ABC la pesadilla no termina

Oscar Yescas Domínguez

07 de noviembre de 2,020

Introducción

Antecedentes

Situación actual

Conclusiones

Introducción

Hay fechas que quedan grabadas en nuestros corazones y no sólo en nuestras memorias, estas fechas suelen tener un alto contenido emocional y los sentimientos que provocan pueden ser de alegría o de dolor. Todos recordamos el día de nuestros cumpleaños y el día que nacieron nuestros seres queridos, sobre todo aquellos que tenemos hijos. Pero también no podemos olvidar el día que algún ser querido falleció, o la fecha de alguna experiencia traumatizante que nos dejó una herida.

Una de estas fechas imposibles de olvidar para una inmensa cantidad de mexicanos es el 5 de junio del 2,009, el día que ocurrió el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el cual perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron heridos, todos tenían una edad entre cinco meses y cinco años. El incendio inició en una bodega situada a un costado de la guardería, propiedad del Gobierno del Estado de Sonora, representado en ese entonces por el Gobernador Eduardo Bours Castelo y ocupaba la Presidencia de la República Felipe Calderón Hinojosa. El lugar funcionaba como guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto del 2,001, operando con serias deficiencias de seguridad por lo que la tragedia alcanzó dimensiones de gran gravedad que pudieron haber sido evitadas si los propietarios de esa guardería hubiesen cumplido con la normatividad adecuada.

Al igual que millones de mexicanos recuerdo perfectamente dónde me encontraba cuando me enteré del funesto acontecimiento, ál igual que miles de mexicanos mi reacción fue de incredulidad, impotencia y llanto, al ver las terribles e inolvidables imágenes del edificio de la guardería envuelto en humo y llamas, gente gritando, llorando, rescatistas cargando cuerpecitos de bebés sin vida, imágenes de caos y de tragedia que dieron la vuelta al mundo entero y colocaron a Hermosillo en el mapa de la atención mundial. No era una tragedia cualquiera, era una tragedia colectiva, algo realmente inaceptable. No sabía la identidad de los afectados, sólo sabía que un alto número de bebés menores de cinco años fueron afectados por el incendio y eso era inaceptable y difícil de creer, mucho menos aceptar. En esa ocasión fue cuando cruzó por mi mente una idea jamás había pensado: “Se supone que los hijos entierren a sus padres, no que los padres sepulten a sus hijos, eso no es natural”.

Antecedentes

Aquel fatídico día 5 de junio del 2,009 comenzó una larga pesadilla para los padres de los niños fallecidos y del centenar de niños que resultaron heridos y con secuelas provocadas por el incendio. Las vidas de los sobrevivientes y de los padres que perdieron a sus hijos quedaron marcadas para siempre por esa experiencia, si millones de personas no hemos podido olvidar el día que ocurrió esa terrible experiencia ajena, los pequeños niños que lograron sobrevivir, sus familias y los padres de los niños que fallecieron jamás lo olvidarán.

La información fue filtrándose poco a poco, el resultado final fue de 49 niños fallecidos y 106 heridos. Las versiones sobre las causas del incendio empezaron a circular, la bodega donde inició el incendio era propiedad del Gobierno del Estado representado por Eduardo Bours Castelo (gobernador priísta) y surgieron las primeras versiones de que la causa original del incendio fue la quema intencional de documentos depositados en dicha bodega que contenían información de actos de corrupción del gobierno estatal. El fuego se salió de control y pasó rápidamente a la guardería por el material flamable con el que estaba construida dicha bodega y llegó al lugar donde los bebés disfrutaban de su siesta con tal rapidez que el personal que laboraba en esos momentos fue insuficiente para sacar a todos los niños y la situación se agravó aún más porque el local no contaba con las medidas de seguridad, ni siquiera tenía equipo contra incendios, ni reunía las condiciones para funcionar como guardería. El 2,009 fue un año electoral y por ello se especula que el incendio inició en la bodega continua a la guardería que se usaba como depósito de documentación del gobierno del Estado y como estaba por finalizar el año, trabajadores del gobierno del estado buscaban deshacerse de documentos incriminatorios de actos de corrupción.

La indignación por la tragedia se generalizó y las demandas de justicia para la tragedia de la guardería ABC, se generalizaron en Hermosillo, como punto de partida, en todo Sonora y finalmente en todo México. En este reclamo de justicia trascendió que los dueños de la Guardería ABC tenían vínculos con el Gobierno del estado y con la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, por lo que la indignación aumentó.

