursos que logren recaudarse con esta reducción de sueldos deben ser canalizados en la inversión de obras públicas que beneficien a la colectividad, de tal forma que se impida continuar utilizando el presupuesto público para propiciar el enriquecimiento personal de unos cuantos individuos cercanos al poder.

Es el momento de crear un poder ciudadano que enfrente al poder político y cambie la asimetría en las relaciones de funcionarios de gobierno con la población. Existen numerosos sindicatos, agrupaciones de jubilados y organizaciones ciudadanas que pueden sumar sus voces en la exigencia colectiva de revocación de mandato, reducción de sueldos a funcionarios de alto nivel y castigo a los actos de corrupción. Los tiempos están cambiando y hoy en día las movilizaciones colectivas que se observan alrededor del mundo están mostrando la emergencia de nuevos paradigmas sociales en los cuales, la ciudadanía eleva su voz de protesta en contra de las injusticias y en reclamo a la recuperación de derechos que están siendo violados. Los habitantes de la capital sonorense tenemos motivos de sobra para unirnos en una causa que sea de beneficio colectivo y tumbar del poder a figuras públicas que ejercen el poder en forma autoritaria y con desprecio a quienes dicen representar, se torna como una necesidad social imperativa que porque liderazgos autocráticos deben permanecer en el pasado y no formar parte de la realidad contemporánea en el nuevo mundo que estamos construyendo a nivel internacional.

A manera de complemento de este breve artículo, debo decir que horas después de publicarlo en mi blog personal, al ir circulando por las calles de Hermosillo, de repente sentí un bajón en el lado derecho de mi automóvil y un sonido de aire saliendo. Resultó ser una de las llantas que se ponchó al caer en uno de los innumerables baches que existen en nuestra sociedad, motivo por el cual me vi en la necesidad de comprar una llanta nueva y eso que no iba a exceso de velocidad. Una tragedia común en Hermosillo, un negocio lucrativo para quienes se dedican a reparar llantas a domicilio¡