La entonces Senadora Claudia Pavlovich, hoy Gobernadora del Estado de Sonora, redactó cartas apoyando a los dueños de la guardería ABC, avalando su integridad moral como ciudadanos. El Arzobispo de Hermosillo Carlos Quintero Arce hizo lo que la Iglesia Católica ha hecho a lo largo de su historia: apoyar al poderoso y abandonar al desposeído dejando a su suerte a la víctima, redactando por su lado cartas de apoyo a los dueños de la guardería ABC avalando su integridad moral.

Quien se benefició en mayor medida con esta tragedia fue Guillermo Padrés candidato del Pan al Gobierno del Estado, quien lucró con el dolor de las víctimas al utilizarlo como material de campaña electoral y canalizar el enojo de la población sonorense hacia un voto de castigo para el Pri y a favor de su candidatura como Gobernador del estado de Sonora, representando al Pan, levantando como bandera de lucha la consigna ¡justicia ABC! A lo largo de su sexenio como Gobernador, Guillermo Padrés le dio la espalda a los padres de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, ignoró completamente sus demandas y se dedicó a enriquecer sus fortuna personal desviando grandes cantidades del presupuesto público a cuentas privadas

Después llegó al poder Claudia Pavlovich como gobernadora del Estado de Sonora y, como era de esperarse, ha ignorado en los últimos 5 años el reclamo de justicia para las víctimas de la tragedia de la guardería ABC, sin responder en ningún momento a sus peticiones de audiencia.

Por lo descrito anteriormente, se puede apreciar que los padres de familia de los niños fallecidos y afectados por el incendio en la Guardería ABC, han atravesado por un largo y doloroso camino durante estos últimos once años, en los cuales sólo han experimentado más dolor, sufrimiento, recibido la decepción de los representantes de las instituciones responsables de mantener un Estado de Derecho. Pero el pueblo mexicano en general y sonorense en particular, siempre ha estado a su lado y año tras año los ha acompañado en el aniversario luctuoso de la tragedia, compartiendo juntos la demanda colectiva de Justicia para el caso de la guardería ABC. Este 2,020 fue la excepción porque la contingencia de la pandemia impidió salir masivamente a las calles a apoyar la lucha de estos padres.

Debemos tener presente que el reclamo de justicia para las víctimas de la tragedia de la guardería ABC fue uno de los factores que contribuyeron a crear un ambiente de hartazgo social que generó una fuerza impulsora para lograr el cambio social en las elecciones del 2,018. El incremento inusitado de la desigualdad social, la inconformidad creciente ante la enorme corrupción y el hartazgo social que generó la impunidad del prianismo ante varias injusticias sociales, fueron los factores que crearon las condiciones favorables para que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de Morena obtuvieran su triunfo en las elecciones presidenciales del 2,018 y el reclamo masivo de justicia para ABC fue parte de esos factores, porque el malestar colectivo que generaba año tras año la ausencia de justicia en el caso de la Guardería ABC encontró una luz de esperanza en la candidatura de AMLO y de Morena.

Por primera vez, después de nueve años de silencio gubernamental y de políticas de puertas cerradas para la demanda de “Justicia ABC”, se percibió la posibilidad de no sólo obtener justicia, sino que también representó la esperanza de un cambio social que eliminara de manera definitiva la corrupción corrupción generalizada, resolviera los innumerables casos de injusticia y terminara con la impunidad imperante.

Situación actual

Se esperaba que con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, terminaría el largo camino recorrido por los padres de los niños que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC y de otros niños que resultaron con heridas provocadas por el incendio. Tengamos en cuenta que estos padres tienen ONCE AÑOS exigiendo justicia, siempre acompañados del pueblo mexicano que no solo se ha solidarizado con su lucha, sino que ha hecho propia esta herida y mantiene en la memoria colectiva la demanda de castigo a los responsables.

Sin embargo, en una acción inexplicable, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, los directamente responsables de la defensa de los derechos humanos se niegan a recibir en audiencia a un grupo de padres de estas pequeñas víctimas de una gran injusticia. Es importante mencionar que del grupo original de 49 familias afectadas por la tragedia en la guardería ABC, sólo se mantienen activas en la lucha unas 28 familias. Este grupo es el que decidió acampar el 2 de noviembre por fuera de la Secretaría de Gobernación para presionar de esa forma y ser recibidos por los responsables de la reparación de daños a víctimas de derechos humanos, una parte del gobierno federal encabezada por Alejandro Encinas.

Debemos tomar en cuenta que al grupo original de 49 familias afectadas por la muerte de los pequeños en el incendio de la guardería, se suman los padres de los niños que lograron sobrevivir pero quedaron afectados por secuela de daños provocados por el incendio. No se trata de un grupo cualquiera, no es un grupo que fuera creado por la voluntad de sus miembros, la tragedia los unió, por ello podría decirse más bien que funciona como un agrupamiento en el sentido de que, de manera formal pertenecen al mismo grupo, pero mantienen intereses individuales y metas distintas. Algunos padres pactaron acuerdos individuales y dejaron de luchar, pero otra parte del grupo continúa en la lucha y se mantiene firme en la misma.

Aparentemente el conflicto se presentó porque los padres de familia decidieron no aceptar el lugar elegido por las autoridades para realizar una reunión. Al no presentarse a esa reunión los padre de ABC, los funcionarios gubernamentales cortaron el diálogo acudir al lugar donde los esperaban los funcionarios y se han negado a los llamados al diálogo por parte de los padres, quienes decidieron realizar un plantón por fuera del edificio de la Secretaría de Gobernación. El grupo de padres que se mantienen por fuera de esa institución está conformado por representantes de 28 familias afectadas por muerte de sus hijos o afectados por el incendio en la Guardería ABC. Después de 5 días sin ser recibidos, algunos padres intentan ingresar al edificio y son contenidos por elementos policiacos que forcejearon con ellos. A pesar de la presencia policiaca, un número de 10 padres de familia lograron permanecer en el interior de la explanada del edificio y otro grupo permanece por fuera del mismo.

Lo que debe sorprender no es el intento de los padres de ingresar al edificio, sino más bien debe llamarse la atención a la negativa a recibirlos por parte de los funcionarios responsables de la atención a víctimas de Derechos humanos. De acuerdo a Julio César Márquez, padre que perdió a su hijo en el incendio del 2,009 y activista incansable en la defensa de los derechos humanos de la niñez mexicana y promotor de la ley 5 de junio, lo que en realidad busca dicho grupo es la “reparación integral del daño” y su protesta se basa en el incumplimiento de 5 puntos que contiene el artículo 26 de la Ley General de Víctimas en la cual se reconoce que toda persona que es víctima de violación de sus derechos humanos o de delito, tiene derecho a ser reparado integralmente por el estado mexicano.

Pero los funcionarios de la Secretaría de Gobernación han emitido comunicados informando que están atendiendo a los padres, aún cuando los hechos los desmienten, porque dichos padres permanecen en plantón por fuera del edificio de la secretaría de Gobernación reclamando ser atendidos. De manera tendenciosa, las autoridades han circulado información en el sentido de que este grupo de padres intenta “monetizar la reparación del daño recibido por la tragedia de la guardería ABC”, hablan de que hay inconformidad con el monto económico con el que se intenta reparar el daño a las familias, pero de acuerdo a Julio César Márquez, la inconformidad principal se encuentra en el tema de los derechos a los que la ley contempla la aplicación de cinco medidas, de reparación de “derechos desgraciadamente adquiridos”.

Llama la atención esta última frase “derechos desgraciadamente adquiridos”, la historia nos muestra que la mayoría de los derechos sociales que disfrutamos y que se están perdiendo con la implementación de políticas neoliberales, son derechos que podemos disfrutar: derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la jubilación, derecho a la antigüedad, etc. Pero los derechos por los cuales está peleando este grupo de padres son derechos de víctimas de violación de sus derechos humanos, no se trata de cualquier derecho, se trata de víctimas que atravesaron por experiencias en las que fueron objeto de violación de sus derechos y la ley general de víctimas se creó entre otras cosas para lograr la reparación integral del daño, que implica medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantizar medidas de no repetición.

El problema no es un desacuerdo con el monto de una compensación económica, es con la aplicación de estas medidas contempladas en la ley general de víctimas que contempla entre otras medidas “reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas”. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

La misma ley general de víctimas contiene en la fracción VI del artículo 27, que “La reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de esos colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La reparación de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social, cultural y colectivo, que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce de protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados”.

La premisa de que toda experiencia es una experiencia de aprendizaje, sirvió para que de una tragedia se tomen las medidas para prevenir nuevas tragedias similares. La Ley 5 de junio surgió de la tragedia del 2,009 y busca la implementación de medidas de seguridad y protección civil, la inspección y vigilancia de estancias infantiles. Una ley que surgió de una tragedia que garantiza “derechos desgraciadamente adquiridos”.

¿En donde radica el problema suscitado entre la Secretaría de Gobernación y los padres de familia acampados por fuera de la misma? Aparentemente en el desacuerdo del lugar donde se realizaría una reunión entre Alejandro Encinas y las madres y padres de víctimas de la tragedia en ABC. Esa reunión no se concretó y después de ese intento frustrado de reunión, las puertas de la Secretaría de Gobernación se cerraron para el grupo de padres de ABC, por lo que decidieron hacer un plantón por fuera del edificio de la Secretaría de Gobernación y al pasar 5 días sin ser recibidos, una fracción de ese grupo ingresó al recinto, policías intentaron contenerlos y desalojarlos, pero el grupo presentó resistencia pasiva y lograron permanecer diez de ellos dentro del recinto. Hasta el momento no ha habido nueva respuesta de parte del SubSecretario de Derechos Humanos a los repetidos llamados de los padre de ABC para acordar un nuevo encuentro. Por esta razón, el plantón permanece por fuera del edificio de esa dependencia, soportando bajas temperaturas que se suman al trato frío y de indiferencia de parte de las autoridades responsables de atender su situación.

La cerrazón de los funcionarios de gobierno ante los llamados a reunión de los padres de Abc se presenta como un acto sin sentido, ya que su función es la de ser servidores públicos que deberían atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estas personas no se dan cuenta de que la escasa credibilidad que se estaba construyendo por parte del pueblo mexicano hacia las instituciones gubernamentales que fueron invadidas por la corrupción durante la dictadura perfecta del Prian, se está viniendo abajo con la negativa a recibir a los padres de los niños que fallecieron en aquel entonces y que exigen la aplicación de justicia. La lucha de los padres de ABC es una lucha emblemática compartida por la mayoría de los mexicanos que la hicieron suya y el silencio y cerrazón de las autoridades de atender su asunto, pone en confrontación dos proyectos que deberían estar unidos: el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el movimiento colectivo que desde hace 11 años demanda justicia en la tragedia de la guardería ABC.

La situación se complica cuando quienes están en el poder o quienes están en defensa de quienes están en el poder, se muestran intolerantes a la crítica y reciben los cuestionamientos a funcionarios públicos o las exigencias de justicia, como un ataque a la persona de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador e intentan desviar la atención del problema real culpando a las víctimas de provocar inestabilidad social. No se trata de un ataque al gobierno de Amlo, es un cuestionamiento al mal trato recibido por las víctimas de una tragedia en la que hubo una violación colectiva de derechos humanos de decenas de niños mexicanos. Este mal trato proviene de las personas que ocupan cargos como servidores públicos en una instancia gubernamental que tiene como misión atender a las víctimas de violación de derechos humanos.

Teresita Lemas Campuzano integrante de una de las familias afectadas por esta tragedia en ABC preguntaba en su muro de facebook: ¿Qué harían si alguno de sus hijos hubiese fallecido o resultado con heridas en ese incendio del 2,009? Sin duda alguna, después de largos 11 años sin recibir justicia, si algún funcionario del gobierno nos cierra las puertas de sus oficinas, treparíamos la cerca del edificio y nos plantaríamos dentro a esperar ser recibidos, es justo lo que están haciendo en estos momento los padres ABC. Un ejercicio de empatía con este grupo de padres nos ayudaría a sentir por lo que están pasando. Entonces, el cuestionamiento no debe ser hacia los padres ABC, la llamada de atención, el cuestionamiento principal debe dirigirse a los funcionarios públicos que no están cumpliendo su papel de servidores públicos para atender a víctimas de violación de derechos humanos y cumplir su función de ayudar a cerrar una vieja herida.

Acerca de la responsabilidad penal de los dueños de la Guardería ABC, la situación es la siguiente: dos de ellos están dentro de los sentenciados y actualmente están tramitando juicios de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido Suárez. Los otros dos dueños de la Guardería ABC Gildardo Urquídez y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo fueron exonerados de los cargos. Recordemos que ésta última persona Marcia Matilde Gómez del Campo tiene vínculos familiares con Margarita Zavala, esposa del entonces Presidente de México Felipe Calderón y también tiene vínculos con la entonces senadora del Pan Mariana Gómez del Campo.

En aquel entonces estaba como Presidente Municipal de Hermosillo Ernesto Gándara, por lo que era el responsable del sistema de Protección civil de la comunidad hermosillense, por lo tanto responsable de haber emitido la autorización para que funcionara la guardería ABC en condiciones que provocaron que el lugar se incendiase rápidamente. Lejos de hacer algo para aplicar la justicia, Ernesto Gándara contribuyó a proteger a los dueños de la Guardería ABC. 

En cuanto a Eduardo Bours ex-Gobernador del Estado de Sonora en la fecha de la tragedia del 5 de junio del 2,009, existe una denuncia por responsabilidad penal en esta tragedia, pero debido al tiempo transcurrido, los cargos por los que podría ser imputado ya prescribieron, por lo que este personaje, puede seguir “durmiendo como un bebé”, ésta fue su respuesta cuando hace años le preguntaron cómo podía dormir ante la tragedia ABC. Recordemos que el apellido Bours aparecerá en las próximas elecciones del 2,021, debido a que el Movimiento ciudadano presentará a Ricardo Bours Castelo como candidato a Gobernador del estado de Sonora. El poder económico de los Bours Castelo no sólo ha logrado mantener la impunidad en la responsabilidad que Eduardo Bours tiene como ExGobernador ante la tragedia de la guardería ABC, sino que va a buscar la gubernatura del Estado de Sonora para otro de sus miembros para continuar incrementando su imperio económico y lograr el control político en el Estado, además del manejo de las finanzas públicas.

Conclusiones

Vivimos en una sociedad en la que debemos regir nuestra conducta individual y colectiva por un código que incluya libertades y límites en las diferentes instancias de convivencia social que forman parte del proceso de socialización. Existe un contrato social en el que se esperan determinados comportamientos de los ciudadanos y funcionamientos determinados para cada una de las instituciones que forman parte del aparato gubernamental. Cada una de estas instituciones juega un rol específico en la construcción de un ambiente de armonía y equilibrio social, de tal forma que responda a las expectativas psicológicas contempladas en el contrato social existente entre ciudadanía y gobierno.

Las instituciones educativas deben garantizar las condiciones para que la educación sea accesible al mayor número de habitantes del país. Las instituciones de seguridad pública deben garantizar la seguridad de los ciudadanos combatiendo al crimen y asegurando la paz social. Las instituciones creadas para garantizar la defensa de los derechos humanos, deben defender a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

El funcionamiento conjunto de todas las instituciones es lo que permite lograr la función del Estado moderno de garantizar el “bienestar social” de la población. Si las instituciones fallan en la misión particular que les fue conferida para garantizar el bienestar social, se rompe el contrato social y la población no respetará a las instituciones, ni a los representantes de aquellas instituciones que están fallando. Si no hay respeto a las instituciones y cada ciudadano en lo particular, o formando parte de grupos u organizaciones actúa sin respetar el código explícito en el contrato social, la libertad corre el riesgo de convertirse en libertinaje y puede surgir un caos que afecte la armonía social.

En el conflicto suscitado entre funcionarios responsables de la defensa de derechos humanos adscritos a una institución pilar de nuestro sistema de gobierno como lo es la Secretaría de Gobernación, el aparente motivo de distanciamiento (la no asistencia a una reunión por parte del grupo de padres de ABC por no estar de acuerdo en el lugar fijado), no justifica la ruptura del diálogo, la cerrazón de los funcionarios a mantener la comunicación y la negativa a escuchar los llamados a una nueva reunión. Mucho menos justificable es el intento de distorsionar la información de los acontecimientos cuando las autoridades sacan comunicados afirmando que están en contacto con el grupo de padres, cuando los hechos los desmienten.

Aumenta la gravedad del asunto cuando los protagonistas son por un lado, las víctimas de una tragedia colectiva que sucedió hace más de once años y aún siguen reclamando justicia para ABC, y por el otro, los funcionarios del gobierno federal responsables de una instancia gubernamental creada para atender a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Difícilmente podría encontrarse un mayor ejemplo de insensibilidad social que el comportamiento de estos funcionarios, ya que presenta una enorme distancia entre el discurso y la acción, una verdadera contradicción entre el cumplimiento de la misión que les fue asignada y los resultados que están obteniendo.

Por estas consideraciones, es inaceptable la acción de estos representantes del gobierno federal que han olvidado su función de servidores públicos y actúan con prepotencia propagando información que intenta desprestigiar a los padres de ABC difundiendo la versión de que el desacuerdo se encuentra en el monto económico ofrecido como reparación del daño.

Si ampliamos nuestra visión, nos encontramos frente a dos grupos que representan dos movimientos colectivos, por un lado, los padres de ABC no están solos, detrás de ellos se encuentran millones de mexicanos que los han acompañado durante más de una década en su demanda de Justicia para ABC. Podrá ser un pequeño grupo, comparado con el número original de familias afectadas, pero su cantidad no es lo determinante porque son 28 familias representadas en el grupo que esta acampado por fuera de la secretaría de Gobernación. Pero detrás de estos padres están millones de mexicanos apoyando su demanda de justicia.

Por el otro lado, se encuentran funcionarios de un gobierno que surgió de un movimiento colectivo Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se institucionalizó como partido político y hoy tiene el poder político en nuestro país. Estos funcionarios están adscritos a una dependencia creada para atender a víctimas de violaciones de derechos humanos y con su comportamiento están violando los derechos humanos de las víctimas que supuestamente deberían proteger.

Ambos movimientos coincidieron en un objetivo común en el 2,018 por lo que unieron sus fuerzas para terminar con la dictadura del Prian y actuaron como aliados en la campaña electoral del 2,018, los miles de simpatizantes del grupo de padres de ABC apoyaron la campaña electoral de AMLO y Morena para llegar al poder. Estos grupo de padres tienen el respeto, reconocimiento y apoyo de millones de mexicanos, un respeto ganado a lo largo de 11 años. Estos sentimientos crecen de manera explosiva ante los acontecimientos que intentan victimizar una vez más a este grupo de padres.

Morena por su lado, llegó con todo el apoyo del pueblo mexicano, pero el accionar de funcionarios de Morena ligados al Prian que han decepcionado a miles de mexicanos en varios municipios del país. La población de la ciudad de Hermosillo, el lugar de origen de la tragedia en la guardería ABC, mantiene vivo en su memoria el recuerdo de esta tragedia y la impunidad que le ha acompañado durante todos estos años. De igual forma, la capital sonorense es uno de esos municipios que han sido decepcionados por un gobierno municipal que ostenta la bandera de Morena, pero encabezado por una mujer de origen panista que ha actuado con gran desatino político tomando medidas que afectan a la población de la capital del Estado.
Si estos funcionarios públicos que aparentemente han olvidado su función de servidores públicos y se niegan a recibir a los padres de ABC, tuvieran el cuidado de analizar bien la situación, verían que su actuación está generando una creciente insatisfacción que podría tener repercusiones de magnitud nacional que posiblemente afectarán los resultados de las elecciones próximas en el 2,021. El poder no es eterno, la lealtad popular se mantiene con el gobierno que cumple su palabra, escucha a su población y atiende los reclamos de justicia en casos graves como el de la guardería ABC. Si esto no sucede quienes actúen en contra del pueblo, pagarán sus acciones con votos de castigo en las próximas elecciones. Por ello es importante considerar que cada día que pasa sin que los padres de ABC sean atendidos como merecen, representa un aumento en la decepción del nuevo gobierno que se presentó como el gobierno del cambio y una baja en la credibilidad de las instituciones gubernamentales.

Andrés Manuel López Obrador no puede atender todos y cada uno de los asuntos importantes del país, pero en este caso en particular, debe tomar cartas en este asunto de forma directa, poner en su lugar a estos funcionarios que están fallando con su deber y responsabilidad como servidores públicos, porque la falta de justicia en este caso afecta su imagen de hombre de estado, de hombre que cumple su palabra y el descontento popular que está generando este maltrato a los padres de ABC podría contribuir a un desplome de Morena en las elecciones del 2,021.

Lo sensato y pertinente es que Alejandro Encinas y resto de funcionarios se reúna cuanto antes con este grupo de padres de ABC, que termine el trato indigno, la insensibilidad social, ausencia de empatía y  falta de respeto a las víctimas de violación de derechos humanos, antes de que este conflicto escale a magnitudes que estén fuera de control. En caso de no hacerlo, la demanda que presentará el pueblo mexicano no se limitará a pedir la renuncia de estos funcionarios que no están cumpliendo su deber como servidores públicos y podría ser un posible voto de castigo en perjuicio de Morena en las próximas elecciones. La Justicia para los afectados por la tragedia de la Guardería ABC no debe demorar más tiempo del que ya ha tardado en llegar.